La bandera de usar el coche

Varios gobiernos municipales de PP y Vox surgidos de las elecciones del pasado mayo se estrenaron eliminando carriles bici en al menos cuatro ciudades —Elche, Valladolid, Gijón y Palma— para dar más sitio al automóvil. Ahora hemos conocido que al menos otros seis ayuntamientos pretenden retrasar la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), áreas de tráfico limitado a los vehículos más contaminantes, o reducirlas a la mínima expresión para no molestar a los conductores. Las ZBE buscan reducir la contaminación en las ciudades, que causa alrededor de 300.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, que provocan el calentamiento del planeta. Según la ley de cambio climático española —aprobada en consonancia con las normas europeas—, estas áreas con menos coches deberían funcionar ya en las 149 urbes más pobladas, pero tan solo están en marcha en 14 de ellas.

Frente a este consenso europeo que apuesta por una movilidad más sostenible en las ciudades —con más transporte público, más áreas peatonales y menos automóviles—, el nuevo frente común de las derechas defiende una auténtica vuelta al coche. Gijón ya permite aparcar a los vehículos sin etiqueta (los más antiguos) y reducirá su futura área de tráfico limitado a su mínima expresión, algo que también ha anunciado Valladolid; Castellón y Lorca (Murcia) han pedido una moratoria para instalarlas más tarde, mientras que en Majadahonda (Madrid) y Elche se pactó no ponerlas en marcha, aunque la urbe ilicitana dice ahora que cumplirá la ley. Por si quedara alguna duda, Valladolid ha ido más allá y se acaba de declarar “ciudad amiga del automóvil”.

Este tipo de medidas populistas contradicen el consenso científico y político apelando a la “libertad” de usar el coche —una de las banderas de la ultraderecha—, sin tener en cuenta el reverso de esa moneda: se traduce en la libertad de contaminar el aire de los vecinos que viven en la misma población, y conlleva más muertes por polución. No limitar el tráfico a los coches más contaminantes, o hacerlo mínimamente, supone incumplir la ley, que es taxativa en cuanto a su aplicación. Es, además, una acción que puede implicar la devolución de los fondos europeos Next Generation otorgados para la transformación urbana, así como nuevas multas de la Comisión Europea por la mala calidad del aire.

La situación de emergencia climática en la que estamos, con sequías más prolongadas y olas de calor cada vez más intensas, nos recuerda los peligros de no escuchar las advertencias de los científicos. En el caso de los coches, el consenso es claro: hay que limitar su uso en el centro de las ciudades, donde en general es barato y sencillo moverse en transporte público, para combatir la polución. Los ayuntamientos no deberían hacer populismo con la salud de sus ciudadanos.