Tráfico impune de especies protegidas: puede haber eficacia

Ya me he referido en este periódico al gigantesco tráfico de especies silvestres en el mundo. Recordaba en esa nota dos cosas.

Primero, la gravedad del problema. Cada 15 minutos se mata un elefante, por su marfil. Cada día, dos rinocerontes; por su cuerno. Los grupos delictivos organizados contra la fauna y la flora silvestres operan a escala tan “industrial” y masiva que especies particularmente amenazadas —como los elefantes o los rinocerontes— deberían estar bajo vigilancia armada las 24 horas del día.

Segundo, que existe un marco de derecho internacional claro que debiera servir como disuasivo, particularmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en noviembre del 2000, que establece claras obligaciones de cooperación judicial y policial internacional entre los Estados.

El hecho, sin embargo, es que durante años la cacería y el tráfico continuaron impunes. No obstante, destacan mejoras en la cooperación entre los Estados y el decisivo papel que vienen desempeñando algunas organizaciones de la sociedad civil para hacer cumplir la legalidad internacional. Destaqué, particularmente, a la organización internacional Wildlife Justice Commission (WJC), o Comisión de Justicia para la Vida Silvestre. Y mencioné casos importantes en los que esa articulación entre la legalidad internacional y la WJC ha dado buenos resultados, en medio de la penumbra que rodea a este difícil tema.

Tailandia: importantes operaciones en marcha

En un importante golpe al comercio ilegal de mascotas y animales protegidos, la policía de Tailandia, actuando sobre la base de información facilitada por la Wildlife Justice Commission, llevó a cabo, el pasado 1 de mayo, una importante operación que se saldó con la detención de seis sospechosos. Y, con ello, la incautación de nada menos que 1.076 tortugas radiadas y 48 lémures, animales que estaban ocultos en 41 cajas y 11 jaulas, respectivamente. Eran transportados en un convoy de cuatro vehículos en la provincia de Chumphon, en el sur de Tailandia. Además, se incautaron otras 179 tortugas radiadas, 30 primates y tres cocodrilos jóvenes tras el registro de una granja relacionada con los sospechosos.

Esta incautación, valorada en más de dos millones de dólares en el mercado negro, pone de relieve la gravedad del impacto del tráfico de especies silvestres en las especies amenazadas. Las tortugas radiadas y todas las especies de lémures están incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, lo que significa que el comercio de especímenes de estas especies solo está permitido en circunstancias muy excepcionales. Ambas son originarias de Madagascar y están muy cotizadas en el mercado mundial del comercio ilegal de mascotas.

El comercio de mascotas vivas, como estas incautadas en Tailandia, es una creciente industria multimillonaria alimentada por la creciente demanda de especies raras. Desde 2016, la Wildlife Justice Commission ha estado al frente de la lucha contra el comercio ilegal. Trabajando en cooperación con las autoridades policiales, ha desarticulado redes de tráfico en Asia y Oriente Medio. Y ahora, con este último caso, ha ayudado a rescatar a más de 10.000 animales vivos, incluidas tortugas terrestres y galápagos, grandes felinos, orangutanes y chimpancés.

Buenos ejemplos para el mundo

Las recientes detenciones forman parte de una investigación conjunta en curso llevada a cabo por las fuerzas del orden tailandesas. Ejemplo para otros países del mundo, pues esa articulación conjunta —indispensable para la eficacia— da cuenta del efectivo nivel de involucramiento de las autoridades tailandesas en las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Que en este caso tocó a espacios vitales como el Departamento de Investigaciones Especiales, el Departamento de Parques Nacionales, la División de Recursos Naturales y Represión de Delitos contra el Medio Ambiente de la Real Policía Tailandesa, la Real Aduana Tailandesa y la Fiscalía General, junto con socios internacionales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con la Wildlife Justice Commission.

La investigación, en este caso, como suele ser cuando se trata de crímenes internacionales y de redes criminales sofisticadas, no era nada sencilla, pues se centraba en el desmantelamiento de una red transnacional organizada de tráfico de especies silvestres. Red que opera en Tailandia y cuyos vínculos son inmensos extendiéndose por África, Asia y Sudamérica. Esta red está especializada en el comercio ilegal de testudines (una “cotizada” especie de tortuga), reptiles y pequeños mamíferos para el comercio internacional ilegal de mascotas vivas.

Todo un ejemplo de cómo el derecho internacional y las organizaciones internacionales pueden ser eficaces y efectivas.

Buenas expectativas

Detenciones espectaculares como estas, junto con las pérdidas económicas resultantes de la incautación, deberían tener un impacto profundamente perturbador en la capacidad de las redes ilegales para continuar sus actividades de tráfico.

Buen ejemplo a seguir en otros países afectados por el tráfico de especies protegidas, pues indica que logros espectaculares como estos sí son posibles, que el derecho internacional no es “letra muerta” y que puede ser eficaz para servir para los propósitos para los que ha sido concebido.

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