Mientras tanto, votar el CGPJ

Antes que nada, mi más cordial enhorabuena a nuestros dos nuevos presidentes de las Cámaras, Francina Armengol, del Congreso, y Pedro Rollán del Senado. Los conozco a los dos y los respeto y considero. Siendo alcaldesa, coincidí con el señor Rollán como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Aprecio su talante y su capacidad para la escucha. Aunque nunca trabajé con la señora Armengol, la admiro y respeto por su labor al frente de la comunidad balear.

Entre sus nuevas y seguro que múltiples tareas considero que asumen una responsabilidad que al parecer no se ha considerado hasta ahora. Sin embargo, en las postrimerías de la anterior legislatura, el Tribunal Europeo certeramente la ha destacado: ambas instancias deben poner en marcha (lo debieron haber hecho sus predecesores) el proceso de elección de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo establece en su reciente sentencia de 22 de junio pasado. Y ello, que quede claro, sin atender o depender de decisiones o pactos previos de los partidos de los que, como el Tribunal recuerda, nada dice la Constitución.

La semana pasada se inauguró el nuevo año judicial y sufrí una enorme vergüenza. Quizás algo más que otros por haber formado parte del sistema judicial. Resulta bochornoso que aún sigamos con un Consejo débil, mutilado y, en el mejor de los casos, suplicante de que los responsables políticos pongan fin a esta situación. Su constatación, repetida año tras año, pone sobre la mesa la responsabilidad de las Cámaras y, en primer lugar, de sus respectivas presidencias.

Nada dice la Constitución de los pactos previos entre partidos. Es la rutina y no la norma la que ha envenenado el proceso de selección de los consejeros. Así lo he señalado ya en un par de ocasiones en este diario.

Lo que antes era una demanda angustiosa se ha convertido hoy en imperativo de la jurisprudencia europea. La sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo es definitiva. En su apartado 96 realza con nitidez lo que debieron haber hecho los presidentes del Congreso y del Senado. Lo que ahora deben hacer los nuevos presidentes.

Dicho artículo 96 recoge que “en virtud de la Constitución Española… el Parlamento tiene la función no legislativa de renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial. El ejercicio de esta función es obligatorio, en particular en lo que respecta a los procedimientos que conducen al resultado final (la votación efectiva de los miembros del Parlamento), y está sujeto a un calendario específico y obligatorio. Los presidentes del Congreso y del Senado deben tomar las medidas necesarias con miras a renovar el CGPJ a su debido tiempo. Esta y otras obligaciones del Parlamento y sus órganos se especifican con más detalle en el reglamento interno de las Cámaras del Parlamento. En particular, la lista de candidatos de la judicatura debe someterse a votación en el Pleno”.

La sentencia apenas ha tenido eco en las propias instituciones ni tampoco en los medios. Posiblemente, porque no entraba en la reyerta partidaria ni señalaba como culpable a ningún partido. Ahora bien, poco conocida, la sentencia resulta fundamental. Parcialmente, da la razón a los recurrentes, algunos de los candidatos propuestos por las asociaciones de jueces. Niega, como es lógico, que tuvieran derecho a ser elegidos, pero sí les reconoce el derecho a haber sido sometidos al proceso de selección. Y no aduce culpabilidad ni responsabiliza a los partidos políticos por no haberse puesto de acuerdo, algo que no menciona por no estar recogido en la Constitución. Responsabiliza, y culpabiliza, a las presidencias de las Cámaras por no haber garantizado ese derecho, sí constitucional, a poner en marcha el proceso de selección de consejeros, mediante su votación por parte de diputados y senadores.

Señora Armengol y señor Rollán, ahora es el momento. El Gobierno está en funciones. Las Cámaras, renovadas, están en plenitud de competencias a la espera de ejercerlas en una investidura pendiente durante meses. Diputados y senadores pueden ejercer libremente su derecho al voto informado. Presidentes, deberían entonces intentar que no se les pudiera, una vez más, responsabilizar de no haber puesto en marcha el proceso de selección de consejeros.

El proceso no encierra mucho misterio. Desde 2017 hay candidatos. Son, como algunos exigen con exclusividad y todos aceptan como paso previo, los propuestos por las asociaciones de los propios jueces, o por jueces independientes. Les aseguro que hay muchos muy, muy buenos, con programas claros y necesarios para sacar a la justicia del hoyo en el que entre todos la hemos hundido. Ahora, transcurridos seis años, habría que revisar la lista. Puede que no todos sigan estando disponibles para participar en el proceso. Una vez confirmado su interés en participar, no habría sino volver a divulgar sus currículos y propuestas, entre los diputados y senadores, así como a los medios. Hecho el sorteo de por qué candidato se inicia el proceso, habría que convocar al primero de ellos a exponer, en sesión abierta y pública, con medios, su visión del Consejo, de qué piensa hacer en un órgano que, no lo olvidemos, es, ante todo, un órgano de gestión. Esa presentación, con más o menos acertadas preguntas de los diputados y senadores, valdría para conocer con alguna profundidad a los candidatos. Van a tener que desarrollar una tarea crucial, de la que depende el funcionamiento de la Justicia, pilar de nuestra democracia. Las presentaciones, abiertas insisto, podrían tener lugar en las respectivas comisiones de justicia de ambas Cámaras.

Las presentaciones darán lugar a comentarios, entrevistas, opiniones, eventuales rechazos y esperables aplausos, que encaucen corrientes de opinión. Tras ellas, habrá que convocar al pleno de cada Cámara para votar, uno tras otro, a todos los candidatos.

Los diputados y senadores, organizados en sus respectivos grupos, habrán hablado internamente y entre ellos. Aun así, lo más probable es que no se llegue en primera votación a poder elegir algún candidato con la mayoría cualificada que exige la Constitución. Quizás, abocados a la sucesión interminable de votaciones, se alcanzarían sin duda acuerdos. Estos, sin embargo, lo serían en el marco del debate público sobre los perfiles de los potenciales consejeros que pueda necesitar ahora el nuevo Consejo y no fruto de oscuros cabildeos en los que no sabemos lo que se ha valorado, lo que se ha decidido y por qué. En todo caso, habrá que votar y votar, sin desmayo, hasta lograrlo. Aquí puede valer un precedente norteamericano, me parece que hicieron falta 15 votaciones para finalmente elegir al presidente de la Cámara de Representantes.

Estimados presidentes, no olviden lo que la ley les dice y el Tribunal ha sentenciado: lo que debieron haber hecho sus predecesores y, por favor, háganlo.

Nuestra democracia lo necesita.