Sin excusas para el bloqueo

El Tribunal Constitucional avala la reforma legal por la que se impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. La reforma ha impedido desde su aprobación en marzo de 2021 que se cubran vacantes por jubilación o fallecimiento en el Tribunal Supremo, entre otros, pero no ha afectado a los ascensos reglados de jueces y magistrados por escalafón. La sentencia, aprobada este lunes en el pleno del alto tribunal, resuelve el recurso presentado por Vox y cuya doctrina se aplicará también al presentado por el Partido Popular. El fallo ha contado con el apoyo de los siete magistrados progresistas y el voto en contra de los cuatro conservadores.

La modificación legal objeto de estudio fue la fórmula utilizada por el Gobierno de coalición para tratar de impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en régimen de interinidad desde diciembre de 2018. Al reducir significativamente las competencias del CGPJ en lo relativo a nombramientos, la reforma pretendía eliminar parte de los incentivos del PP para persistir en su posición de incumplimiento de la obligación de renovación periódica de los órganos constitucionales.

La precaria situación en la que operan el Tribunal Supremo y otros tribunales como consecuencia de la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces fue descrita por el presidente del Supremo, Francisco Marín, como un panorama “desolador”. Lo hizo hace un mes, durante su discurso con motivo de la apertura del año judicial. En esa misma intervención se preguntaba también si forma parte de la “normalidad democrática” la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años o si es compatible con esa “normalidad” un Tribunal Supremo —órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, según establece la Constitución— cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y con algunas salas al borde del colapso. La respuesta es obvia. También lo es a quién corresponde la responsabilidad de tan grave situación. La sucesión de pretextos del PP para impedir la renovación no deja demasiado margen para la equidistancia.

Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional resulta pertinente emplazar, una vez más, al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para que lleve a la práctica su compromiso de respeto a la Constitución y acuerde, sin mayor dilación, la renovación de un Consejo cuya situación irregular compromete gravemente su credibilidad. No es posible mantener por más tiempo un inmovilismo jurídicamente inaceptable y políticamente irresponsable. La reiterada exigencia del PP de supeditar la renovación del CGPJ a una reforma en el método de nombramiento de sus miembros siempre ha sido una excusa discutible e incumple las reiteradas recomendaciones de Bruselas: primero renovar con urgencia e inmediatamente después afrontar la reforma del proceso de elección.

Aunque no resulta fácil imaginar una renovación del CGPJ mientras no se constituya un nuevo Gobierno, es necesario insistir en la necesidad de que su urgencia no quede opacada por debates que, sin duda, marcarán el arranque y el futuro de la legislatura. Es imprescindible que la actualización de este órgano constitucional cuente de una vez con una participación plenamente responsable del Partido Popular. Pero si persiste en su posición de bloqueo, será responsabilidad del Gobierno y de las Cortes Generales buscar fórmulas para superar una situación que daña en extremo la calidad de nuestra democracia.