La precariedad laboral mata

Las muertes en el trabajo en España reflejan hasta septiembre una caída sustancial, aunque los 524 fallecimientos registrados en los nueve primeros meses de 2023 representen todavía una cifra que no deja espacio para la complacencia. Con todo, son 99 menos que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más baja desde 2017, pese a que el mercado laboral español registra un récord de ocupados, con 1,7 millones de empleados más que hace siete años, lo que añade valor a la estadística.

Los expertos sindicales en salud laboral atribuyen parte de esa mejora a la mayor estabilidad en el empleo propiciada por la reforma laboral aprobada en 2021, que ha permitido reducir la temporalidad del 25% al 17%. Los datos de Eurostat aún no recogen los efectos de la nueva ley, pero evidencian el margen de mejora que tiene la siniestralidad laboral en España: la incidencia de los accidentes mortales se sitúa en 1,96 por cada 100.000 trabajadores, frente a 1,76 de media en la Unión Europea. Esos datos nos sitúan en mejor posición que Letonia (4,29), pero lejos de Países Bajos (0,33), nivel al que hay que aspirar.

La estructura de la economía española, en la que el peso de los servicios cobra cada vez más importancia, favorece también la tendencia a la caída de la siniestralidad. Los sectores más peligrosos para los trabajadores son el agrario y la construcción, seguidos de la industria. A la cola se sitúan los servicios. Lo positivo es que la mejora en los nueve primeros meses del año se produce en todos los sectores. Por otro lado, la presencia mayoritaria de hombres en los ámbitos con más riesgo de accidentes explica el desfase de las muertes por sexos: un 91,8% de los fallecidos son hombres. También se producen mayoritariamente entre los trabajadores de más de 50 años (un 59% del total).

Los sindicatos demandan más inspectores para controlar que las condiciones de trabajo en las empresas sean seguras y reclaman, de forma urgente, una nueva ley de prevención de riesgos laborales, demanda que se comprometió a abordar la pasada primavera la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que debe ser retomada por el nuevo Gobierno.

Las centrales proponen acompasar la normativa a las nuevas realidades del mundo del trabajo, en constante transformación demográfica, digital y climática. Es necesario adaptar las normas de salud laboral a la llegada de la inteligencia artificial, la conectividad permanente en muchos empleos, los cada vez más frecuentes fenómenos climatológicos adversos y el envejecimiento de la población activa. El pasado mayo, entró en vigor el decreto sobre prevención en episodios de elevadas temperaturas, pero la actual norma sobre riesgos laborales tiene ya 28 años. Es un buen momento para abordar una reforma general de la ley que la adapte al siglo XXI.