Bruselas alerta de que el bloqueo en el Poder Judicial deteriora el funcionamiento del Tribunal Supremo

La preocupación en Bruselas por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español aumenta. Lo dice el cuarto informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho de la UE, presentado este miércoles. Como en los tres anteriores, el dictamen señala que en España es un “asunto prioritario” acabar con el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que debería haber renovado su composición en diciembre de 2018; y subraya que, al prolongarse la situación tanto tiempo, “aumenta la preocupación respecto a otros informes”. Añade, además, que “la falta de renovación está afectando al trabajo del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto”. Por otro lado, la Comisión constata la falta de avances para reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado; en ese sentido, reclama que se separe “la duración del nombramiento [del fiscal general] de la del Gobierno” que lo designa.

“El problema persiste. Así que esperamos que las nuevas autoridades [en referencia al Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio] solucionen la situación renovando con prioridad el Consejo [General del Poder Judicial] e inmediatamente después reformen el sistema de nombramientos adaptándolo a los estándares europeos”, reclama la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourova. Lo mismo, y casi con las mismas palabras, explica el responsable directo del informe, el comisario de Justicia, Didier Reynders.

El Consejo General del Poder Judicial —el órgano encargado de nombrar a la cúpula judicial en todas las instancias judiciales y territorios, imponer sanciones a los jueces y elaborar informes sobre proyectos de ley del Gobierno— está en funciones desde diciembre de 2018. En octubre de 2022 dimitió su presidente, Carlos Lesmes, tratando de desbloquear la situación. No lo consiguió. Todos los intentos de renovación, que implican el necesario acuerdo entre el PSOE y el PP, han fracasado en el último momento.

La última ocasión se dio en octubre de 2022, cuando el PP volvió a romper la negociación alegando que no podía pactar con el Gobierno cuando este había decidido reformar el Código Penal para rebajar el castigo a los líderes independentistas del procés catalán. Antes de eso, los populares habían frenado también el pacto exigiendo que se cambiara el mecanismo legal para nombrar a los vocales del CGPJ, a pesar de que Bruselas ha dicho repetidas veces que primero ha de producirse la renovación del órgano y, solo después, modificar el método de elección. En la actualidad es el Parlamento quien nombra a los miembros del CGPJ, aunque los vocales de extracción judicial son designados de una lista propuesta previamente por las asociaciones judiciales. El PP defiende que las Cortes no tengan participación ninguna en la elección de esos vocales.

El informe de la Comisión Europea recuerda que a esa situación de bloqueo se sumó en marzo de 2021 la reforma legal, impulsada por el Gobierno, que prohibió al CGPJ seguir nombrando altos cargos de la judicatura, incluidos los del Tribunal Supremo, mientras siga en funciones. La consecuencia es que, “debido a la no renovación, el 30% de puestos en el Tribunal Supremo están vacantes”, resalta el dictamen. Y apunta que, “solo teniendo en cuenta tres de las cuatro cámaras [salas] del Supremo (donde el número de vacantes es más alto), se están emitiendo 1.230 decisiones menos por año”. “En su informe sobre España de diciembre de 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) consideró que el bloqueo en la renovación [del CGPJ] es una preocupación crítica”, remarca la Comisión.

Cada capítulo destinado a un país contiene un breve repaso de cómo ha aplicado las recomendaciones formuladas el año anterior. En este sentido, la Comisión reprocha a España que “no hay más progresos en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, en particular sobre la separación de los periodos de ejercicio en el cargo del Fiscal General del Gobierno”. Por tanto, este año vuelven a repetir la reclamación: que el mandato del Fiscal General, nombrado por el Gobierno, no dure los mismos cuatro años que dura el Gobierno que lo nombra, para no quedar expresamente vinculado a él. Lo mismo sucede con el Consejo General del Poder Judicial y con la adopción de medidas para reducir las largas instrucciones de casos complejos de corrupción.

A pesar de estas críticas, España no es un país con problemas en su Estado de derecho de la gravedad de Polonia, del que, recuerda la Comisión, hay sentencias en contra del Tribunal de Justicia de la UE y multas.

El informe de 2023 añade un nuevo consejo: “fortalecer las reglas de conflictos de interés y declaraciones de activos de personas con altas funciones ejecutivas reforzando el poder de la oficina de conflictos de intereses”. Resumen los técnicos de la Comisión que hubo un acuerdo entre el PSOE y el PP en octubre de 2022 para restringir las puertas giratorias que permiten el tránsito de jueces y fiscales a la política, pero ese acuerdo formaba parte de la renovación fracasada del CGPJ y desde entonces no se ha hecho nada.

Además, Bruselas pide que se siga “avanzando en reforzar el acceso a la información, en particular con la revisión de la ley de secretos oficiales, teniendo en cuenta los estándares europeos”. Admite que, en este punto, España ha hecho “algunos progresos” en el último año, pero pide más. Y no olvida el informe las críticas de “los políticos, incluidos miembros del Gobierno”, a los jueces a lo largo de 2022, una aparente referencia a las acusaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que atribuyó al “machismo” de los jueces las rebajas de pena a agresores sexuales derivadas de la aplicación de la ley del solo sí es sí. No obstante, la cita de este capítulo no pasa de hacerse eco de las quejas formuladas por asociaciones de jueces ante esas críticas de cargos políticos, sin llegar al punto de emitir recomendaciones.