Tragedia en Murcia

Una tragedia como la de Murcia, con 13 muertos en el incendio de una zona de discotecas, despierta antes que nada el horror, la compasión por las víctimas y la solidaridad con sus allegados. Pero inmediatamente se impone la exigencia de explicaciones y de responsabilidades para que los fallecidos y sus familiares obtengan justicia y para que no se repita el drama.

Desde enero de 2022 pesaba sobre las dos discotecas incendiadas (Teatre y la Fonda Milagros) una orden de cese de actividad derivada de la reforma proyectada por la primera para dividir el local, según confirmaron el lunes los sucesivos responsables de Urbanismo del Ayuntamiento, tanto el del PP como su predecesor, del PSOE. En octubre siguiente, esa misma concejalía requirió a los servicios de inspección que comprobasen el cese de actividad. ¿Por qué no se hizo?

Un año después, los responsables políticos no pueden descargar solo sobre los técnicos municipales la responsabilidad de que esa orden no llegara a ejecutarse. No hablamos de locales clandestinos, sino de establecimientos que se publicitaban abiertamente y activos en una zona de la capital murciana a la que acuden centenares de jóvenes cada fin de semana, a veces con vigilancia policial para prevenir incidentes. Además, en marzo pasado, y pese a carecer de licencia, Teatre superó una inspección municipal de sanidad dentro del proceso del nuevo proyecto de legalización aún en tramitación.

También es indignante que los responsables de ambas discotecas y sus abogados se enzarcen en una cadena de reproches sobre cuál fue el foco del siniestro y quién sabía qué de su situación legal. La investigación abierta por un juzgado de Instrucción permitirá contestar a las muchas preguntas aún pendientes, comenzando por la causa del siniestro. El hecho de que las diligencias se hayan incoado por 13 supuestos delitos de homicidio imprudente sugiere la existencia de responsabilidades penales.

El ocio nocturno es un sector que en 2019, antes de la pandemia, supuso casi un 2% del PIB nacional. Su importancia económica da la medida del volumen de locales que existen en el país. Casos como el de Murcia, o el incendio que en abril causó tres muertos en un restaurante en Madrid, deben alertar sobre qué medidas de seguridad, de las que son responsables los dueños de los locales, no se han desarrollado. O cuántos errores burocráticos salen solo a la luz cuando ocurre una tragedia.

Cientos de miles de jóvenes disfrutan cada fin de semana de la enorme oferta de ocio nocturno en toda España. Y millones de personas (padres, madres, familiares, amigos) aguardan su regreso a casa. Muchos de ellos se preguntan hoy quién vigila la fiesta. Ni la codicia ni la negligencia sirven como respuesta.