La Comisión Europea avisa de que el bloqueo del Poder Judicial empieza a afectar al funcionamiento de la justicia

Por tercer año consecutivo, la Comisión Europea pide a España que ponga fin de forma urgente al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces españoles. El Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles su tercer informe sobre el Estado de derecho en la UE, un exhaustivo repaso a los incumplimientos de los 27 socios en este ámbito. El documento reclama a España que proceda a la renovación del CGPJ “con carácter prioritario” y que inicie, “inmediatamente después”, un proceso con vistas a cambiar el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”; es decir, estableciendo que al menos la mitad de sus miembros sean “jueces elegidos por sus pares”. En España, los 20 vocales del órgano son elegidos por las Cortes, aunque los 12 de extracción judicial provienen de una lista de nombres aportada previamente por las asociaciones de jueces.

El informe llega en un momento crítico en las negociaciones entre el PSOE y el PP, después de que este lunes fracasara el enésimo intento de ambos partidos para pactar la renovación del Poder Judicial, esta vez con Alberto Núñez Feijóo al frente del principal partido de la oposición. La resistencia de los populares a sentarse y llegar a un acuerdo ha provocado que el CGPJ lleve tres años y medio con el mandato caducado, algo inédito.

“El retraso en la renovación del CGPJ sigue siendo preocupante”, señala el informe dedicado a España, de 30 páginas. “El Consejo del Poder Judicial lleva ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018″, lo cual hace temer que pueda ser percibido como “vulnerable a la politización”. Según el texto, “se han repetido los llamamientos para que se proceda a su renovación urgente y la situación ha sido descrita por los principales interesados como insostenible y anómala”.

La Comisión reconoce que ha existido algún progreso en estos meses en España. “Quiero ser justa, he visto avances”, dijo este martes Vera Jourová, comisaria europea de Valores y una de las autoras del informe, en un encuentro con periodistas entre los que se encontraba EL PAÍS. Jourová, que también ejerce el cargo de vicepresidenta de la Comisión Europea, recordó como un paso adelante que el Gobierno de Pedro Sánchez retirara el año pasado la proposición de ley con la que pretendía reducir la mayoría necesaria para elegir a los vocales del CGPJ, para que los votos del PP dejaran de ser imprescindibles. Si esa ley se hubiera aprobado, subrayó la comisaria, España “no cumpliría con las normas sobre la creación imparcial de un consejo judicial general”. Su retirada “fue algo positivo”. Pero hasta ahí llegan las buenas noticias: “Nada positivo desde entonces”.

La comisaria alerta de que la persistencia del inmovilismo “va a suponer un problema muy serio para la judicatura española porque está bloqueando operaciones y nombramientos de jueces”, cuyos efectos podrían empezar a verse ”en la actuación práctica de los órganos judiciales”. En opinión de Jourová, que ha visitado recientemente España y se ha entrevistado con miembros de los partidos, no va a darse una solución a corto plazo: “No parece que vaya a ser el caso”.

El documento conocido hoy recuerda un informe técnico del Tribunal Supremo, publicado en octubre de 2021, que concluye que este órgano judicial “está ejerciendo sus funciones con un 14% menos de jueces de lo que exige la ley” ―porque el CGPJ en funciones no puede realizar nombramientos― y que eso podría “dar lugar a que el Tribunal emita 1.000 decisiones menos al año, lo que socava la eficiencia de la justicia”.

Corrupción y ‘lobbies’

El informe del brazo ejecutivo de la UE, que pone especial foco en países con los que Bruselas mantiene tradicionalmente una larga batalla desde hace años ―como Hungría y Polonia―, contiene en cualquier caso munición contra los 27 socios comunitarios. El informe cubre cuatro áreas clave en las que se desenvuelven los valores de la UE: la independencia de los sistemas judiciales, el marco de lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y los controles y equilibrios institucionales.

Esta tercera edición es la primera que incluye recomendaciones específicas a los Estados miembros. En el caso de España se le pide, además de la renovación del Poder Judicial, “reforzar el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía de la Fiscalía”.

En materia de corrupción, el informe recuerda a España que “sigue siendo preocupante” la duración de las investigaciones y juicios por casos de corrupción, “en particular en lo que respecta a los casos de corrupción complejos y de alto nivel”, y le pide que siga con los esfuerzos para presentar una legislación sobre los lobbies, “incluido el establecimiento de un registro público obligatorio”.

El texto también contiene entre sus recomendaciones “la revisión de la Ley de Secretos Oficiales”, que se remonta a la época franquista, para “reforzar el acceso a la información”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha expresado su intención de ponerse manos a la obra, con la aprobación de una nueva ley de Información Clasificada que pretende consensuar con el PP, y el presidente ha anunciado este miércoles que el anteproyecto estará listo este mes de julio.