Carrera de obstáculos en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asumió el cargo en enero con la promesa de regenerar la vida pública del país centroamericano y reconstruir unas instituciones, con una parte del sistema de justicia a la cabeza, carcomidas por la corrupción. Fue precisamente un sector del poder judicial, liderado por la fiscal general, Consuelo Porras, el que trató primero de torpedear la elección de Arévalo y después de frenar su toma de posesión. Ahora, cuando se acaban de cumplir 100 días de Gobierno, el mandatario progresista se ha propuesto destituir a la responsable del Ministerio Público por la vía parlamentaria. Esto es, modificando la ley vigente, que blinda su cargo hasta 2026.

Este paso es importante, esencialmente, por dos razones. Para empezar, Porras y sus adláteres siguen operando en la sombra para mantener en pie lo que en Guatemala se conoce como “pacto de corruptos”, una trama política, judicial y empresarial que aceleró una deriva antidemocrática durante la Administración del entonces presidente Alejandro Giammattei. Y, en segundo lugar, Arévalo necesita despejar el camino para poder gobernar e impulsar las reformas que prometió, tanto en el ámbito de la regeneración democrática como en el terreno económico.

Las enormes expectativas que generó su triunfo electoral son un reflejo de la voluntad de cambio de la sociedad, pero al mismo tiempo suponen una deuda con los guatemaltecos que el presidente debe saldar con celeridad para evitar un desgaste prematuro.

En los últimos meses, no han faltado intentos de renovar la composición del Ministerio Público. El diplomático y sociólogo experto en resolución de conflictos que ganó por sorpresa las elecciones citó en dos ocasiones a la fiscal general. Pero le resultó imposible establecer un canal de comunicación. En una, la jurista no acudió a la reunión y en la otra se fue a los pocos minutos. Porras lleva desde 2021 sancionada por Estados Unidos y fue incluida en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Departamento de Estado. El pasado febrero, también la Unión Europea la acusó de “socavar la democracia” y conspirar contra el Estado de derecho.

Si bien la fiscal general es la cara más visible de la decadencia del sistema, la red a la que hace frente Arévalo es mucho más amplia. Incluye un sector del poder económico en la capital del país, pero también en los territorios rurales ha ralentizado la participación de los pueblos indígenas en el Gobierno. A eso se añade que el presidente no cuenta con una alianza sólida en el Parlamento, y las iniciativas de su grupo, integrado por 23 diputados independientes de 160, resultan insuficientes para llevar adelante un programa ambicioso. Por eso, es urgente que el mandatario, que se enfrenta a una auténtica carrera de obstáculos, desbloquee el candado de la corrupción que tiene paralizada Guatemala.