Instrucciones para controlar a la prensa

Las apariencias engañan de muchas maneras: unas veces porque ocultan cosas y otras porque las muestran tan claramente que no te las crees. Con frecuencia, la única manera de entender el lenguaje político y empresarial es asumir que significa lo contrario de lo que parece. Por ejemplo, “democratizar la justicia” es cambiar los mecanismos para que los jueces sean ideológicamente más cercanos al Gobierno que promueve la reforma. “Transparencia” significa “opacidad” en la mayoría de los casos y los “observatorios” se crean para que nadie vea nada. Los poderosos magnates tecnológicos que hacen de cheerleaders de Trump muestran su dependencia: imagina ser tan rico y tragarte bodrios como la inauguración presidencial. Líderes del capitalismo planetario buscan un Estado que proteja sus intereses frente a otros: temen la regulación. Como ha explicado Víctor J. Vázquez, a veces Schmitt vence a Marx y una empresa poderosa debe ceder ante un Estado (o una federación de Estados, como la UE).

Otras veces se engaña con la verdad, siguiendo la fórmula de Lope de Vega o la de Groucho Marx (habla como un idiota, actúa como un idiota pero no se fíe: es un idiota). Las propuestas para controlar a la prensa persiguen controlar a la prensa. La maniobra tiene algo de regate o lance de boxeo. Primero anuncias cambios legales. Se justifica con buenas intenciones (o Europa, que es lo mismo) y se emplea para intimidar. Hay debates sobre límites constitucionales, discusiones deontológicas, declaraciones grandilocuentes, alarma y navajeo. Pero el poder, autonómico o central, tiene un instrumento más manejable que la legislación, y no digamos si estás en minoría: el dinero, de manera directa e indirecta, en campañas institucionales (el Gobierno ha anunciado que prevé una inversión de 160 millones de euros este año) o iniciativas puntuales. Las excusas se encuentran: se crean ayudas para la digitalización (en 2024) o para corregir un “fallo de mercado”. Una evolución posible es formar una asociación de grandes editores: serviría de interlocutor a la Administración, contaría con algún voluntarioso paraguas de la “sociedad civil” (otra expresión que conviene entender al revés) y elaboraría un código de buenas prácticas. Las ayudas estarían condicionadas a su cumplimiento, que evaluaría la propia asociación: más o menos un cártel, ahora de los buenos. Pero falta otro movimiento: cuando los medios hayan asumido esa intervención, por simpatía o necesidad, con espíritu resignado o ánimo entusiasta, llega también el cambio legal.