El Congreso limita la jurisdicción universal de la justicia española

La reforma exige que el delito tenga conexión con España para que la Audiencia Nacional pueda actuar.- Votan a favor todos los grupos excepto ERC, IU-ICV

ELPAÍS.com Madrid 25 JUN 2009 - 15:00 CET

El Congreso de los Diputados ha limitado la llamada jurisdicción universal, es decir, la capacidad de la Audiencia Nacional para intervenir en procesos fuera de España. PSOE y PP pactaron el pasado 20 de mayo incluir una enmienda al artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Judicial que ha votado hoy la Cámara. La Audiencia Nacional tiene abiertas causas en España por presuntos genocidios en Tíbet, China, Guatemala o Ruanda entre otros.

La nueva normativa exigirá, tal y como propuso la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que la Audiencia Nacional sólo podrá perseguir delitos ocurridos fuera de España cuando haya españoles afectados en el caso.

La enmienda ha salido adelante con la oposición de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña.

Desde que se conoció la intención de cambiar la norma, jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco se posicionaron en contra ya que, en su opinión, sería "como cerrar la Seguridad Social a los extranjeros". Otros miembros del tribunal, como su presidente, Ángel Juanes, opinaba en cambio que sí debían establecerse limitaciones para "buscar un equilibrio entre la impunidad y la no injerencia en asuntos ajenos".

Las organizaciones de víctimas, "de luto"

Siete organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además del sindicato UGT, han firmado un manifiesto titulado "Día de luto para la justicia internacional" en el que critican duramente el proyecto de ley para limitar la jurisdicción universal, que, de salir adelante aventuran, "tendrá graves consecuencias para la lucha contra la impunidad".

"España se preocupa más por no ofender algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la inmpunidad de la que gozan los criminales", opinan en el comunicado. Tras analizar el texto aprobado por el Congreso, consideran que aunque se nombran los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, no hay garantías de que se vayan a cumplir, "lo que supondría vulnerar la Constitución española".

Y concluyen: "Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad. no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces de la lucha contra la impunidad mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos".

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