Orbán, contra los profesores

El Gobierno de Viktor Orbán ha dado un paso más hacia la instauración de un régimen iliberal con la aprobación por parte de Parlamento húngaro —controlado por Fidesz, la formación del primer ministro— de una ley que restringe los derechos del profesorado. El mandatario ha puesto ahora en el punto de mira a una institución fundamental en una democracia como es la educación, cuyos profesionales se han destacado durante los 17 años de Orbán en el poder, 13 de ellos seguidos, por ser uno de los sectores más críticos con su gestión.

La legislación aprobada despoja a los profesores de su condición de funcionarios, limita su autonomía, abre la puerta a los cambios de destino arbitrarios y aumenta la carga de trabajo ya de por sí excesiva. Por su parte, el Gobierno ultraconservador defiende la medida como una “revalorización social y salarial” del cuerpo docente. Pero los profesores húngaros llevan años de protestas, que se han multiplicado en los últimos meses de forma masiva y recurrente, razón por la cual han calificado la nueva norma como “ley de la venganza” y aseguran que el nuevo texto en absoluto cumple el propósito proclamado por el Ejecutivo de Budapest. Basta un ejemplo: las subidas salariales están vinculadas a la recepción de unos fondos europeos que, en su mayor parte, permanecen bloqueados por Bruselas precisamente por las vulneraciones al Estado de derecho cometidas por el Gobierno de Orbán. De los 38 países de la OCDE, Hungría es el segundo que menos paga a sus profesores.

Orbán agrava con esta ley su alejamiento de la Unión Europea, con la que mantiene un abierto enfrentamiento cristalizado en la suspensión de los fondos por parte de Bruselas, y todo con el horizonte de que Budapest asuma la presidencia rotatoria de la Unión, que acaba de comenzar España, en la segunda mitad del año próximo. La gama de desencuentros es amplia y afecta a valores fundacionales de la Unión. En una inédita decisión el Parlamento Europeo exigió el pasado mayo al Consejo que vetara la presidencia de Hungría, decisión calificada por el Gobierno de Orbán de “caza de brujas” motivada por el “secuestro” de la Eurocámara por parte de “la izquierda”. Pero, retórica ultranacionalista aparte, es el mismo Ejecutivo húngaro el que desde hace años ha ido pavimentando un peligroso camino iliberal que pasa por el establecimiento de injustificables leyes anti-LGTBI —contra la que 15 Estados miembros interpusieron una demanda— o interferencias en el Poder Judicial ante las que incluso se ha llegado a plantear despojar a Hungría del derecho a voto en el Consejo de la Unión.

Ante la actitud de Orbán, la Unión Europea se ha ajustado exquisitamente a los procedimientos, como no podía ser de otra manera, pero también ha sido extremadamente paciente. Orbán se ha convertido en un ejemplo para otros proyectos iliberales en el resto del continente, incluida España, donde tiene en Vox a un aliado. Europa debe mostrar toda la fuerza de sus principios fundacionales para defender tanto a los ciudadanos húngaros como al resto de los europeos.