La memoria de la democracia

La respuesta del Partido Popular y Vox a las recomendaciones formuladas este viernes por la ONU sobre las denominadas “leyes de concordia” de los Gobiernos regionales de Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana vuelve lamentablemente a abrir un debate que parecía resuelto. Hace tiempo que no deberíamos preguntarnos por la posición de las derechas respecto a un tema capital: las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y el respeto y reparación debidos a las víctimas de tales atropellos.

No es la primera vez que el Partido Popular frivoliza de forma irresponsable la memoria histórica utilizándola como parte de su estrategia de desestabilización del Gobierno, pero no deja de ser cívicamente descorazonador que un organismo internacional tenga que recordarle sus obligaciones a una democracia plenamente consolidada como la española. Según los expertos que han redactado el informe a partir de la documentación de los propios Parlamentos y Ejecutivos autonómicos, las leyes aprobadas por los gobiernos del PP sostenidos por la ultraderecha “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica”.

Más allá de la gravedad de tales medidas en un momento en el que el propio PP dice abanderar la causa de la verdad y la libertad de expresión, no deberíamos olvidar que un partido de Estado ha de asumir las leyes, principios y tratados internacionales que dice respetar. La Ley de Memoria Democrática responde a una obligación jurídica que deriva de los compromisos internacionales asumidos por todos los gobiernos de España, incluidos los del Partido Popular. Pero la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo continúa, 46 años después de la aprobación de la Constitución, utilizando los argumentos de la ultraderecha de VOX y relativizando la dictadura, es decir, contradiciendo interesadamente el amplísimo consenso historiográfico mundial en torno al siglo XX, establecido por decenas de historiadores de todas las nacionalidades e ideologías.

La oposición política no es solo legítima sino necesaria para el buen funcionamiento de toda democracia, pero la estrategia del PP daña gravemente tanto la convivencia entre españoles como la imagen internacional de España en un momento de delicado equilibrio geopolítico y de contestación reaccionaria a las formas básicas del Estado de derecho en todo el mundo. Dejar de utilizar la memoria y el dolor de las víctimas como moneda de cambio en la lucha por el poder es algo que una democracia consolidada como la española debería haber desterrado hace mucho, como han sabido hacer otras democracias europeas.

El respeto por la verdad de los hechos debe prevalecer sobre cualquier fin partidista, más aún si hablamos de violaciones de los derechos humanos. Uno de los relatores del informe sobre las leyes del PP y Vox ha sido claro al respecto: “Es una ofensa a la inteligencia decir que no existe algo que existe”. Por eso es una exigencia ética que los líderes políticos sean inequívocos a este respecto. Sin embargo, a la vista de la respuesta del Partido Popular, cabe preguntarse cuál es la parte que no asume de la obligación legal de adoptar “las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales en materia de preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”. En un tema como ese no puede haber margen para el revisionismo irresponsable ni la manipulación electoralista.