Puigdemont quiere investir a Pedro Sánchez

Carles Puigdemont quiere investir a Pedro Sánchez. Muchas de las condiciones planteadas por el líder de Junts, previas a la negociación de investidura, no son técnicamente inasumibles por parte del PSOE y Sumar. En todo caso, son demandas de meticuloso estudio jurídico —principalmente, la ley de amnistía— e incluso, de cierto coste político, dejando así la pelota en el tejado de Sánchez para que encuentre la fórmula plausible. Sin embargo, el líder de Junts ha evitado enrocarse de frente en la que sería la mayor línea roja de todas: el referéndum de autodeterminación, que quedaría en una especie de limbo aún sin determinar.

Puigdemont aprieta pero no ahoga a la izquierda gobernante con sus exigencias. Entre ellas, la “legitimidad” del independentismo está reconocida ex ante, dado que sus partidos se presentan legalmente a las elecciones. La cuestión es si La Moncloa podría maniobrar para que el movimiento deje de ser considerado como “terrorismo” por la Europol, queja contundente del expresident. Del otro, el mecanismo de “verificación y mediación” de los acuerdos implicaría reintroducir la figura de un relator u observador similar. De fondo, el único temor de Junts es no parecerse a la mesa de diálogo de ERC, cuyo fracaso ha provocado un enorme coste electoral a los republicanos. Por eso, Puigdemont busca darle a su relación con el Estado un aire internacional, e incluso, suplir su “desconfianza” hacia el incumplimiento de las promesas en materia de infraestructuras en Cataluña —tema polémico para sus bases— o de cualquier otro pacto alcanzado.

Así que el nudo gordiano de los prerrequisitos de Puigdemont para hablar de investidura sigue siendo una ley de amnistía. El líder de Junts exige que esta pase por el Congreso antes de que Sánchez sea presidente. Ello abre un debate jurídico para PSOE y Sumar: ¿Puede el Parlamento aprobar o empezar a tramitar dicha amnistía antes de que haya nuevo Gobierno? Si no es por ese camino, Junts exigirá de todos modos alguna garantía del Ejecutivo sobre que la ley se llevará a cabo. Ese hito serviría probablemente para neutralizar la condición de retirada de cargos por parte de la Fiscalía o la Abogacía del Estado a las causas del independentismo.

Si bien Puigdemont ha dejado en el aire el referéndum, y no casualmente, al ser el gran escollo real dentro del ordenamiento constitucional español. Se desprende que sigue apoyando la validez del 1-O, y solo lo cambiaría por una votación acordada con el Estado. Pero no queda claro, en cambio, cómo Junts reclamaría materializar el “reconocimiento” de la autodeterminación mediante ese “compromiso histórico” del que habla. Es decir, si el tema podría trasladarse a alguna mesa de diálogo 2.0 a lo largo de la legislatura. Y en esa indefinición se cuela la investidura de Sánchez, si este sabe jugar sus cartas. En una negociación, ya se sabe, no solo las exigencias son la clave, sino la capacidad de maniobrar con los tiempos. Junts no se ha visto en otra igual, solo falta que el presidente sepa encontrar un encaje político y constitucional.