Apartheid de género en Afganistán

La decisión de Canadá, Reino Unido, Australia y Países Bajos de llevar en el plazo de seis meses a Afganistán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya constituye un mínimo paso —y muy matizado— ante la dramática situación de apartheid de género que en la práctica sufren las ciudadanas de eses país bajo el yugo del régimen talibán. Los cuatro países han dado medio año al Ejecutivo islamista de Kabul para que mejore la situación de las mujeres antes de acudir al Tribunal, lo cual sería un hito histórico porque jamás ningún país ha sido acusado ante el TIJ por discriminación de género. A la vista de cómo han maltratado los talibanes a sus conciudadanas afganas desde el momento en que retomaron el poder en agosto de 2021, todo parece indicar que la demanda es inevitable.

La opresión que sufren las afganas alcanza extremos a los que la opinión pública internacional no debería acostumbrarse jamás. La orden dictada en agosto de prohibir que se pueda escuchar la voz de una mujer en la calle no es más que la penúltima disposición legal que considera a la mitad de la población inferior incluso a algunos animales. Tenía toda la razón la actriz Meryl Streep cuando, horrorizada, denunció la semana pasada ante la Asamblea de la ONU que una gata tiene más derechos en Afganistán porque el felino, al menos, se puede asomar a la puerta de una casa y tomar el sol. Las mujeres tienen prohibido incluso mirar por la ventana.

El fanatismo talibán ha hecho no solo que las afganas desaparezcan completamente de la esfera pública, sino que les ha negado derechos esenciales de la vida privada. Y todo ha sucedido de una manera sistemática y abierta ante una comunidad internacional que hasta ahora no ha reaccionado, traumatizada todavía por el humillante abandono del país que protagonizó hace tres años. Nada más despegar el último avión occidental de Kabul, los talibanes anunciaron la prohibición a las mujeres del ejercicio de un amplio elenco de profesiones y dejaron sin educación a las niñas a partir de los 12 años. A continuación, fueron expulsadas de la universidad y de los parques y los baños públicos. Cualquier negocio regido por una mujer tuvo que cerrar y se les prohibió caminar por la calle sin un hombre que las vigilara. Fue apenas el comienzo. Según un informe de Naciones Unidas, solo entre marzo de 2023 y junio de este año se han aprobado 52 disposiciones de recortes de derechos en la misma línea.

Los talibanes actúan con total impunidad contra las mujeres mientras periódicamente se celebran cumbres multilatelares en las que se discute como reincorporar a Afganistán al concierto de naciones. Lo justo sería no solo llevar ante la justicia a ese régimen sino exigir que una hipotética aceptación internacional de Afganistán pase obligatoriamente por el respeto real y efectivo de los derechos de las afganas.