Chau Donald, Mickey ... y demás

Las amenazas a la democracia en América Latina son hoy diferentes a las de antes. Pero son muy serias y están vivitas y coleando. A través de rutas distintas, dentro del contexto de “recesión democrática”, como se califica a la actual situación de la región en el último informe de Latinobarómetro. También son novedosas ciertas reacciones internacionales ante algunas de estas “recesiones”.

Esta recesión remite a institucionalidades democráticas débiles o amenazadas, desde dentro y fuera, esencialmente por la corrupción dentro de aparatos del Estado. El poder político usado, pues, como herramienta de la corrupción en dimensiones y extensiones gangrenosas más grandes y expansivas que en el pasado.

Dentro de esa “recesión democrática” destacan dos componentes.

De un lado, la prevalencia de regímenes políticos surgidos de elecciones, sí, pero problemáticos porque en algunos de ellos la corrupción y el crimen organizado han pasado a ser piezas integrantes o interactuantes con el poder político.

En segundo lugar, un ordenamiento internacional que no se encuentra pintado en la pared y que es factor políticamente actuante en los procesos institucionales. Va desde decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento, hasta señalamientos sustantivos provenientes de países democráticos que pueden tener impacto concreto en quienes sacan los pies del plato democrático.

En estos días han estado prioritariamente sobre el tapete procesos democráticos amenazados desde dentro por la corrupción o el autoritarismo en Guatemala y Perú.

En el primer país, especialmente frente a las distintas movidas atribuidas al llamado Pacto de los Corruptos, a la super-poderosa fiscal general, María Consuelo Porras y a sus contrapartes en el Congreso. A la fiscal se le sindica, entre otras cosas, de haber sido factor de acoso a jueces y fiscales anticorrupción en Guatemala, decenas de los cuales han tenido que asilarse en EE UU.

Fuerzas provenientes de esos espacios son las que pretenden bloquear la asunción al Gobierno por Bernardo Arévalo, elegido democráticamente. La OEA resolvió la semana pasada aplicar a Guatemala la Carta Democrática Interamericana y el Gobierno de EE UU, por su lado, le retiró la visa a 300 políticos, congresistas y representantes del sector privado guatemaltecos y sus familiares por “socavar la democracia y el Estado de derecho”.

En Perú no parece haber un Pacto de los Corruptos formalizado, pero sí una situación crecientemente parecida. Con lo que el impedimento a más de 300 guatemaltecos vinculados al pacto para viajar a EE UU y visitar, por ejemplo, interlocutores que podrían ser de su preferencia como al ratón Mickey y a Donald en Florida, se podría perfectamente extender a decenas de congresistas del Perú, y demás políticos y empresarios de sus entornos, involucrados en corrupción o en el servicio irregular a intereses privados. “Donde hay la misma razón prima el mismo derecho”, reza un dicho conocido.

Con la legitimidad de Congreso y del Gobierno en un raquítico dígito en Perú, el entorno institucional se ha visto remecido por redes criminales o al servicio de intereses privados operadas por congresistas. En la perspectiva, también hay una confrontación con la comunidad internacional. Entre otras cosas, por la negativa a cumplir una decisión obligatoria de la Corte Interamericana, tal como fue comunicado por el Gobierno peruano a la Corte la semana pasada.

Son muchos, pero hay dos factores que han sido cruciales y concurrentes en este grave deterioro institucional en Perú.

De un lado, la presunta organización criminal que habría construido la cuestionada fiscal, Patricia Benavides (hoy suspendida por la Junta Nacional de Justicia). Ella no solo habría montado una red ilícita para favorecerla, sino que acorraló y removió al equipo de fiscales anticorrupción que venía investigando diligentemente casos como el de la Lava Jato y otros graves actos de corrupción transnacional.

Por el otro, el poder legislativo unicameral. Operando para el propio beneficio de sus integrantes, en contra de intereses nacionales fundamentales y a favor de intereses particulares. Presidido por un condenado -por estafa- por la justicia penal y con decenas de congresistas bajo investigaciones penales, aletargadas muchas de ellas gracias a la benevolencia de la hoy suspendida fiscal de la nación.

Como si esa complicidad fiscal/congresistas no bastara -¡oh casualidad!- adoptan pasos en el Congreso para aliviar las “incómodas” investigaciones sobre corrupción. Por ejemplo, perpetrando una ley -la semana pasada- que diluye la útil herramienta procesal de la colaboración eficaz que tan buen resultado ha dado en las investigaciones anticorrupción en Perú en los últimos cinco años. Marcan una ruta de salvataje e impunidad para los investigados -en el Congreso o fuera de él. Fiel calco del Pacto de los Corruptos de Guatemala.

En paralelo, el uso del poder parlamentario para terminar de arrasar con la foresta amazónica, en descarado y grosero beneficio de intereses particulares y en grave afrenta al medio ambiente y a los intereses de la población. El paso más reciente: la crucial Ley Forestal y de Fauna Silvestre, adoptada la semana pasada, con la opinión contraria del Ejecutivo, luego de un “largo debate” de 10 minutos. Después de Brasil, Perú le sigue en espacio de bosques amazónicos.

La ley aprobada, dentro de un marco visible de presión y lobby de intereses privados, suspende la zonificación forestal, excluye al ministerio de Agricultura (que conducía esa zonificación) y elimina el procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en zonas privadas, que era una herramienta de protección contra la tala irregular.

Las inmensas zonas de bosque ya deforestadas se van a privatizar legitimando la masiva e ilegal deforestación de más de 140.000 hectáreas producidas en los últimos años por tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico. Ley nefasta al servicio de intereses particulares cuando ya Perú es el tercer país (después de Brasil y Bolivia) en áreas amazónicas deforestadas. Un “todo vale” gracias a un Congreso plagado de personas encausadas por la justicia penal.

Con el antecedente de las medidas punitivas sobre congresistas, políticos y empresarios de Guatemala, no sería raro que el Gobierno estadounidense estudie y considere, en su momento, una decisión semejante en Perú a ciertos políticos, congresistas y empresarios por “socavar la democracia y el Estado de derecho”. A ello se podrían sumar reacciones interamericanas contundentes por el rechazo del Gobierno de Perú a cumplir decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Chau Donald y Mickey? ¿Forever?

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