Un grupo de países llevará a la justicia internacional a los talibanes por discriminar a las afganas

“Una gata tiene más libertad en Afganistán que una mujer. Puede sentarse en la entrada de su casa y sentir el sol en la cara o perseguir a una ardilla en un parque. Esa ardilla tiene también más derechos que una niña en Afganistán hoy en día, porque los talibanes han cerrado los parques públicos a mujeres y niñas. Un pájaro puede cantar en Kabul, pero una niña, no”. La actriz Meryl Streep resumió el martes, en un acto paralelo a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, la persecución, la privación de derechos, la “jaula” —el término utilizado por muchas afganas— en la que están recluidas las mujeres bajo el régimen talibán en Afganistán. Streep resumía así un clamor al que la comunidad internacional ha hecho hasta ahora oídos sordos, en los más de tres años transcurridos desde el retorno al poder en Afganistán de los talibanes en agosto de 2021. Los ministros de Exteriores de Canadá, Australia, Alemania y Países Bajos anunciaron este miércoles en ese mismo foro de Naciones Unidas que, si la situación de las afganas no mejora en seis meses, iniciarán un caso en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya contra los talibanes por discriminación de género.

Si ese anuncio se hace realidad, esta sería la primera iniciativa de Estados para llevar a los fundamentalistas afganos ante un tribunal internacional. Nunca hasta ahora un Estado ha llevado a otro ante el TIJ por discriminación de género. Esta demanda ante los jueces de La Haya se plantearía porque los talibanes han infringido la Convención para la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada por Naciones Unidas en 1979, y ratificada por Afganistán en 2003, antes de que los fundamentalistas afganos recuperaran el poder.

Este anuncio se queda corto respecto a las demandas de las afganas, de las ONG de derechos humanos y de mujeres de todo el mundo. Primero, porque el caso se pospone para dentro de seis meses, un período en el que debería producirse una hipotética mejora de la situación de las afganas. También porque las afganas aspiran a que los talibanes respondan por un crimen mucho más grave que el de violar una convención de la ONU. Las mujeres de Afganistán reclaman que otra instancia internacional, basada también en La Haya —el Tribunal Penal Internacional— juzgue a los talibanes por crímenes contra la humanidad por persecución de género. En España, un grupo de mujeres ha iniciado una recogida de firmas para que el Gobierno tome precisamente esa iniciativa.

Una vez aceptado el caso que han anunciado esos cuatro países, los talibanes tendrían seis meses para responder antes de que se celebre una vista y los jueces decidan si proponen medidas provisionales. Esa respuesta es muy improbable. El régimen fundamentalista no reconoce a ninguna instancia judicial internacional. Nada más derrocar al Gobierno del presidente Ashraf Ghani, que gozaba de apoyo occidental, los talibanes anularon la Constitución del país aprobada en 2004, en los primeros años de la veintena que duró la presencia de tropas internacionales en el país.

Una “jaula”

El expolio de derechos de las afganas empezó en septiembre de 2021 con la prohibición a las mujeres de ejercer muchas profesiones y el cierre de los institutos de secundaria, que dejó a las niñas sin educación a partir de los 12 años. Los talibanes expulsaron después a las mujeres de la universidad, les vetaron el acceso a parques y baños públicos, cerraron sus negocios, les prohibieron salir de casa sin la vigilancia de un guardián masculino y trabajar en ONG y agencias de la ONU. Las afganas no pueden ni asomarse a las ventanas.

Solo entre junio de 2023 y marzo de 2024, el régimen afgano aprobó 52 reglamentos contra los derechos de las mujeres y las niñas, describe un informe del relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett. El relator considera que la situación de las afganas constituye un “apartheid de género”. Afganistán ha reinstaurado la flagelación pública y la lapidación de mujeres por adulterio y, en agosto, prohibió el sonido de la voz de las afganas y que se vieran sus rostros en los espacios públicos.

Mientras, a principios de julio, Naciones Unidas celebró la tercera cumbre sobre Afganistán de Doha, la capital catarí, en la que participaron los talibanes, pero las afganas, no. Muchas afganas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos interpretaron ese hecho como un paso hacia la normalización de los fundamentalistas.

Los defensores de la vía de la justicia supranacional creen que una sentencia de un tribunal internacional tendría un efecto disuasorio sobre esos Estados que se plantean reconocer a los talibanes, dado que esos otros países sí estarían en teoría obligados a acatar las sentencias de La Haya.