No lo sigamos haciendo así

Con actitud anticonstitucional, el Partido Popular se ha negado a contribuir. Ha provocado el bloqueo en la renovación del CGPJ. Llevamos meses debatiéndolo. El Gobierno ha llegado a proponer una nueva modificación de la ley orgánica.

Si los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo, ¿resulta imposible la renovación? Creo que no. La Constitución no encomienda a los partidos políticos que designan a quienes van a formar parte del órgano de gobierno de los jueces. Lo que prescribe es que al menos tres quintos de todos, congresistas y senadores, voten a favor de cada uno de ellos. Es decir, que funcione la transversalidad. Cada uno ha de contar con ese número de votos, nunca alcanzable por una única formación política.

La transversalidad quizás impediría candidatos con muy marcado talante, interpretable como sesgo político. Frente a ello, los partidos han inventado el “reparto”. ¿A cuántos tocamos? Sobre esa base, cada uno elige a los “suyos”. El acuerdo/reparto se basa en que cada parte propone candidatos que nunca serían votados por el contrario. Esos son los oscuros cambalaches entre los partidos. Al pleno del Congreso le llega la lista confeccionada. Así se ha venido haciendo. Y yo añadiría: así no debería ser. Se deja la capacidad de bloqueo en manos de los partidos y sus estrategias, más o menos confesables.

Son los partidos políticos, y no las Cámaras, los que de hecho designan los nombramientos del CGPJ. Los propios protagonistas de ese cometido hablan de ello con escandalosa normalidad. El portavoz de Justicia del PP, Enrique López, remite ahora expresamente al “reparto”. No llega a la ignominiosa manifestación del senador Cosidó quien, tras haber conseguido nominar como presidente al juez Marchena, alardeaba de controlar “desde atrás” al Tribunal Supremo.

Soy partidaria de la elección de los miembros del CGPJ por el Parlamento. Lo he sido siempre. Recuerdo la gran discusión que planteó la reforma de 1986, con tantos compañeros partidarios de que fuéramos solo los jueces, y entre nosotros, los que nombrásemos a sus miembros. Siempre me pareció que el judicial, como los otros dos poderes del Estado, han de surgir de la soberanía de las urnas. Pero ahora no se trata de discutir sobre la forma de nombramiento. Plantearlo constituye una cortina de humo desde un partido, el PP, que en 2015, con su mayoría absoluta, hizo notables modificaciones en la ley orgánica, sin cambiar el sistema. Volvamos entonces a la situación actual.

La elección de los jueces y los juristas del CGPJ la tienen que hacer las Cortes y tienen que hacerla, precisamente, como establecen sus reglamentos. Tras la modificación de 2015, los candidatos los aportan las asociaciones judiciales. Jueces no afiliados pueden también presentarse con firmas de respaldo. Los parlamentarios tienen que elegir entre esos candidatos.

Si no estoy mal informada, ese proceso de primera selección ya se ha hecho. Publíquese la lista, explíquese quiénes son los jueces candidatos; conózcanse sus perfiles, quiénes son, qué han hecho antes y, si se les ha preguntado, por qué y para qué pretenden ser elegidos miembros del CGPJ. Si ese proceso de selección no se hubiera hecho, póngase en marcha de inmediato, exigido desde la presidencia del Congreso, y hágase con transparencia.

Y, entonces, con esa lista publicitada y comentada, por partidarios y críticos ¡debátase y pónganse a votación uno a uno los candidatos! como establecen los reglamentos. A votar una y otra vez, si hace falta, hasta que alguno obtenga los tres quintos de los miembros de cada Cámara. A votar, con convicción, dedicación y paciencia democráticas. No deja de sorprender que, en tan largo debate, nadie haya echado ni siquiera una ojeada a las normas a las que el propio Parlamento se ha de someter. Valga la mención directa de algo tan aparentemente desconocido:

3. Los Diputados podrán escribir en la papeleta hasta cuatro nombres.

4. Resultarán elegidos, tanto para el Consejo General del Poder Judicial como para el Tribunal Constitucional, aquellos cuatro candidatos que más votos obtengan, siempre que hayan conseguido, como mínimo, cada uno tres quintos de los votos de los miembros del Congreso.

5. Si en la primera votación no se cubrieran los cuatro puestos con los requisitos a que se refiere el apartado anterior, se realizarán sucesivas votaciones, en las que se podrá reducir progresivamente el número de candidatos a partir de un número no superior al doble del de puestos a cubrir. En estas votaciones sucesivas se podrá incluir en las papeletas un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir. La Presidencia podrá, si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir, por un plazo prudencial, el curso de las votaciones.

6. Los posibles empates, con relevancia a efectos de la propuesta, se dirimirán en otra votación entre los que hubieren obtenido igual número de votos.

Esto proviene del Reglamento del Congreso. Es similar al del Senado. Ambos se actualizaron después de la última modificación de la ley orgánica, en 2015, con la mayoría absoluta del PP.

El mal hacer de los partidos, tendiendo a decidir a escondidas temas trascendentales, hurta el debido debate a las Cámaras. Ni se conoce a los candidatos, ni tienen opción de defender públicamente su candidatura, como ocurre en otros Parlamentos. Nuestras Cortes se convierten simplemente en silentes confirmadores del “reparto”. En el escenario de la insultocracia en que se están convirtiendo, quizás las votaciones podrían ir precedidas de algún feo a los candidatos. Son malas costumbres a las que nos tienen acostumbrados.

El aludido sistema reglamentario estaba previsto para la elección de los miembros “juristas de reconocido prestigio”. En esta, los parlamentarios tienen mayor libertad. Han de partir de una propuesta de candidatos por parte de todos, eso es todos, los grupos políticos. Si un grupo no quiere hacerlo no está obligado; tendrá que votar respecto a los candidatos de los demás. Si no vota a ninguno de ellos, habrá que seguir votando sobre nuevos candidatos. Si el rechazo persiste, habrá que deducir que el grupo político que así se comporte está incumpliendo el mandato constitucional.

La exigencia de los tres quintos cobraría mayor sentido si de definiese de entrada un perfil del buen miembro. Absorbidos por controlar los nombramientos desde el CGPJ, los partidos tienden a olvidarse de sus otras funciones: organización, formación e inspección. Haber despuntado en su anterior trayectoria en esas funciones debería ser criterio fundamental para su selección. Al igual que su independencia de criterio, mostrada en el talante de sus sentencias. Para el buen funcionamiento del Consejo, se precisan en mi opinión magistrados con sólida formación judicial y gran talento independiente. Ello implica en mi criterio estar conectados con la vida social, con los problemas de la sociedad y convencidos de que la justicia debe sin duda ser un elemento de pacificación social. Es algo que, tras mi larga experiencia, he constatado con distintas ideologías.

No hay que inventar nada. Si se cumpliera el reglamento, si Congreso y Senado abordaran, directa y públicamente, la selección de los candidatos sin supeditarla a oscuros pactos previos, habríamos ganado una batalla democrática. Las Cámaras, así, podrían llegar a ser, de verdad, el lugar del debate de los asuntos de todos. Sería extraordinario escuchar los razonamientos respecto al perfil de esos nombramientos y luego conocer cómo los parlamentarios seleccionaban a los mejores, a los más idóneos para cumplir ese cometido, independientemente de las vinculaciones o las preferencias políticas que los partidos pudieran sentir por unos u otros.

El hacer las cosas mal nos ha llevado a este callejón aparentemente sin salida. Una precipitada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría volver a hacer las cosas mal. Lo más importante, cuando algo falla, es analizar el porqué. Y estamos en ese momento. Sabemos lo que hemos hecho mal. Hemos sustituido la función del Congreso por pactos sin transparencia entre los partidos. Intentemos hacerlo mejor. Sigamos las propias prescripciones del reglamento y devolvamos el protagonismo a las Cámaras. Si algún partido se resistiera a participar, en pertinaz obstrucción legislativa, tendrá que explicarse. A sus parlamentarios cabría reclamarles su mandato constitucional.

Tuve la enorme oportunidad de ser vocal del CGPJ entre 1996 y 2000. Fui elegida tras el consabido pacto entre partidos. Se me comunicó a la vez que debía votar a quien, en ese pacto, había sido designado presidente, usurpando las prerrogativas exclusivas de los 20 vocales. Creía que mi nominación podía responder a mi trayectoria al frente del decanato, elegida por todos los jueces de Madrid. Ni eso se conocía.

El sistema reglamentario previsto es sin duda mejorable, pero, con su aplicación ahora, con tesón y convicción democrática, podríamos salir del atasco orgullosos de una democracia que pareciera estar hoy, tantas veces, al borde del precipicio.

Manuela Carmena es exalcaldesa de Madrid y exvocal del CGPJ.