Blancanieves en lo social, Cenicienta en la economía

Seguramente era el discurso más difícil de Pedro Sánchez. Nunca afrontó un acoso tan amplio y denso. Llegaba asediado por tierra, mar y aire, desde los rivales políticos, algunos sectores de altos cuerpos del Estado, de patronales y grandes empresas… y desde el espacio público físico, que no había sido okupado por la derecha desde que Manuel Fraga proclamó en 1976: “La calle es mía”.

Así que su margen para horadar ese rechazo de cemento era estrecho, pues debía contrarrestarlo al mismo tiempo que pugnaba por rescatar el apoyo de los suyos, en muchos casos desconcertados. Aunque apoyado en que el Estado de derecho seguía en pie, como demostraba la negativa del Supremo a suspender cautelarmente la investidura, esa disparatada petición de los ultras.

El aspirante usó un doble registro para desarticular el múltiple envite. Con la mano izquierda más flexible, procuró recoger desde la complicidad las inquietudes de los opositores, sobre todo las protestas de los ciudadanos de base. Brindó respeto a su derecho a manifestarse contra sus propias medidas. Y alabó su voluntad de participación. Eso será normal en casi toda Europa, pero es menos frecuente en España, y aún menos en un dirigente tan acusado de orgulloso, cuando no de soberbio, quizá porque encubra timidez con automatismo metálico.

Con la mano izquierda más firme, desgranó el mantenimiento, ampliación y profundización del proyecto social enhebrado por el Gobierno de coalición que busca revalidarse: fue la Blancanieves triunfante, el gran asunto de su homilía, junto a la concordia con todos los catalanes mediante la amnistía: los pilares de su propuesta para cuatro años.

Los grandes momentos retóricos fueron el deslinde entre los programas nacionales (e internacionales) “reaccionarios” y los “progresistas”. No solo en la vertiente política. También en la política social.

Así acudió a la tradicional comparación (en su favor, claro) de cómo la gente vivió el anterior mandato y el suyo: “En 2018, cuando gobernaba el PP en España, era legal despedir a un enfermo”; o pagar salarios de 700 euros al mes; o vender las viviendas de protección oficial a fondos buitre; o cobrar un copago farmacéutico a los pacientes más vulnerables.

Y, de atrás hacia adelante, prometió simplificar el ingreso mínimo vital para aumentar el número de beneficiarios; mejorar el acceso a la vivienda mediante todas las palancas que anunció en las elecciones; cabalgar más en la igualdad hombre-mujer con normas de paridad plena; crear nuevas infraestructuras en la España vaciada y reformar de una vez por todas la financiación autonómica, quitas de las deudas regionales incluidas, de modo que se evite repetir recortes sociales.

Priorizó la recuperación del poder adquisitivo como tarea en que “vamos a dejarnos la piel” y anunció la prolongación de las medidas de reducción de los precios alimentarios hasta junio, nuevos alivios hipotecarios, y apoyos a los jóvenes. Recreó, pues, y con amplitud, las 48 páginas del programa de gobierno PSOE-Sumar (“España avanza”). Aunque solo muy ligeramente en lo relativo a su objetivo del pleno empleo.

Y fue escueto, demasiado escueto —Cenicienta arrinconada—, en el desarrollo del plan económico con que financiará esos avances: igual es que dio el asunto por supuesto, o lo dejó para el debate presupuestario. Debió sonar a insuficiente en muchos oídos, dada la inquietud por las guerras en curso, la inflación, el rigorismo de los tipos de interés y lacaída del comercio mundial.

Las dos grandes incógnitas de fondo y a largo plazo de la economía, cómo aumentar la productividad y cómo reducir la deuda pública, quedaron en sordina. En cuanto a la productividad, Sánchez adelantó al menos un compromiso nuevo, el de “incorporar incentivos” que faciliten la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas.

Sobre el saneamiento de las finanzas públicas, apenas algunas alusiones a la necesidad de allegar más recursos, mediante el aumento de la progresividad en el impuesto sobre la renta, la lucha contra la economía sumergida, y una firme fiscalidad a bancos, eléctricas y capas altas: “Los ricos tienen que pagar más impuestos y mientras nosotros gobernemos van a pagar más que el resto”. No dio detalles, pero dio la cara.