Batet se vale de otro informe para avalar la retirada del escaño al diputado de Podemos

Alberto Rodríguez exige explicaciones a la presidenta del Congreso y la formación morada reclama su dimisión “por dignidad”

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (centro) y, a su lado, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se dirigen a una reunión de la Mesa de la Cámara, el pasado jueves.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (centro) y, a su lado, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se dirigen a una reunión de la Mesa de la Cámara, el pasado jueves.Eduardo Parra (Europa Press)

El culebrón sobre el caso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez no amaina. La dirección nacional de Podemos respaldó este lunes al exparlamentario, condenado por propinar una patada a un policía durante una manifestación en 2014 y al que la presidenta del Congreso ha retirado su escaño tras mantener durante días un conflicto institucional con el Tribunal Supremo. Podemos exigió la dimisión de Meritxell Batet por “dignidad”. La crisis llegará este martes a una nueva Mesa del Congreso, en la que Batet justificará su actuación con un nuevo informe que solicitó el viernes y que este lunes ha redactado el secretario general de la Cámara, en el que se argumenta que no tenía otra opción ante el mandato que le refrendó el Tribunal Supremo. Rodríguez, por su parte, requirió por escrito a Batet explicaciones de su decisión, que le justifique en qué norma o jurisprudencia se basa y si fue una medida de su responsabilidad o colectiva.

Batet, ante la gravedad a la que había llegado la crisis institucional y política por el caso del exdiputado Alberto Rodríguez, demandó el pasado viernes de los servicios letrados de la Cámara un nuevo informe aclaratorio sobre la resolución de ejecución de sentencia con la confirmación de la pérdida del escaño que le había enviado el pasado 22 de octubre el Supremo sobre la condena al ya exparlamentario. El Supremo ratificó que la pena era obligada y concluyó: “La pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de ejecución —y solo a estos exclusivos efectos— se haya acordado su sustitución por una pena de multa”. El secretario general del Congreso infiere de esa conclusión “que la pena privativa de libertad impuesta en origen no pierde su naturaleza por el hecho de haber sido sustituida”. Y por esa razón informa a Batet que debe declarar la pérdida de la condición de diputado a Rodríguez.

El conflicto abierto entre el PSOE y Unidas Podemos por el caso Rodríguez parecía haber llegado a su punto álgido el viernes, cuando la formación izquierdista anunció una querella contra Batet. Luego Unidas Podemos renunció a este planteamiento de máximos, que no conocían todos los componentes de la coalición, pero el choque continúa y se puede complicar en la cita de la Mesa del Congreso programada para este martes.

Por su parte, Rodríguez ha exigido explicaciones este lunes, por carta y oficialmente, a la presidenta del Congreso sobre las razones y argumentos jurídicos en los que se ha basado para retirarle su escaño. En su requerimiento, anuncia a la presidenta de las Cortes que piensa recurrir esa actuación, le demanda explicaciones sobre por qué se le comunicó esa medida sin “procedimiento previo alguno” y le exige que aclare según qué precepto legal su condena a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo se convirtió en una de privación del escaño.

Alberto Rodríguez entiende que con esa actuación de la presidenta del Congreso se ha producido de hecho una condena no prevista en la sentencia del Supremo y se merman sus derechos como parlamentario elegido en su momento por Canarias por más de 64.000 electores. El exdirigente de Podemos —que anunció este fin de semana su baja en la formación para poder defenderse individualmente y que ha contratado para su defensa los servicios de los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, que llevan la defensa del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont— también requiere a Batet que le diga si actuó de esa manera por una decisión personal o basándose en un acuerdo de un órgano colegiado, como sería en este caso la Mesa del Congreso. La semana pasada, cuando la Mesa estudió este asunto, que se ha convertido en una crisis institucional y un choque de poderes entre el legislativo y el judicial, cinco componentes de ese órgano se decantaron en contra de retirar el escaño a Rodríguez (dos del PSOE y tres de Podemos) frente a los tres de la derecha que respaldaron esa decisión (dos del PP y uno de Vox).

El jueves pasado, en una cita extraordinaria de este órgano del Congreso, su presidenta aprovechó el final del tenso debate político sobre el asunto para consultar con el secretario general de la Cámara de quién sería la responsabilidad y la competencia a la hora de tomar una decisión de esta relevancia. Y el alto funcionario le corroboró que esa responsabilidad sería exclusivamente de la presidenta de la Cámara. Fue entonces cuando Batet pidió un receso de media hora y a continuación anunció públicamente que asumía el contenido de las resoluciones judiciales enviadas por el Supremo sobre que debía inhabilitarse al diputado de manera inminente.

La crisis provocada por la condena y retirada del escaño al diputado Rodríguez parecía encauzada tras el fin de semana, pero ni Podemos ni otros partidos parecen ahora dispuestos a dejarla pasar. Uno de los portavoces nacionales de Podemos, Pablo Fernández, aclaró este lunes que el exdiputado no les había informado el viernes pasado de que había pensado interponer una querella contra Batet ni tampoco ya el sábado de que había optado por abandonar la militancia en la formación. Fernández, en cualquier caso, respaldó todas las actuaciones que lleve a cabo Rodríguez en su defensa: “Rodríguez ha cambiado de criterio y nosotros le respetamos, le respaldamos y le apoyamos en la toma de decisiones que adopte y quiera tomar”. Y coincidió con el exparlamentario canario en que la pérdida del escaño es un “atropello jurídico” sin “ningún tipo de parangón”.

Los demás partidos con representación en el Congreso también están pronunciándose al respecto, con división de opiniones. Los socios habituales del Gobierno, como ERC, Más País o incluso JuntsxCAT, apoyaron al exdiputado y denunciaron como irregular la retirada de su escaño por la condena recibida. Sin embargo, Vox se sumó a la exigencia de dimisión de la presidenta. “Si hubiera algo de dignidad política en quienes están en las instituciones, Batet tendría que dimitir por el espectáculo penoso que se produjo a lo largo de la semana pasada”, ha manifestado este martes Jorge Buxadé, vicepresidente primero de Acción Política de Vox.

Isa Serra: en Europa se percibe una “vulneración de los derechos fundamentales” en España

PAULA CHOUZA

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha arremetido este lunes contra la situación de la justicia y advirtió de que en Europa se percibe una “vulneración de los derechos fundamentales” en España. Al referirse al caso del exdiputado Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo y a quien la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió el viernes retirar el acta, Serra se mostró muy crítica. “Lo que está pasando en este país con la justicia es una vergüenza y es una vergüenza que se está viendo en Europa”, dijo. “Hay que recordar que el Consejo de Europa ha emitido ya varios informes que alertan de la vulneración de derechos fundamentales en nuestro país, que solicitan la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido varias sentencias diciendo que en nuestro país, por la actitud de la justicia, se están vulnerando derechos fundamentales”, afirmó la portavoz en rueda de prensa, sin entrar en ejemplos concretos. 
Serra fue condenada en 2020 —el Supremo confirmo la sentencia el pasado julio— a un año y siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, por atentado a la autoridad, lesiones y daños, por agredir a agentes de policía durante una protesta contra un desahucio en Madrid en 2014. 
Preguntada por EL PAÍS, la portavoz de Podemos especificó después algunas de esas resoluciones de organismos europeos contra España. Entre ellos, el fallo del TEDH que revocó en 2013 la doctrina Parot y dio la razón a la etarra Inés del Río en su recurso. También la sentencia de 2018 que concluyó que Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, no tuvo un juicio justo en el caso Bateragune o los diversos fallos contra España por no investigar suficientemente denuncias de torturas. 
Un informe de la Unión Progresista de Fiscales señaló que, en el último medio siglo, hasta 2017, España, con 46 millones de habitantes, había sido condenada por el Tribunal Europeo en 103 sentencias, siete veces menos que, por ejemplo, Francia (728 sentencias con 66 millones de habitantes).

Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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