La jueza fija para el 20 de mayo el inicio del juicio a Trump por los papeles confidenciales de Mar-a-Lago

Ni después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, como quería la defensa de Donald Trump, ni en el mes de diciembre, como aspiraba a lograr el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia, Jack Smith. Aileen M. Cannon, la jueza encargada del caso de los papeles confidenciales de Mar-a-Lago, fijó este viernes el comienzo del juicio para el 20 de mayo en Fort Pierce, ciudad de Florida a unos 200 kilómetros de Miami, donde la magistrada federal tiene su plaza.

La decisión, tomada después de una cita con las partes para tratar cuestiones previas el martes pasado, supone que el caso se dirimirá en mitad de la campaña por conquistar la Casa Blanca en noviembre de 2024, en la que Trump, que tiene una ventaja de más de 30 puntos sobre el segundo aspirante mejor posicionado (el gobernador de Florida, Ron DeSantis), tiene todas las papeletas para salir elegido como el candidato republicano. Todo indica también que enfrente tendrá de nuevo al presidente Joe Biden, que aspira a la reválida. Trump considera que todo este proceso judicial supone un intento de arruinar sus perspectivas electorales.

El anuncio llega al final de una semana que comenzó con Trump difundiendo en su red social, Truth, que había recibido el domingo pasado una carta de Smith en la que le comunicaba que estaba siendo investigado por un gran jurado en Washington por los hechos que mediaron entre su derrota en las urnas en noviembre de 2020 ante Biden, una derrota que aún se resiste a admitir, y el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por una turba de sus seguidores tras un mitin en Washington el día en el que el Congreso debía certificar la legítima y pacífica transferencia de poder presidencial. Cabe interpretar esa notificación como la señal de que una nueva imputación es inminente.

Sería la tercera, después de la relativa a los documentos que se llevó sin permiso de la Casa Blanca a su residencia privada de Mar-a-Lago y la que pende sobre él por el supuesto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels para acallar una relación extramatrimonial entre ambos, semanas antes de las elecciones de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca.

Hito histórico

Esa imputación se produjo en Nueva York y supuso un hito histórico: nunca un expresidente estadounidense había pasado por el trance de ser detenido antes. La ley no prohíbe que un imputado, ni siquiera un condenado, haga campaña. Tampoco que, si sale elegido, ejerza como presidente. La fecha para el inicio de ese juicio en Manhattan está fijada para marzo de 2024. Será interesante ver cómo ambos jueces, el neoyorquino y la de Florida, se organizan para no entorpecerse.

También está pendiente una posible cuarta imputación, esta vez en Atlanta, donde un gran jurado investiga a Trump por las presuntas presiones que ejerció sobre funcionarios electorales para que revirtieran el resultado de las urnas de noviembre de 2020.

En el caso de los papeles de Mar-a-Lago se juzga al expresidente por el manejo de centenares de documentos secretos o clasificados que se llevó sin permiso a su residencia privada en Palm Beach, que además es un hotel y un club social, cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Esos papeles, como los de cualquier presidente estadounidense cuando deja el cargo, pertenecen por ley a los Archivos Nacionales. También está acusado de negarse a devolverlos cuando las autoridades se los pidieron en reiteradas ocasiones. Esas resistencias desembocaron en un registro del FBI el 8 de agosto de 2022, durante el que se incautaron de 48 cajas.

Después se supo que una parte de esos documentos clasificados estuvo un par de meses sobre el escenario en el salón de baile Oro y Blanco, el más pequeño de los dos de la residencia, un espacio del edificio principal del club, que cuenta con cientos de miembros y más de 150 empleados. Después, movieron algunas cajas a la zona de oficinas del ala oeste del complejo, que incluye un spa, una tienda de regalos, gimnasios, piscina al aire libre y un patio. Cuando un empleado pidió vaciar una habitación para poder acomodar su despacho, una decena de cajas acabaron literalmente en el baño de “la habitación del lago”. Al poco, Trump ordenó limpiar un almacén de la planta baja para que acogiera 80 cajas. El pliego de cargos ―un explosivo documento de 49 páginas hecho público pocos días antes de que Trump compareciera en el palacio de justicia federal del centro de Miami, en una sofocante mañana de junio que sus simpatizantes convirtieron en un circo― dice que la puerta de ese espacio solía estar abierta.

Por eso, el magnate se enfrenta a 37 cargos: 31 de ellos, por retención intencionada de información de defensa nacional contenida en otros tantos documentos; tres, por guardarse y ocultar papeles a las investigaciones federales; dos, por falsedad; y el último, por conspiración para obstruir el desempeño de la justicia con uno de sus empleados, Walt Nauta. Este, además, está imputado por doblar tareas como mozo de mudanzas y ayudar al jefe a gestionar el material sensible, así como por mentir a las autoridades.

En los papeles de Mar-a-Lago hay información sobre capacidades defensivas de Estados Unidos y de otros países, detalles sobre programas nucleares y sobre potenciales vulnerabilidades en caso de un ataque extranjero, así como planes de respuesta ante esa eventualidad. Pese a que no consta que ninguna de las personas que accedió a ellos sin la autorización pertinente tuviera intenciones de espiar, el pliego de cargos concluye que la sola posibilidad puso en “riesgo la política exterior y la seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas y sus fuentes de información”.

La elección de la jueza Cannon, nombrada en 2020 por Trump, despertó sospechas porque durante la instrucción del proceso tomó una decisión favorable a la defensa ―aprobó la solicitud del equipo de Trump de nombrar un perito especial que revisara los documentos incautados por el FBI―, que tuvo que corregir después un tribunal de apelaciones. En un principio, Cannon puso una fecha tentativa para el inicio del juicio: el próximo 14 de agosto. Como se ha visto después, no era realista, dada la complejidad del caso y la montaña de pruebas que tiene que examinar el gran jurado, formado por ciudadanos de Florida, Estado en el que Trump tiene su residencia.

Cannon nació en Cali (Colombia) hace 42 años y tiene ascendencia cubana. Cuenta con la experiencia de haber trabajado en un tribunal de circuito, fue fiscal federal adjunta de Florida, y está asociada a Federalist Society, poderosa organización legal conservadora y libertaria que propugna una lectura literal de la Constitución estadounidense. Además de manejar el ritmo de avance del caso, su labor pasa por emitir dictámenes que definirán el curso del proceso, decidir qué pruebas se admiten y, llegado el caso de que declaren culpable al expresidente, dictar su sentencia.

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