Prioridades de país

A menos de un mes de las elecciones generales del 23-J, la democracia y sus instituciones están plenamente consolidadas en España sin que nada haga temer, sea cual sea el resultado, por los fundamentos de un sistema homologado por los controles más exigentes de calidad democrática. No obstante, el talante involucionista con el que Vox está condicionando sus acuerdos con el Partido Popular tras los resultados del 28-M —en materia LGTBI, climática, eutanasia o igualdad— hacen necesario subrayar conquistas y proyectos innegociables para la construcción de un país basado en el progreso de su ciudadanía y no en apelaciones viscerales destinadas a eludir la razón de los datos objetivos. Esos aspectos podrían resumirse en dos: más derechos, menos desigualdad.

La identificación de España como referente en la ampliación de derechos sociales se debió en gran medida al empuje del feminismo y a la asunción de la igualdad entre hombres y mujeres como prioridad política a través de leyes como la de violencia de género en 2004, el matrimonio homosexual en 2005 o la del aborto en 2010. En esa senda se sitúa la ley trans aprobada en febrero pasado. Servicios clave como la Sanidad y la Educación —públicas y universales— deberían estar blindados y al margen de la mercantilización y del color del partido que ocupe La Moncloa. Las carencias detectadas en el sistema sanitario exigen frenar su declive progresivo y eludir el riesgo de la deslegitimación social de uno de los pilares de la equidad y la redistribución de la riqueza. Además, el deterioro del sistema público está provocando ya problemas en la sanidad privada. Por su parte, la reforma educativa que acaba de entrar en vigor introduce mejoras que gozan de un amplio consenso y necesitan tiempo para dar sus frutos, sin que una presunta guerra cultural tome a la educación como rehén.

Una España que pretenda progresar no puede hacerlo únicamente con llamamientos a conservar lo ya logrado. También necesita activar un programa de reformas que permita seguir adaptándose a las exigencias de los ciudadanos y a los retos globales de un tiempo marcado por la guerra en Ucrania, la crisis migratoria en el hemisferio sur, la emergencia climática y la transformación digital. Así, un elemento cardinal necesitado de reforma urgente es la Administración de Justicia: cuando la justicia tarda más de 10 años en resolver cuestiones de gran o pequeña envergadura, deja de ser justa. Lo mismo cabría decir de la reforma de la Administración General. Las dificultades para poner en práctica algunas políticas no se resuelven con un ajuste legislativo o la simple contratación de más personal. El desafío radica en modernizar la Administración y adecuar sus estructuras para responder a las necesidades reales de cada servicio. La cohesión territorial pasa, además, por mitigar una despoblación rural que amenaza con producir una España de dos velocidades.

Por supuesto, todo quedará en un pliego de buenas intenciones si se descuida un factor clave: el dinero. La prioridad económica del nuevo Gobierno debería ser afianzar una estrategia de crecimiento del PIB que ha permitido a nuestro país alcanzar récords europeos en impulso de la actividad (5,5% en 2022; previsión del 2,1% para este año). Entre sus efectos benéficos, está la financiación de medidas urgentes para sortear las crisis (ERTES, créditos ICO, ayudas contra la inflación) y para ampliar la protección social a los sectores más vulnerables (el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones). En gran medida gracias a la reforma laboral, España ha vivido un inédito aumento del empleo a casi 21 millones de afiliados y ha mejorado las condiciones de los jóvenes, un segmento de la sociedad tradicionalmente condenado a la precariedad. Ellos son los grandes afectados por otra asignatura pendiente: el derecho constitucional a una vivienda digna.

La clave es mantener las reformas (las leyes imprescindibles de transición energética, plan de recuperación, esbozos de mayor progresividad impositiva, reforma laboral) que han posibilitado estos logros. Ceder en los objetivos de crecimiento implicaría retroceder en su objetivo último, que es garantizar la cohesión social. Pero también urge aprobar otra asignatura, la mejora de la productividad, en una coyuntura europea en la que es imperativo aumentar la velocidad de la consolidación fiscal: sin regresar a las nefastas políticas de austeridad excesiva, habrá que ir reduciendo la deuda y el déficit a niveles compatibles con la aceleración del crecimiento. En este sentido, sería clave acometer las siempre aplazadas reformas del sistema fiscal y de la financiación autonómica.

Finalmente, aunque la discusión electoral suele centrarse en asuntos aparentemente domésticos, a nadie se le escapa que nuestro día a día está condicionado por lo que sucede más allá de nuestras fronteras. España no es diferente. La próxima legislatura se desarrollará en un contexto internacional cargado de tensiones que España debería afrontar desde una inequívoca adhesión al proyecto de integración europea. Es fundamental recordarlo en un momento en el que una formación abiertamente eurófoba como Vox gana protagonismo a escala nacional y proyectos ultraconservadores y nacionalistas empujan con fuerza en otros países. Si la involución es el problema, Europa sigue siendo la solución.

En otro plano, la relación con América Latina es de enorme importancia, demasiada como para lastrarla con discursos pseudoimperiales trasnochados. No solo el pasado, tampoco el presente o el futuro de España pueden concebirse sin ese vínculo y sin una de sus traducciones prácticas: la llegada de inmigrantes. Por eso preocupa lo que podría ocurrir con el tratamiento de la inmigración —latinoamericana o de cualquier otra procedencia— si la ultraderecha consigue condicionar la agenda legislativa. Si la demografía no es capaz de garantizar el reemplazo laboral de los jubilados, se necesitarán grandes contingentes de inmigrantes. Hay pues que facilitarles un camino seguro de llegada y una integración digna y con derechos. Criminalizarlos no contribuye a solucionar el problema. Porque los necesitamos, pero sobre todo porque es una cuestión de principios: una vida humana es mucho más que un número en una estadística.