Mal clima, mala salud

La creación esta legislatura de un Observatorio de Salud y Cambio Climático, anunciada recientemente por la ministra de Sanidad, Mónica García, viene motivada en parte por la acumulación de continuos récords de calor, el último, este mes de enero, que registró hasta 30 grados, algo inédito en España en esta época del año y más propio de la primavera. El ministerio atiende así, urgido por la gravedad de las evidencias, una antigua reivindicación de investigadores en salud pública, sanitarios, expertos y entidades medioambientales.

Da también una idea del desafío la intención de modificar el plan de temperaturas extremas para que pueda activarse en cualquier mes, atendiendo a la variación térmica y no al calendario. Desde hace dos décadas y hasta ahora se activaba en junio, pero el año pasado ya se tuvo que adelantar al 16 de mayo. Además, se consideró la posibilidad de ponerlo en marcha entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. En 2023 se ejecutó por primera vez un plan similar para las bajas temperaturas, que igualmente causan estragos entre los grupos de población más vulnerables.

Además de impulsar políticas para reducir sus efectos en la naturaleza, el calentamiento global obliga a tomar medidas de forma inmediata en aspectos que van desde los horarios laborales y escolares hasta la apertura de refugios climáticos en las ciudades para hacer frente a las cada vez más habituales olas de calor. El incremento de las afecciones respiratorias y cardiovasculares y de las alergias o la aparición de enfermedades propias de otras latitudes —tropicales, por ejemplo— son algunos de los efectos que la crisis climática provoca ya en nuestra salud.

El Observatorio no solo debe de dar cabida a una gobernanza que comprometa a todas las administraciones, tendrá que implicar al conjunto de la sociedad. La experiencia acumulada durante la pandemia de covid puede ser muy útil al respecto. Si hay que modificar hábitos y horarios en escuelas y centros de trabajo, habrá que escuchar e informar a todos los sectores implicados y tener en cuenta criterios de equidad social para mitigar la desconfianza y la impotencia que en ocasiones la ciudadanía dice sentir cuando se enfrenta a retos que, como este, apelan a algo más que a la conciencia ecológica.

Finalmente, es clave que el Observatorio de Salud y Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Sanidad, contribuya a reforzar el sistema sanitario a la hora de prevenir los efectos de episodios extremos de frío y de calor que suponen un peligro para la población y una sobrecarga para los profesionales. Si el cambio climático no es solo una crisis medioambiental, sino también una crisis de salud pública, las administraciones, y toda la sociedad, deben actuar en consecuencia.