Puigdemont se arroja al fin del ‘procés’

El expresident catalán Carles Puigdemont podría asestarle un golpe decisivo al procés mediante la ley de amnistía que reclama, aun sin quererlo. A diferencia de lo que proclama la derecha, las medidas de gracia hacia la cúpula del independentismo se han demostrado letales para sus partidos, y no para la unidad de España. La prueba es que ERC se desplomó en los comicios del 28-M y el 23-J tras lograr los indultos para sus líderes, pero ningún referéndum. Puigdemont asume ahora un riesgo parecido con la amnistía, un arma de doble filo para Junts.

Ese es el clima de opinión de una parte del independentismo tras el discurso del expresident la semana pasada. Existe recelo sobre lo que podría llegar a obtener Junts de Pedro Sánchez. Muchos partidarios de la ruptura creen que será más de lo mismo. Es decir, una nueva mesa de diálogo como la de ERC, pero ahora adornada con observadores externos, y revestida mediante la retórica de un “compromiso histórico”, aunque de ahí tampoco saldrá una votación de independencia. Bajo tanta pompa, algunos incluso dudan sobre si la aplicación de la citada ley de amnistía sería como esperan por parte de los tribunales sentenciadores.

Así que Puigdemont se enfrenta a un dilema: cómo regresar al redil de Sánchez, para no desperdiciar su capital negociador en esta legislatura, sin hundirse como el partido de Oriol Junqueras. Su votante está aún muy frustrado por el fracaso de 2017. Demostró su hartazgo en las pasadas elecciones, absteniéndose de forma generalizada contra sus líderes. A cada Diada, la movilización civil se reduce. A fin de cuentas, un ciudadano independentista lo es para lograr un Estado propio, no para salvar sin más los muebles frente a la respuesta judicial. El problema es que sus representantes acabarán chocando siempre con la línea roja del referéndum. Sólo pueden obtener de facto cesiones autonomistas, como el uso del catalán en las instituciones estatales, o librarse de las causas penales abiertas.

He ahí la paradoja del independentismo: A quien hace daño el reseteo del conflicto es al propio procés y a sus partidos, no a la democracia española. No hay más que cuantificar el efecto de los indultos: borraron el imaginario del lazo amarillo, y acabaron con la victimización y el secuestro emocional en que ERC y Junts tenían a sus votantes. Al demostrarse luego que la mesa de diálogo era una ficción y que jamás ofrecería nada sobre autodeterminación, los republicanos cayeron en el descrédito. La mayor debilidad del independentismo siempre ha sido que se rompiera la confianza entre sus votantes y partidos.

La pregunta, por tanto, es qué efecto podría tener la amnistía para Junts. Los de Puigdemont creen que, al hacer extensiva la medida de gracia a la sociedad civil —alcaldes, activistas, etc...—, no tendrá el mismo efecto de rechazo antiélites que tuvieron los indultos. Es naif asumir que ello solo mantendrá fidelizado sine die al votante no afectado por la medida, tras constatar este además la imposibilidad de lograr el ansiado referéndum. Se les abren hasta debates internos peliagudos: ¿cómo asumiría la base social del independentismo equiparar a su activista frente al policía en una eventual amnistía? Las cargas del 1-O pesan todavía demasiado en el imaginario colectivo, y más aún en las generaciones jóvenes de votantes. Estos solo han conocido próces desde que tienen uso de razón: su sensación de agravio es vital, por tanto, y mayor que la de sus padres.

Hay algo todavía más clamoroso, en términos políticos: al intentar zanjar las heridas del 1-O de 2017, o quizás incluso las de la consulta del 9-N de 2014, Puigdemont asume el regreso a un momento pretérito, o lo que es lo mismo, la liquidación del procés tal y como se venía entendiendo. Es decir, un escenario que borraría el sentido de agravio del propio Junts, abriendo una nueva pantalla en Cataluña, y situando el tablero político en un contexto previo a 2012, cuando empezaron las marchas por la autodeterminación.

Ese movimiento de Puigdemont llega —no casualmente— ahora, a lomos del cóctel de nihilismo en el independentismo. Su mayor síntoma es que el constitucionalismo se impuso el 23-J. No es solo que el PSC pueda alcanzar la Generalitat; también hay otros riesgos para Junts y ERC a largo plazo, si la política catalana se mantiene en el mismo punto. Uno es el eventual salto al Parlament de la formación liderada por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, una especie de Vox independentista. Esta podría recoger apoyos entre la desilusión de sus votantes, que siguen existiendo, aunque estén frustrados con sus élites. Otro, que la ANC presente una lista civil a los comicios autonómicos para capitalizar ese malestar ya latente.

Aunque el líder de Waterloo podría vender mejor que ERC sus renuncias ante Sánchez. Por ejemplo, el despliegue de la vicepresidenta Yolanda Díaz es una imagen demasiado potente sobre el trato de favor. El partido del expresident sabe además que unas elecciones catalanas caerían a mitad de esta legislatura. Sería su oportunidad para volar puentes y vender ante sus bases que es el Gobierno quien tiene congelado el “compromiso histórico” sobre el referéndum, y no que Junts desconozca sus propios embelecos. Lo raro es que, si hasta el propio Puigdemont parece arrojarse al cierre del procés tal como se entendió en 2017, crea que no lo saben muchos votantes independentistas, o que en Madrid haya aún altavoces empeñados en no entender los resultados del 23-J.