El BOE fulmina la justicia universal

Ya es oficial. La justicia universal –la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera el territorio nacional- ha quedado virtualmente fulminada. Y lo ha sido en tiempo récord. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, tres días después de su aprobación definitiva en el Senado, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles. La reforma, duramente criticada por jueces y fiscales y por organizaciones de defensa de derechos humanos, obligará a archivar una decena de causas de justicia universal y satisface las presiones de países poderosos, especialmente China. El gigante asiático expresó al Gobierno español su indignación por el hecho de que dos de sus expresidentes –Jiang Zemin y Hu Jintao- y otros miembros de la cúpula del PCCh fueran imputados por el genocidio en el Tíbet.

La reforma se ha operado por la vía sumarísima. A finales del pasado enero el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso presentó una proposición de Ley Orgánica para reformar la justicia universal. La vía legislativa elegida evitaba pedir informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. El PP, que en este movimiento se ha encontrado siempre en solitario, impuso además un trámite ultrarrápido que le ha permitido llevar al boletín oficial la reforma a mediados de marzo, antes incluso de las previsiones más optimistas.

El nuevo texto obligará a los magistrados de la Audiencia Nacional a archivar todas las causas de justicia universal que no se acomoden a la reforma. Para ello, según fuentes jurídicas, no será necesario siquiera que los imputados insten al sobreseimiento. Sumarios como el de la muerte del cámara de Telecinco José Couso a manos de soldados de Estados Unidos en los primeros días de la guerra de Irak en 2003, el genocidio en el Tíbet, las torturas en el Guantánamo, entre otros.

El juez Eloy Velasco, tras publicarse en el BOE la reforma de la justicia universal, ha preguntado a las partes de la causa sobre los asesinatos de los jesuitas en El Salvador si debe seguir la investigación por delitos de lesa humanidad y asesinato terrorista. También consulta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo si el juicio que se llevó a cabo en El Salvador sobre estos hechos tuvo garantías como para cerrar la causa en España.

La reforma ha suscitado críticas desde distintos ámbitos. La más relevante quizá sea la de los fiscales de la Audiencia Nacional, que a finales de febrero aprobaron por unanimidad un informe en el que alertaban de que la reforma “vaciará de contenido derechos constitucionales básicos como el acceso a la tutela judicial efectiva” y la “protección de los derechos de las víctimas”. Además, opinan que el proyecto “cercena sustancialmente cualquier posibilidad de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos aunque haya víctimas españolas o intereses relevantes en juego”.

La rapidez y profundidad con la que se movió el Gobierno –a través del PP- para limitar al máximo la justicia universal llegó al punto de poner en riesgo las investigaciones internacionales sobre tráfico de drogas. La redacción inicial impedía, o al menos dificultaba mucho, la posibilidad de que la policía asaltara barcos cargados con estupefacientes en aguas internacionales. Interior obligó a modificar el proyecto inicial presentado al Congreso.

El PSOE anunció el pasado 4 de marzo que llevará al Tribunal Constitucional el nuevo texto, al entender que con él España deja de cumplir sus acuerdos internacionales, que forman parte, junto con las leyes, del ordenamiento jurídico.