Hostilidad bancaria

La opa hostil (oferta pública de adquisición de acciones) del BBVA sobre el Banco Sabadell puede ser un desacierto desde el punto de la necesaria competencia, esencial en un mercado bancario sano y que en España, tras la catarata de fusiones provocada por la Gran Recesión, ya estaba menoscabada. El BBVA constituye el segundo grupo financiero de raíz española; el Sabadell es el cuarto. La cuota de mercado en el negocio típico (depósitos, créditos) del grupo resultante, sumado al Santander y Caixabank, rozaría las tres cuartas partes del sistema: tres entidades, en suma, demasiado grandes para caer.

El Sabadell considera la oferta insuficiente y llueve sobre mojado: hace solo tres años el anterior intento del BBVA tampoco prosperó y consiguió enfrentar a las cúpulas de ambos bancos. En plena campaña electoral catalana la opa ha provocado la salida en tromba de todos los partidos, y se topa con la oposición del Gobierno —que ha recordado que tiene la última palabra—, de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP y los recelos del Banco de España. Pero más allá de la sacudida política e institucional, el argumentario fundamental para evaluar una opa debe ser el relacionado con las cuestiones de competencia y con el negocio puramente bancario.

La financiación de las pequeñas y medianas empresas perdería con el Sabadell la última de las entidades orientadas a ese sector, tras la absorción del Popular por el Santander. La operación acumularía la herencia del grueso de las 10 cajas de ahorros evaporadas en la última crisis. En suma, un poder de mercado colosal para un puñado de entidades.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado de los efectos nocivos del exceso de concentración, aunque sin mencionar a los protagonistas. Baste recordar que los beneficios generados por el alza de tipos a la banca española (como a la europea) no se han trasladado siquiera mínimamente a los depósitos de los clientes, a diferencia del resto de la eurozona. Es un indicador de un fallo estructural en el mercado español, provocado por la abrumadora posición dominante de un pequeño núcleo de entidades, que a veces se traduce directamente en prácticas abusivas contra un cliente sin alternativas. Estrechar el círculo del oligopolio solo puede agravarlas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abordará este problema cuando analice la operación. A lo que hay que añadir la pérdida de empleos que provocarían las redundancias entre las dos entidades.

En estas condiciones, la oferta puede constituir un riesgo para la estabilidad del BBVA, para sus accionistas y su gobernanza, y singularmente para su presidente, Carlos Torres. La entidad ya cargaba con un problema reputacional por el examen judicial del supuesto espionaje encargado al comisario Villarejo. Con esta operación, el grupo pretende corregir el peso de sus operaciones en Latinoamérica (en especial en México) y en Turquía, con una mayor presencia en España y en el mercado británico a través de la filial del Sabadell TSB.

La apelación a la bondad genérica del gran tamaño como equivalente de solidez es discutible en este caso. Ninguna de las dos entidades está en crisis, ni necesita perentoriamente crecer en el mercado nacional. Otra cosa sería que buscaran crecer a escala europea con una fusión trasnacional, un viejo deseo de Bruselas y Fráncfort que no termina de hacerse realidad. Finalmente, desde el punto de vista estrictamente económico-financiero, la experiencia indica que las adquisiciones, más aún las hostiles, no agrandan por sí mismas la cartera de crédito, sino que en ocasiones la reducen, entre otras razones porque se producen duplicidades. El amplio consenso económico y político para rechazar esta operación parece justificado.