Activismo climático

La creciente conciencia del desafío que afronta la humanidad por la amenaza climática va pareja en los últimos años a un activismo que busca en acciones polémicas —ataques a obras de arte en museos, lanzamiento de pintura a sedes de instituciones y monumentos o cortes de carreteras— una nueva forma de llamar la atención de la opinión pública y exigir a las autoridades que actúen.

En paralelo, varios países de Europa han endurecido las actuaciones policiales —y en ocasiones judiciales— contra unas protestas que sus autores defienden como formas de desobediencia civil. La semana pasada, la Policía española anunció la detención de 22 miembros del grupo ecologista Futuro Vegetal, en una operación desarrollada en diciembre en 11 provincias tras varios meses de investigación. Se les acusa de delitos como pertenencia a organización criminal por hechos tales como adherirse con pegamento al marco de las majas de Goya en el Museo del Prado o bloquear un tramo de la M-30, en Madrid.

La desobediencia civil es una forma legítima de protesta reconocida internacionalmente siempre que no sea violenta. El ecologismo radical ha de ser consciente de que vandalizar un cuadro o cortar una carretera o los accesos a un aeropuerto vulnera derechos de los ciudadanos y de que, sobre todo en el caso de ataques a bienes culturales, puede producir en la opinión pública el efecto contrario del que se pretende. La bondad de un fin o la justicia de una causa —y pocas pueden ser hoy más defendibles que la lucha contra el cambio climático— no justifica cualquier medio ni valida cualquier acto.

Con igual proporcionalidad deben responder las autoridades a colectivos cuyas acciones cuesta calificar de violentas. El Código Penal ya establece con claridad la actuación contra las protestas que no sean pacíficas, sin tener que buscar preventivamente delitos en el activismo medioambiental. El desarrollo de la causa contra Futuro Vegetal permitirá establecer hasta qué punto es razonable acusar a sus miembros de integrar una organización criminal. La reforma del Código, que entró en vigor hace un año para agravar la tipificación de los desórdenes públicos, debe aplicarse con la debida proporción. Criminalizar cualquier expresión de crítica no es el camino, y menos en un país donde hemos asistido a un acoso casi constante a las sedes de un partido político, entre amenazas de muerte y muestras de odio de compleja respuesta judicial.

Fue un error de la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el ecologismo radical bajo el epígrafe de amenazas “terroristas” en su última memoria anual, decisión que poco después el fiscal general del Estado, Álvaro García, reconoció como improcedente. El derecho a la protesta, básico en toda democracia, tiene como límites los que marca la ley. A los jueces corresponde aplicarla de forma proporcionada.