El limbo del CGPJ

Solo tres días después de que el comisario europeo de Justicia, el conservador Didier Reynders, recomendase la urgente renovación del caducado Consejo General del Poder Judicial y proceder después a la reforma del sistema de elección de sus miembros, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido de forma pública el criterio exactamente contrario a Reynders y al suyo propio durante el último año. Ahora exige primero reformar el modelo de elección y después la renovación del órgano. De las palabras pronunciadas por Reynders ante Felipe VI y la ministra de Justicia el lunes se desprendía inequívocamente la “prioridad” de renovar el órgano de gobierno de los jueces antes del inicio de la presidencia de turno de la UE de España a partir del 1 de julio, y la conveniencia de estudiar después una reforma para, según él, igualar el sistema al “estándar europeo” (el año anterior aludió a una inexistente “norma europea”).

La rectificación de Feijóo está en sintonía con el anuncio de su portavoz, Cuca Gamarra, de presentar en el pleno del Congreso del martes próximo su propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales, en este punto alineada con Reynders. El comisario y miembro del PPE ha estado involucrado desde hace meses en una campaña para que los jueces elijan directamente a los 12 vocales que los representen, sin necesidad de ser aprobados por las Cortes. En el sistema actual son el Congreso y el Senado quienes acuerdan 12 nombres sobre los casi 50 candidatos previamente seleccionados por los mismos jueces.

La nueva posición de Feijóo ratifica en realidad la insumisión anticonstitucional en que el PP lleva instalado desde hace más de cuatro años. El movimiento táctico del partido busca mantener en sus puestos a un Consejo que representa a la mayoría absoluta que obtuvo Mariano Rajoy en 2013. El anuncio de Cuca Gamarra y la posición expresada por Feijóo son una pieza más de un lego jurídico-político que está comprometiendo más allá de todo límite, y de forma inédita en la historia de la democracia española, las funciones del órgano de gobierno de los jueces. Reiteradamente y con pretextos a cada cual más inverosímil o insostenible el PP ha evitado, eludido o surfeado desde 2018 su obligación constitucional de renovar el CGPJ.

Ha ido resultando cada vez más clara la motivación política que hay detrás de un bloqueo que favorece la continuidad de una mayoría conservadora, cuando el PP ya estuvo en más de dos y de tres ocasiones al borde de pactar la renovación. Dar lecciones de constitucionalismo mientras se incumple la Constitución sin el menor pudor es un contrasentido desleal al sistema democrático. Quienes acercan peligrosamente sus conductas en el ámbito de la justicia a las anomalías propias de países como Polonia y Hungría —veladamente presentes en el discurso del lunes de Reynders— han sido los dos presidentes del PP, Pablo Casado y Feijóo, y su deliberada prolongación del actual CGPJ caducado desde hace cuatro años y medio. El movimiento táctico de hoy obedece a una vieja estrategia: garantizar 10 años de mayoría conservadora y la expectativa de otros cinco más de ocupación del CPGJ. Condicionar la renovación del Consejo a la aprobación de la reforma del modelo de elección de sus vocales aleja inevitablemente en el tiempo esa renovación, aun en el caso de que hubiera consenso para realizarla.