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tribuna
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Política sin abismos

Es, sin duda, muy recomendable compatibilizar la prudencia política (que también es una virtud moral) con el derecho público. La amnistía no es en sí inmoral, lo inmoral es su justificación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicita a Pedro Sánchez después de ser votado como presidente del Gobierno, el 16 de noviembre en el Congreso de los Diputados.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicita a Pedro Sánchez después de ser votado como presidente del Gobierno, el 16 de noviembre en el Congreso de los Diputados.Javier Lizón (EFE)

People who jump waterfalls sometimes can make mistakes

Aunque Máriam Martínez-Bascuñán (Al otro lado del abismo, 15 de diciembre de 2023) parece referirse a un artículo mío del día anterior (El espíritu de las leyes), no estoy seguro de haber escrito el texto que ella ha leído. Primero, porque problematiza la idea de moral pública de Rousseau, a quien yo ni siquiera nombraba, y que no es mi referencia para concebir el pacto social. Segundo, porque se opone a la “hipermoralización de la discusión pública” (el enfrentamiento entre doctrinas morales incompatibles que divide a los ciudadanos en buenos y malos), que ejemplifica con el “muro de contención” construido por Pedro Sánchez, y se declara partidaria del “pluralismo razonable” de John Rawls. Pero en mi tribuna yo también deploraba esa “moralización”, justamente porque al convertir el debate político en disputa moral cuestiona las instituciones, que no pueden resolverlo, y lo sustituye, como ella señala con acierto, por un conflicto emocional. De modo que el consenso implícito que yo denominaba repetidamente “moralidad pública” no es en absoluto una doctrina metafísica ni un calentón pasional, sino exactamente lo que Rawls designa con esa misma expresión (overlapping consensus), es decir, lo que pueden compartir en el ámbito público ciudadanos cuyas creencias privadas son dispares.

A mí, como a ella, me parece insuficiente (¿sería exagerado decir “inmoral”?) la justificación que el PSOE ha dado de sus medidas políticas. Pero, a diferencia de Martínez-Bascuñán, tampoco creo que quepa dar de ellas una justificación estrictamente política por sus consecuencias. Ella advierte que para hacerlo se han de dejar de lado las razones jurídicas, dado que los jueces tienen un “desprecio olímpico por las consecuencias”. Como todos los que exigen “soluciones políticas y no judiciales” para los problemas políticos, olvida que el poder judicial es tan político como los otros dos del Estado. Entre sus funciones está la de garantizar la legalidad de los poderes públicos, es decir, su legitimidad política. Fue por quebrantar esa legalidad, y no por razones morales, por lo que los líderes del procès fueron condenados, como respuesta política a un problema político. Y es por ello que sugerir una vía para el poder político al margen de esos guardarraíles crea un desgarro en el vínculo social que, como señala Martínez-Bascuñán, “está violentando las costuras de nuestra democracia, horadando nuestro núcleo liberal”, porque enfrenta al poder ejecutivo y al legislativo con el judicial. De admitirse semejante conflicto, decía Kant —que es mi referencia para el concepto de pacto social—, las razones de la política se reducirían a unas “máximas con las que elegir los medios más idóneos para los propósitos de cada cual calculados en función del propio provecho”.

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“Evaluar por las consecuencias” equivale aquí a aceptar que el fin justifica los medios, contra la sensata afirmación de Camus de que en política son los medios (en palabras de la articulista: “el respeto a los procedimientos, al Estado de derecho o a la separación de poderes”) los que justifican el fin, porque la política sólo es legítima si circula por los raíles del derecho. Al sostener que “sólo el tiempo dirá” si las razones de Pedro Sánchez “fueron malas en términos de la convivencia en España, de la crispación o la polarización”, se nos pide un acto de fe (que es una virtud moral) en su éxito. Porque sólo si las consecuencias son buenas y cesa la polarización podrá llegarse a un acuerdo para tal evaluación, pues en caso contrario ni siquiera un verificador internacional podría establecerla. Es, sin duda, muy recomendable compatibilizar la prudencia política (que también es una virtud moral) con el derecho público, que (¡qué le vamos a hacer!) se inspira en principios morales, pero —sigue diciendo Kant— “se puede pensar esa compatibilidad en un político moral, que hace coexistir los principios de la prudencia con la moral, pero no en un moralista político, que se forja una moral a la medida de lo que resulta conveniente para provecho del político”. Esta amnistía no es de suyo inmoral, lo inmoral es precisamente su justificación.

Puedo imaginar, como mi interlocutora, un abismo con dos lados (“la España de charanga y pandereta” y “la España del cincel y de la maza”, por ejemplo), ambos al borde del precipicio. Pero en este contexto metafórico sólo hay una manera de hacer lo que ella llama “tirar para el otro lado del abismo”: saltar desde el lado en el que estamos para intentar aterrizar en el otro. Yo no recomendaría esta estrategia, no sólo porque los dos lados son muy semejantes, sino porque, parafraseando al poeta, quienes caminan saltando abismos corren el riesgo de caer al vacío.

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