El CGPJ sigue impávido

El cuarto informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en España repite los mismos reproches que los tres anteriores, pero sin atreverse a identificar al principal responsable de la degradación que padece el sistema de la justicia en su conjunto. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial cumple ya cuatro años y medio por decisión de un solo partido político, el PP, quien decidió con su veto a cualquier acuerdo (o su suspensión a última hora) mantener en el órgano de gobierno de los jueces a los vocales que concluyeron su mandato en diciembre de 2018 y perpetuar así su mayoría absoluta conservadora. Ha sido esa mayoría la que ha gobernado el Consejo General del Poder Judicial durante los cinco años en que España, tras pasar dos veces por las urnas, otorgó el Gobierno de la nación a una mayoría progresista. En vísperas de acudir a las urnas para unas nuevas elecciones generales, todavía no ha sido posible trasladar al órgano de gobierno de los jueces la representación política en el Parlamento que ha respaldado al Gobierno de coalición y sigue actuando con las funciones limitadas el mismo CGPJ que respondía a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy obtenida en 2011. Tanto el PP que tuvo como presidente a Pablo Casado entre 2018 y 2021 como la actual etapa liderada por Alberto Núñez Feijóo han impedido la renovación.

El informe de la Comisión Europea recoge los efectos demoledores de esta situación en el funcionamiento del Tribunal Supremo. El Gobierno de coalición decidió aprobar una reforma legal hace más de dos años para impedir al CGPJ seguir haciendo nombramientos de las cúpulas de los tribunales mientras mantuviera el mandato caducado. Si la intención de aquella reforma era forzar al PP al acuerdo de renovación para evitar el atasco judicial que podría producirse al no cubrirse las vacantes que surgieran en el Supremo, no lo consiguió. El PP mantuvo el veto. Dos años después de aquella reforma legal, el Supremo ha perdido casi un 25% de sus magistrados por jubilación o fallecimiento y algunas de sus salas sufren demoras que lesionan a la ciudadanía de forma directa y grave, con retrasos desproporcionados y una parálisis culpable del conjunto del sistema.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea ha abierto una ventana a la esperanza cuando expuso su confianza en que “las nuevas autoridades [en referencia al Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio] solucionen la situación renovando con prioridad el Consejo e inmediatamente después reformen el sistema de nombramientos adaptándolo a los estándares europeos”. Tras las elecciones, gobierne quien gobierne y esté en la oposición quien esté en la oposición, esta renovación continuará siendo una urgencia democrática.

Alberto Núñez Feijóo (PP) ha prometido que si llega al Gobierno reformará la ley vigente desde hace 38 años para que los jueces —en su mayoría pertenecientes a asociaciones conservadoras— elijan directamente a los 12 vocales jueces, sin necesidad de un acuerdo parlamentario entre las grandes fuerzas políticas. Eso sería incumplir lo que la Comisión Europea ha recomendado repetidamente, es decir, renovar primero y reformar la ley después. Pero a estas alturas, tras cuatro años y medio de incumplimiento de la Constitución, saltarse una recomendación europea puede parecerles un incumplimiento menor.