El Constitucional se prepara para avalar la ley que prohíbe al CGPJ nombrar cargos judiciales

La justicia sufre un deterioro colosal en España como consecuencia del bloqueo impuesto por el PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una reforma legal de 2021 prohíbe a este organismo, integrado por jueces y juristas de reconocido prestigio, nombrar cargos judiciales —magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de audiencias o de tribunales superiores― a medida que se producen vacantes en los distintos órganos por finales de mandato, jubilaciones o fallecimientos. Esta limitación afecta ya a un centenar de nombramientos, aunque la situación más grave se da en el Supremo, donde 21 de los 79 magistrados de este tribunal no han podido ser sustituidos tras jubilarse, lo que repercute en el funcionamiento normal de algunas de las salas más afectadas por las bajas.

La prohibición legal de hacer nombramientos cuando el mandato del Consejo General del Poder Judicial está finalizado fue una idea del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) para forzar al PP a llevar a cabo la renovación. Pero la medida, aprobada de urgencia por el Congreso de los Diputados a través de una proposición de Ley, no tuvo los efectos esperados. El bloqueo para la renovación continua mientras el problema de la falta de magistrados en el Supremo por la imposibilidad de nombrar cargos judiciales se ha ido agravando con el paso del tiempo.

El Tribunal Constitucional tiene previsto votar en septiembre la ponencia elaborada por la magistrada María Luisa Balaguer, que propone rechazar el recurso de la derecha parlamentaria (PP y Vox) y avalar la constitucionalidad de la reforma legal aprobada en marzo de 2021. Si la ponencia sale adelante, quedará fijada siempre la posibilidad constitucional de prohibir el nombramiento de cargos judiciales si el CGPJ, como ocurre desde finales de 2018, tiene el mandato caducado.

El texto de esa ponencia, según indican a EL PAÍS fuentes conocedoras del mismo, respalda la norma que prohíbe los nombramientos y propone rechazar los recursos de la derecha parlamentaria. El único reparo constitucional a la reforma legal de 2021 afectaba a los nombramientos de magistrados del Constitucional por parte del CGPJ, que también estaban prohibidos. Pero a finales de 2022, se aprobó una modificación de la norma que salvaba del veto de los nombramientos al Tribunal Constitucional, lo que permitió renovar este órgano con el nombramiento de dos magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial, aunque con algunos meses de retraso.

El futuro aval del Constitucional a la prohibición legal vigente haría todavía más necesaria una renovación del Poder Judicial a la que el PP se ha negado durante cinco años, pese a que tanto su anterior líder, Pablo Casado, como el actual, Alberto Núñez Feijóo, amagaron con la posibilidad de llegar a un acuerdo para los nombramientos, aunque luego rectificaron alegando supuestos incumplimientos por parte del Ejecutivo. Para romper las negociaciones y justificar su negativa a renovar el consejo, el PP llegó a esgrimir desde insultos al Rey por parte de uno de los socios del Gobierno hasta la reforma penal de los delitos de sedición o malversación.

Por su parte, PSOE y Sumar han sopesado impulsar una reforma de la ley del Poder Judicial que permita, en determinadas circunstancias, renovar el CGPJ con mayoría absoluta, y no con la mayoría cualificada de tres quintos que se exige ahora y que permite al PP bloquear durante el tiempo que quiera los cambios que la Constitución impone. Pero ni PSOE ni Sumar se han pronunciado tras las elecciones generales del 23-J sobre si quieren activar esta iniciativa parlamentaria, muy cuestionada en Bruselas, cuando se inicie el nuevo curso tras la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto.

La composición del Consejo General del Poder Judicial ha reflejado desde 1985 la sensibilidad ideológica presente en las Cortes, de manera que, por ejemplo, cuando el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta, como ocurrió a finales de 2011, se trasladó esa misma proporción al Gobierno de los jueces. 11 de los 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado en 2013 eran de tendencia conservadora, avalados por los diputados y senadores populares.

La renovación del CGPJ debería haberse efectuado en 2018, según los tiempos marcados en la Constitución. Pero eso no ha ocurrido porque el PP bloqueó la renovación y mantienen vigente la composición de 2013, con una mayoría absoluta de vocales conservadores a los que el Gobierno de coalición retiró por ley el poder de nombrar a cargos judiciales en los distintos órganos.

El PP de Alberto Núñez Feijóo prometió en la pasada campaña electoral del 23-J derogar la reforma legal si formaba Gobierno para permitir así que el Consejo General del Poder Judicial, incluso con el mandato caducado, pudiera hacer los 21 nombramientos del Tribunal Supremo y así acabar con el atasco en este órgano clave para el funcionamiento de la administración de Justicia.

El PP también planeaba reformar la ley del Poder Judicial para que los 12 jueces que integran el CCGPJ fueran elegidos directamente por los jueces, y no por el Congreso y el Senado, como ocurre ahora. Las Cortes eligen a 12 vocales jueces de una selección que previamente han hecho los propios jueces. De hecho, hay cerca de 40 candidatos jueces a la renovación del actual CGPJ que lograron en su día los avales necesarios de sus compañeros para la selección que luego deberían haber hecho y votado las Cámaras.

El bloqueo en la renovación afecta principalmente a la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, muy mermada por la jubilación de un tercio de sus magistrados. Esta situación provoca que cada año se dicten 1.000 sentencias menos (un 25%) y, por tanto, se produzca un atasco considerable en la resolución de conflictos que enfrenta a los ciudadanos con la administración pública. Entre los temas pendientes de resolver por esta sala se encuentra los indultos concedidos por el Gobierno a los dirigentes independentistas del procés catalán.