Una justicia bajo mínimos en la apertura del año judicial

El rey Felipe VI preside el próximo jueves la apertura del año judicial, el acto más solemne del curso político, pero que, un año más, no podrá abstraerse del estado de desesperación que describen los principales actores del Poder Judicial. Con un gobierno a la deriva y con el mandato vencido desde hace casi cinco años, el Tribunal Supremo al borde del colapso con un 25% de plazas sin cubrir y los juzgados ahogados por sobrecarga de trabajo, el Poder Judicial arrastra los pies hacia un nuevo curso en el que, si sigue la tendencia de los últimos años, ingresarán más de 6.000 nuevos casos y se resolverán otros tantos, mientras los operadores jurídicos claman por más medios humanos y materiales que oxigenen el sistema.

Hace justo un año, el entonces presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dio un golpe en la mesa, en presencia del Rey, y anunció que dimitiría en pocas semanas si los partidos no llegaban a un acuerdo para desbloquear la renovación del órgano del gobierno de los jueces, que tenía que haberse hecho en diciembre de 2018. La renovación no llegó y Lesmes renunció al cargo, lo que dio lugar a una de las mayores crisis institucionales de la última etapa democrática. Doce meses después, la situación se ha cronificado y, aunque este año no se esperan dimisiones, las tensiones que atraviesan el Poder Judicial volverán a colarse entre el boato del acto.

Estas son algunas de las claves del año judicial que ahora empieza:

La “insostenible” situación del Supremo. Las vacantes en la cúpula judicial, más de 70 en total y más de una veintena de ellas en el Tribunal Supremo, son una losa, cada vez más pesada, sobre la justicia española, endémicamente deficitaria de medios y que en los últimos años ha visto cómo se quedaban decenas de sillas vacías y cargos ejercidos de forma interina en sus principales órganos. Una reforma legal impulsada por el Gobierno en 2021 prohíbe al actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a los cargos judiciales de designación discrecional —magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de audiencias o de tribunales superiores―por lo que no se pueden cubrir los puestos que se quedan vacíos por fin de mandato, jubilaciones, fallecimientos o salidas voluntarias.

Esa losa se hará más grande el mismo día que se celebra la apertura del año judicial, que coincide con la fecha de jubilación del magistrado Fernando Ignatelli, de la Sala Quinta (Militar). La ley asigna a esta sala un presidente y siete magistrados, pero con la marcha de Ignatelli serán ya tres los puestos sin cubrir. Esa nueva salida eleva a 23 los puestos vacantes en el Tribunal Supremo, más de un 25% de las 79 plazas que suma entre sus cinco salas. La situación es “insostenible”, según sucesivos informes y acuerdos suscritos por la Sala de Gobierno, que advierten del “colapso” al que se acercan algunas salas.

“El panorama no es que sea desolador, es que es indignante. E indigno de un alto tribunal. Se han incorporado refuerzos que nos ayudan, pero hay muchas cosas que no puede hacer nadie por nosotros, como, por ejemplo, deliberar”, explica un magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), que con 12 de sus 33 puestos vacantes es la más afectada y se ha visto obligada a reordenar sus secciones y mover jueces de una a otra para poder conformar tribunales de cinco magistrados. Las bajas se acumulan también en la Cuarta (Social), a la que la ley de Demarcación y Planta Judicial asigna un presidente y 12 jueces y que ahora tiene solo siete. La Sala Primera (Civil), que debería estar compuesta por un presidente y nueve magistrados, tiene dos vacantes, las mismas que la Sala Segunda (Penal), integrada según la ley por un presidente y 14 jueces.

Jubilaciones y salidas voluntarias en la agonía del CGPJ. La situación de la cúpula judicial es consecuencia directa de la interinidad sostenida en el tiempo del órgano de gobierno de los jueces, la institución que debe velar por la independencia y el buen funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, pero que hace ya casi cinco años que permanece bloqueado. El actual CGPJ, nacido en 2013, tenía que haberse renovado en diciembre de 2018; sin embargo, sus vocales van camino de duplicar el tiempo de mandato para el que fueron elegidos y no se atisba una solución a corto plazo. Ha estado a punto de conseguirse varias veces en los últimos cinco años, pero el PP rechazó firmar el acuerdo cuando ya parecía casi cerrado.

El escenario más optimista sitúa la renovación a final de año, si es que para entonces hay un nuevo gobierno que consiga impulsar un acuerdo del que, forzosamente, tienen que formar parte PSOE y PP porque la elección del nuevo CGPJ requiere dos tercios de los votos del Congreso y el Senado. El órgano seguirá funcionando mientras tanto con su actual composición, diezmada por dimisiones, jubilaciones y fallecimientos. El CGPJ tendría que tener 21 miembros y ahora solo tiene 16, con una arrolladora mayoría conservadora (10 frente a seis) que, desde julio pasado, ha recuperado también la presidencia suplente, tras la jubilación de Rafael Mozo, el vocal que sucedió a Carlos Lesmes cuando este dimitió como presidente hace 11 meses.

El nuevo presidente, Vicente Guilarte, se pone al frente de un pleno que acabó el curso dividido por los cambios en su principal órgano de decisión, la comisión permanente, el destino al que aspiran muchos de los vocales porque sus siete miembros son los únicos que trabajan y cobran (alrededor de 130.000 euros al año) de forma exclusiva del CGPJ. Cinco consejeros (tres del bloque conservador y dos del progresista) se opusieron a los cambios en esa comisión y está por ver hasta qué punto esta situación afecta a la habitual división por bloques del órgano de gobierno de los jueces.

La propia situación de Guilarte es también objeto de discrepancias, ya que algunos vocales consideran que los trabajos de abogado y catedrático de derecho civil que mantuvo hasta ocupar este cargo dejan en entredicho su independencia para ejercer la presidencia suplente. “Hasta ahora siempre hemos ido enderezando el rumbo tras cada crisis, pero es verdad que lo que ocurrió en julio nos puede pasar factura internamente”, señala un vocal del bloque conservador, que añade: “Si hasta ahora muchas veces desde fuera se nos veía muy divididos, desde dentro nunca lo hemos visto así. Eran debates puntuales, que nosotros relativizábamos en cuanto pasábamos al siguiente punto. Pero la situación ahora es muy tensa y se nos puede atragrantar”.

Del estado de descomposición del CGPJ dan cuenta también las sucesivas salidas voluntarias que se están registrando en su equipo técnico. Fuentes del órgano señalan que en las últimas semanas se han producido o están cerca de consumarse hasta cinco bajas en puestos de responsabilidad clave. El secretario general y el gerente han pedido la jubilación anticipada, mientras que los responsables del servicio de Inspección, del gabinete técnico y de estudios, informes y convenios se van a otros destinos (unos porque se lo han ofrecido y otros porque tenían plaza en los mismos). Todos, supuestamente, cansados de la situación.

Sobrecarga de trabajo. La situación en la cúpula judicial ha agravado el estado ya de por sí complicado de la justicia en España. Al aumento de la litigiosidad en los últimos años -un 13,6% entre 2020 y 2021, último año del que hay registro, según los datos del CGPJ- se une la falta de medios materiales y humanos de la que se quejan todos los operadores jurídicos y que lleva a que algunas causas judiciales tarden hoy en resolverse el doble que hace 10 años. Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, la duración media de los procedimientos se ha duplicado en la última década en algunos órganos, desde los juzgados de primera instancia e instrucción encargados de los procedimientos penales a varias de las salas del Tribunal Supremo más afectadas por la imposibilidad de cubrir las vacantes. La Sala Primera, de lo Civil, encargada entre otros asuntos de los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, tardaba en 2012 una media de 11,1 meses en resolver un recurso. En 2023, la espera supera ya los dos años (24,3 meses). Algo parecido ocurre en la Sala Cuarta, la de lo Social, la que tiene la última palabra sobre los pleitos entre empresas y trabajadores y de la que depende en muchas ocasiones la indemnización que pueda cobrar un empleado despedido o la posibilidad de que un trabajador recupere su puesto. En 2012, la espera se demoraba una media de 10,5 meses; en 2023, casi año y medio (17,4 meses).

En el caso del Supremo, los datos indican un aumento exponencial del tiempo de respuesta en los dos últimos años, pero en otros órganos, la situación es más “endémica”. Aunque los últimos informes del CGPJ constatan una “mejora de la situación” -en el año 2021 ingresaron en el conjunto de los órganos judiciales españoles un total de 6.273.090 asuntos, y se resolvieron 6.323.819- al final de ese año seguía habiendo pendiente de resolver 3.144.583, es un 0,4% inferior a los existentes al final de 2020, pero un 10,9% superior respecto a 2019. Los juzgados más congestionados son los de Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Baleares, Cataluña y Madrid, 1,51. Los menos, los de Aragón, Navarra y Asturias.

A la espera de sentencias con repercusión política. Casos como el del procés, la trama Gürtel o los ERE de Andalucía han generado en los últimos años sonoras interferencias entre el calendario judicial y el político. Situaciones similares pueden repetirse en los próximos meses si algunas de las sentencias más importantes que están pendientes en los tribunales se resuelven antes de que fructifiquen las negociaciones para la investidura o si, por el fracaso de estas, hay que repetir elecciones. El Supremo tiene pendiente, entre otras, el recurso contra los indultos a los líderes independentistas, que ha generado gran ruido incluso dentro del propio tribunal por el cambio de criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que primero rechazó revisar las medidas de gracia y, unos meses después, y tras un cambio en la composición del tribunal, los admitió a trámite. Una posible revocación de los indultos otorgados a Oriol Junqueras y los otros ocho líderes secesionistas condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel podría alterar el diálogo entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas.

El alto tribunal, pero en este caso la Sala Penal, tiene también pendiente resolver los recursos por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (la sentencia de la Audiencia Nacional descarta la teoría sostenida por partidos independentistas de que el estado permitió los ataques para dar un susto a Cataluña en pleno procés); y el presentado por el PP contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena como responsable civil subsidiario del delito fiscal cometido por su extesorero Luis Bárcenas, en el conocido como caso de la caja B.

El Constitucional dictará también en los próximos meses resoluciones clave. Entre ellas, la que resuelve el recurso de PP y Vox contra la reforma legal de 2021 que prohibió los nombramientos discrecionales. La ponente es la magistrada progresista María Luisa Balaguer y se espera que el tribunal avale la norma, lo que mantendría el veto sobre las designaciones en la cúpula judicial e incrementaría los puestos vacantes a medida que se produzcan nuevas salidas o finalicen los mandatos para los que fueron elegidos los cargos de responsabilidad (por ejemplo, las presidencias de sala del Supremo o las de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia).

El órgano de garantías prepara también la respuesta al recurso presentado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Supremo que le condenó por darle una patada a un policía tras una manifestación en 2014 y contra la la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de considerar que esa condena debía implicar la pérdida del escaño. Si el tribunal ampara al exdiputado, este ya no podría recuperar su escaño porque aquel Parlamento murió con las elecciones de 23 de julio.