La Unión Europea sanciona a la fiscal general de Guatemala por “socavar la democracia” y torpedear la transición de Arévalo
Consuelo Porras y cuatro funcionarios del país centroamericano están acusados de conspirar contra el Estado de Derecho y la transferencia de poderes
El Consejo de la Unión Europea sancionó este viernes a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a cuatro funcionarios más del Ministerio Público por “socavar la democracia” y el Estado de Derecho en el país centroamericano. Las acciones de Bruselas incluyen al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; a la fiscal Leonor Morales Lazo; al secretario general del organismo, Ángel Pineda Ávila; y al juez Fredy Orellana.
Los señalados “son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder. Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una restricción de viaje, que les impide entrar o transitar por territorios de la UE”, indica el documento, compartido por la delegación de la Unión Europea en Guatemala.
En 2022, Porras fue incluida en la lista de actores corruptos de Estados Unidos conocida como Lista Engel y ese país también le prohibió a ella y a su esposo el ingreso, acusada también en esa ocasión de “socavar la democracia”.
“El Ministerio Público rechaza enérgicamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo […]. Estos ataques sistemáticos buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad”, respondió la Fiscalía por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales.
La fiscal general Porras fue acusada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, de urdir un golpe de Estado en su contra e intentar evitar que fuera juramentado en enero pasado. Desde que ganó las elecciones en agosto del año pasado, el Ministerio Público intentó anular las elecciones generales y trató de proceder por la vía judicial contra Arévalo, la vicepresidenta, Karin Herrera, y otros diputados del Movimiento Semilla. Además, inició investigaciones en contra del Tribunal Supremo Electoral y giró órdenes de captura en contra de magistrados de esa instancia para poner en duda el proceso electoral.
Miles de guatemaltecos salieron a las calles en octubre pasado para exigir la renuncia de Porras y recientemente 140.000 más firmaron una petición para pedir su destitución. Sin embargo, ella ha dejado claro que permanecerá al frente de la institución hasta mayo de 2026, cuando termina su periodo como fiscal general.
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