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El PSOE recurrirá la reforma de la justicia universal ante el Constitucional

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, define el texto de “atropello legislativo” y recoge el apoyo de los otros grupos de la oposición al recurso, en un acto organizado por la Asociación pro Derechos Humanos de España

El monje tibetano Thubten Wangchen saluda a Javier Couso, hermano del cámara José Couso en el Congreso.

A un paso de la aprobación definitiva de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que archiva de facto la aplicación de la justicia universal en España, el PSOE ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Si esto es, y esto es, lo que se va a publicar en el BOE, el grupo parlamentario socialista presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley”, ha anunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, en un acto organizado en la Cámara Baja este martes por la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Al anuncio de Rodríguez, que ha definido la reforma como un “atropello legislativo” que vulnera el derecho “a la tutela judicial efectiva”, se han sumado los representantes de los otros grupos parlamentarios. Todos destacaron en sus intervenciones la inconstitucionalidad, por procedimiento de aprobación y contenido, de un texto que el diputado de IU Gaspar Llamazares ha tachado de  “chapuza en todo el sentido de la palabra” por ser aprobada “por vía sumarísima y retroactiva”. El Gobierno eligió la vía más rápida para la reforma, tramitada como proposición de ley por el Grupo Popular, con procedimiento de urgencia de lectura única, evitando así el trámite de consulta de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo del Estado.

La retroactividad es, según el diputado de CiU Jordi Jané uno de los elementos de inconstitucional ya que, ha dicho, “no puede ser retroactivo aquello que limita derechos”. Jané ha recordado que si la anterior reforma de 2009, que el PSOE pactó entonces con el Partido Popular, “dejaba la puerta entreabierta, esta la cierra del todo” y “va a generar espacios de impunidad”. Una opinión compartida por la diputada de UPyD Irene Lozano para quien el texto “garantiza la impunidad de criminales de las peores especies”. Para la diputada sienta además un precedente. “Deja que los tiranos dicten la política de España”, ha afirmado en referencia a las presiones de China tras la orden de arresto emitida por la Audiencia Nacional contra cinco miembros de la cúpula del Partido Comunista en la investigación por genocidio abierta por el caso del Tíbet.

De “fechoría parlamentaria” ha hablado el diputado de PNV Emilio Olabarría, quien ha expresado el apoyo de su partido al recurso, aunque se ha preguntado si el Constitucional “será capaz” de aprobar la norma. No ha sido el único en levantar dudas al respecto. La senadora de ERC Ester Capella, aun asegurando el apoyo de su partido a las iniciativas que se opongan a la puesta en marcha de la reforma, ha declarado tener “poca fe” en la actuación del Tribunal Constitucional.

El recurso que presentará el PSOE no será el único que la alta corte tendrá que examinar. Tanto los juristas presentes, entre ellos el abogado de la APDHE Manuel Ollé Sesé y Carlos Slepoy Prada, el letrado integrante del equipo jurídico que impulsa la querella interpuesta en Argentina por los crímenes de tortura bajo el franquismo, han asegurado que hay sólidos argumentos técnicos para presentar el recurso de inconstitucionalidad junto a un recurso de amparo de las víctimas de la docena de casos a los que la reforma dará un carpetazo cuando el PP, con su mayoría absoluta, apruebe a finales de marzo el texto en el Senado.

“Estoy aquí en nombre de seis millones de tibetanos que están sufriendo. Estoy muy agradecido con España pero muy decepcionado a la vez con el Gobierno de España que está diciendo amén a China”, ha declarado el monje tibetano y presidente de Casa Tíbet, Thubten Wangchen, ciudadano español y uno de los testigos de las investigaciones por el genocidio y la represión del pueblo tibetano, consideradas el detonante de la actuación rápida del Gobierno español para aprobar una reforma que zanja un conflicto diplomático con China.

Entre los casos afectados está el del cámara José Couso, muerto en Bagdad en 2003 después de que militares estadounidenses dispararan contra el Hotel Palestine, donde se alojaban los periodistas enviados a cubrir el conflicto de Irak. Su hermano Javier, en su intervención en al acto, recordó que "la puerta para esta reforma se abrió en 2009”. “Con el anuncio de hoy –ha afirmado refiriéndose al recurso anunciado por el PSOE­– nos dan un poco de reparación. Espero que lo cumplan, pero hasta que no lo vea no me lo voy a creer”.

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