Acelerar la descarbonización

El Consejo de Ministros acaba de remitir a la Comisión Europea la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 un 32% con respecto a 1990, muy por encima del 23% fijado hasta ahora. Espera conseguirlo gracias, sobre todo, a un mayor peso de las renovables. El Gobierno ratifica así su voluntad de cumplir los compromisos internacionales para descarbonizar la economía, lo que obligará, en algunos casos, a redoblar esfuerzos.

La hoja de ruta seguida en los últimos años presenta un balance desigual. Las emisiones de gases de efecto invernadero ya se han reducido un 5,3% con respecto a 1990, en parte por el desplome de la actividad económica durante la pandemia y por los altos precios de la energía derivados de la guerra en Ucrania, pero el Ejecutivo tendrá que acelerar si quiere cumplir las nuevas metas, más ambiciosas. También se registra un avance notable en el peso de las energías renovables —muy especialmente la fotovoltaica— en la generación de electricidad. Eliminado casi por completo el carbón, la tecnología limpia ya supone el 50% de la producción eléctrica del país y se espera que alcance el 81% para el final de la década. Consciente de la resistencia que provoca en muchos territorios la instalación de plantas eólicas o solares, el Gobierno exigirá que estos proyectos vayan acompañados de medidas para equilibrar los costes y beneficios de esas instalaciones entre la población local.

Es un acierto, pero deberá adoptar incentivos similares si quiere que la electricidad gane peso dentro del consumo energético, porque los expertos certifican que en los últimos años no solo no ha aumentado el porcentaje del consumo eléctrico dentro del consumo final, sino que ha bajado del 24,4% en 2021 al 23,3% en 2023. Ese retraso en la electrificación de la economía se explica sobre todo por los escasos avances en el ámbito del transporte. Pese al empeño del Ejecutivo en destinar al sector del automóvil una parte sustancial de los fondos Next Generation y de las ayudas para la modernización del parque móvil, la implantación del coche eléctrico y de las infraestructuras de recarga en España no termina de alcanzar la velocidad necesaria, lo que ha frenado la ambición del plan por esta modalidad: el anterior se marcaba como meta los cinco millones de vehículos eléctricos para 2030 y ahora confía en llegar a los 5,5 millones. Aunque no hay datos oficiales, la media para recibir las ayudas oficiales es de unos dos años. La tardanza en cobrarlas perjudica a los ciudadanos con menos poder adquisitivo, que no pueden permitirse adelantar la inversión, y reabre el debate sobre si la transición verde beneficia a las rentas más altas, aunque el efecto positivo de la descarbonización sea evidente para toda la sociedad.

Algunas de las medidas implantadas en estos años empezarán a dar ahora sus frutos, pero será necesario duplicar esfuerzos para cumplir los objetivos de este programa. Hay mucho en juego, también para reducir la dependencia energética, tan expuesta a los vaivenes geopolíticos. Será la todavía ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien tenga que evaluar los avances de su propio plan como nueva vicepresidenta europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Y será también en esa nueva condición quien deba analizar las ventajas e inconvenientes de los aranceles a los coches eléctricos chinos, sobre los que tanto España como Alemania han pedido ya que se abra una reflexión.