CGPJ: diputados, senadores, ¡a votar!

Hace ya unos años, cuando el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no había llegado a ser tan tozudo y persistente por parte del PP, escribí un artículo en este diario sobre el tema. Mi tesis, obviamente rechazada por activa y por pasiva, no fue entonces siquiera debatida, más allá (que yo sepa) de una pequeña discusión que mantuvimos en la tertulia de Hora 25, en aquel momento dirigida por Pepa Bueno. Por ello, he visto con sorpresa, y reconozco que con cierta alegría, que haya vuelto a ser al menos planteada ahora (aunque con alguna diferencia) entre las hipotéticas alternativas consideradas en el editorial de EL PAÍS del pasado 30 de octubre de lo que pueda hoy hacerse, ante la amenaza de bloqueo total e indefinido.

Mi tesis, bastante desconocida y ampliamente rechazada por los políticos y los que con ellos razonan, es que no hace falta el supuesto “pacto” entre partidos para elegir a los miembros del CGPJ. No solo no hace falta, sino que es contraproducente, pudiendo desembocar en el bloqueo que ahora se padece. Dicho pacto ni se incluye en el mandato constitucional, ni se deriva de este. Por el contrario, lo tergiversa. Lo que la Constitución establece, con acierto, es que haya una selección mixta de los jueces y de las Cortes. Esa participación dual está garantizada. Quien pida la participación de los jueces, como si se careciese hoy de ella, está faltando a la verdad. Los diputados y senadores solo pueden elegir entre los candidatos aportados por las asociaciones judiciales o por haber obtenido un respaldo de compañeros suficiente fuera de ellas.

Pues bien, para supuestamente superar los potenciales sesgos partidarios, en la Ley Orgánica del Poder Judicial se exige una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara para elegir los miembros del CGPJ. Es decir, que se ha de elegir a candidatos que, con mayor o menor entusiasmo, un número mayor de esos tres quintos de diputados y senadores puedan votarlos. Es ahí donde entra la tergiversación. Cada partido acepta votar a candidatos que consideraría impresentables, a cambio de colocar a otros, que el partido de enfrente también pueda considerar innombrables.

Pues bien, en general y, más aún ante el actual bloqueo, no queda otra que poner a votación, uno a uno, a los 30 candidatos que han propuesto los propios jueces. Y ello, tras haber sometido a cada uno de ellos a un doble paso previo. Primero, a que den su conformidad a mantener su candidatura, sometida al nuevo proceso, que se les anunciaría. Segundo, a quienes lo acepten, someterlos al escrutinio público, preguntándoles por qué y para qué quieren ser miembros del CGPJ, al estilo del Senado americano, que conocemos por las películas. Se les habría de pedir una breve reseña curricular, de no más de una página, en que expusieran su trayectoria profesional, destacando aquellos aspectos o datos que puedan ser más útiles para el desempeño de su tarea de consejeros del CGPJ, que no olvidemos que es sobre todo una labor de gestión de la justicia. Esa reseña, con una foto, se imprimiría para distribución entre los representantes de la soberanía y su posible publicación en los medios.

Después, y tras una breve intervención de cada candidato, se pasaría a la votación en un orden que podría sortearse. Dada la situación de obstinado bloqueo, no sería de extrañar que ningún candidato obtuviera la mayoría necesaria. Quizás se podría introducir una segunda vuelta entre los que hubieran obtenido el mayor número de votos. Con todo, resulta posible concebir que ninguno de los candidatos iniciales obtuviera finalmente la mayoría requerida. Tras esas sucesivas votaciones, los partidos tendrían mucho que justificar si es que votan en contra de todos los candidatos. En todo caso, habría entonces que solicitar de las asociaciones judiciales nuevos candidatos y, con democrática perseverancia, volver a empezar.

Esa propuesta fue cuestionada (cuando alguien dijo algo sobre ella) por el supuesto agravio que pudiera significar para los candidatos que no fueran elegidos. Curiosamente, es el mismo argumento que también ahora se esgrime en el citado editorial, aunque propone reducir los candidatos que sean objeto de la votación a los al parecer ya seleccionados, en las conversaciones encaminadas al pacto. Los que unos dicen que estaban ya decididos y otros lo niegan.

No me pareció nunca, ni me parece ahora, un argumento de peso. Los candidatos a consejeros de tan alto eslabón del entramado institucional no pueden serlo ni con mala conciencia, ni en menor medida poco menos que en clandestinidad. Tienen que estar orgullosos de serlo y estar dispuestos a explicar, y defender, su posición y perspectivas. Si no lo están, sería mejor que cejaran en el intento. Ofrecerse a ser escrutados por nuestros representantes no haría sino reforzar su sentido y convención democráticos.

Es por lo que cabe insistir en el procedimiento de votación directa, el único que es genuinamente democrático, amparado en nuestra Constitución. Para cumplirla animo a diputados y a senadores ¡a votar!