Nuevo juicio a Trump

Este viernes quedó fijada por parte de la jueza encargada del caso la fecha del juicio contra Donald Trump por retención ilegal y ocultación de documentos oficiales —conocido como el caso de los papeles confidenciales de Mar-a-Lago— en el 20 de mayo de 2024, es decir, en plena campaña electoral de las presidenciales de noviembre. Trump va camino de convertirse en uno de los presidentes de la historia moderna de Estados Unidos más dañinos para el crédito del país y con la peor imagen que se recuerda en muchas décadas. A la reiterada amoralidad de su conducta personal se suma el desacato democrático e institucional tras incentivar la rebelión de sus partidarios más fanatizados contra el resultado electoral que lo derrotó ante el demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2020.

Hoy Trump es el aspirante del Partido Republicano mejor situado para obtener la candidatura para las elecciones de 2024, pero la acumulación de imputaciones es imponente. Son 37 cargos por siete delitos: 31 vulneraciones de la ley de espionaje, cuatro cargos por obstrucción a la justicia y otros dos por falsedades. Esto se suma a otra imputación separada por sobornar a una actriz pornográfica para comprar su silencio y aún está pendiente la posibilidad de una tercera imputación de un gran jurado, según fuentes cercanas a la investigación citadas por los medios estadounidenses, esta vez por conspiración, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos en uno de los ataques más graves sufridos por las instituciones democráticas de EE UU en su historia: el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El fiscal especial encargado del caso, Jack Smith —a quien el expresidente ha calificado de “desquiciado”— comunicó a Trump que es objeto de investigación por su comportamiento antes, durante y después del momento en que una turba irrumpiera violentamente en la sede de la soberanía estadounidense cuando se disponía a sancionar oficialmente la victoria de Biden en las presidenciales. La investigación incluye (en los meses que fueron desde noviembre de 2020 hasta enero de 2021, celebradas ya las elecciones) la difusión de bulos sobre un supuesto fraude electoral, presiones directas o indirectas a funcionarios de varios Estados en disputa para que alteraran los resultados e intentos de lograr que el entonces vicepresidente, Mike Pence, no certificara el triunfo de Biden. Pence se negó a las presiones de Trump alegando lealtad constitucional y cumplió con su cometido. También el fiscal especial ha investigado maniobras presidenciales para manipular el escrutinio, usando la figura de electores falsos, y, sobre todo, la instigación directa a una multitud para que asaltara el Capitolio el 6 de enero.

Estas gravísimas acusaciones contra Trump tratan de establecer sus responsabilidades en hechos del pasado reciente, pero nada hace pensar en este momento que desista en su carrera presidencial para regresar a la Casa Blanca. Legalmente puede hacerlo porque solo ha disfrutado de un mandato y las encuestas hasta el momento le otorgan ventaja a la hora de imponerse en el proceso de primarias para lograr la candidatura republicana. La maquinaria de la mentira y manipulación del electorado de Trump y sus colaboradores se ha mostrado hasta ahora inmune al proceso judicial en el que está inmerso, pero es precisamente la justicia el último bastión de legalidad que se interpone entre la democracia estadounidense y el nacionalpopulismo trumpista. Trump puede despreciar al sistema judicial, como ha hecho repetidamente, pero no va a poder ignorarlo.