Assange nos demostró que tenemos Gobiernos lacayos

Este lunes, tras 11 años de reclusión, Julian Assange quedó en libertad. Su “crimen” fue entregar más de 200.000 documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos a cinco periódicos, entre el que se encontraba este que leen. Gracias a ellos tuvimos la certeza, entre otras cosas, “de la doble moral de Washington en sus relaciones con los países árabes [...] o de sus abusos y ataques a civiles en Irak y Afganistán”, en palabras del que era director de EL PAÍS en el momento de aquellas filtraciones. Una de las piezas más impactantes que había divulgado anteriormente WikiLeaks fue Asesinato colateral, un vídeo de 2007 en el que se muestra como el Ejército estadounidense asesina indiscriminadamente a 12 civiles en Bagdad, incluidos dos reporteros de Reuters.

Pero no era la primera vez que Estados Unidos mataba a periodistas en Irak. Cuatro años antes, en 2003, el español José Couso había sido asesinado por el Ejército americano en esa misma ciudad. Sucedió durante el ataque al Hotel Palestina, donde se alojaba parte de la prensa que cubría el conflicto. El blanco fue la habitación 1503, en la que estaba alojado Reuters, que daba señal a todas las televisiones del mundo. Justo antes habían atacado las sedes de Al Jazeera, donde asesinaron a otro periodista, y la televisión de Abu Dabi. Aquellos ataques supusieron un apagón informativo: desde ese momento y hasta que se derribó la estatua de Sadam Husein, no hubo ni una imagen de la toma de las tropas estadounidenses de Bagdad.

A la pérdida de uno de sus miembros, hijo, hermano, marido y padre de dos niños, la familia Couso tuvo que sumar la aberrante gestión del caso por parte de las autoridades españolas. Desde el principio tuvieron la sensación de que algunas parecían torpedear la investigación, y sus sospechas se confirmaron cuando los documentos de Assange desvelaron que, en efecto, nuestros gobiernos se pusieron del lado de los asesinos extranjeros en lugar de del español asesinado.

Gracias a las filtraciones de WikiLeaks supimos de la reunión de Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general del Estado, con el embajador estadounidense, en la que aseguró que los fiscales “seguirían oponiéndose” a las órdenes de detención de los militares que asesinaron a Couso. O de los correos de la embajada a Condoleezza Rice, en los que informaban de que el ejecutivo de Zapatero había “ayudado entre bastidores” a que la fiscalía apelara la decisión del juez de detener a los asesinos del periodista. Si lo hubieran matado los iraquíes, Couso habría sido un héroe nacional. Pero como lo asesinaron “los buenos”, a nuestras élites les incomodaba señalar y hacer pagar a sus verdugos.

Quedó patente entonces que nuestros gobiernos, tanto del PP como del PSOE, actuaron como lacayos a las órdenes de una potencia extranjera que había asesinado a un ciudadano español, en un crimen de guerra y contra la libertad de expresión. Todos ellos han sido cómplices de que, a día de hoy, no se haya hecho justicia en memoria de Couso: desde Aznar declarando junto a Bush que creía a Estados Unidos, a Zapatero torpedeando el caso. De Rajoy, que cambió la ley para limitar la jurisdicción universal, a Sánchez, que aún no ha cumplido su promesa de restablecerla. Ahora que celebramos que por fin se ha hecho justicia con Assange, es de ley reclamar lo mismo para Couso, sobre cuyo caso, que está recurrido en Estrasburgo, arrojó luz. Y señalar al imperialismo estadounidense como lo que en ambos casos demostró ser: una fuerza criminal, liberticida y embustera.