Hungría aprueba una ley que restringe los derechos del profesorado tras meses de protestas
La norma, bautizada como ‘ley de la venganza’, despoja a los enseñantes del estatus de funcionarios, aumenta su carga laboral y permite cambios de destino
El Parlamento húngaro, donde el partido ultraconsevador Fidesz tiene una supermayoría, aprobó este martes una ley de enseñanza que los críticos han bautizado como “ley de la venganza”, porque restringe los derechos del profesorado. Los enseñantes, uno de los sectores más críticos con el Gobierno de Viktor Orbán, ven los cambios legislativos como una represalia por sus protestas de los últimos años, especialmente multitudinarias y frecuentes en los últimos meses. Entre los puntos más problemáticos, los docentes denuncian que la norma les despoja del estatus de funcionario, aumenta su carga de trabajo, limita su autonomía y permite cambios de destino.
Sándor Pintér, ministro del Interior y responsable de Educación, aseguró en junio que el proyecto legislativo pretende “sentar las bases para la revalorización profesional y social de los profesores, así como para nuevas subidas salariales sustanciales”, con un sistema de remuneración basado en el rendimiento, entre otros puntos. Nagy Erzebet, del sindicato de enseñanza minoritario PDS, afirma sin embargo que esta ley, que considera “muy peligrosa”, “no implica un aumento de sueldo, sino un incremento de las horas trabajadas no pagadas”. El Gobierno vincula, además, las hipotéticas mejoras salariales que promete a los fondos europeos, que están en su mayor parte bloqueados por Bruselas como consecuencia de la deriva del Estado de derecho en Hungría. En su informe anual sobre la materia, publicado este miércoles, la Comisión Europea ha reconocido avances en el ámbito de la independencia judicial del país, pero señala puntos de mejora en otros como los medios de comunicación.
Los profesores han sido uno de los sectores más críticos contra el Gobierno de Orbán, que también ha vivido en sus 17 años en el poder, 13 de ellos seguidos, protestas de grupos perjudicados por sus políticas ultraconvervadoras y nacionalistas, como el colectivo LGTBI. Los profesores en Hungría han desafiado en los últimos meses las leyes que restringen su derecho a la huelga y han salido a la calle en manifestaciones multitudinarias, arropados por sus alumnos y los familiares de estos.
De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Hungría es el segundo que menos paga a sus profesores, solo superado por Eslovaquia. Un profesor de secundaria con 15 años de experiencia gana unos 21.000 euros brutos al año, según datos de 2021. En paralelo, el país tiene la inflación más alta de la UE, por encima del 21% en mayo. Como dice Katalin Törley, una de las líderes del movimiento de profesores Tanítanék (Quiero enseñar), “hay mucha falta de profesores porque no se puede vivir con el salario de un docente”. Ella fue despedida en septiembre de su puesto de profesora de francés de un conocido instituto de Budapest por participar en las protestas, pero a sus 53 años y con una carrera de más de dos décadas, su sueldo neto estaría hoy —de seguir como docente— entre 800 y 900 euros, asegura.
Törley critica que la nueva norma “no está concebida para mejorar la situación del sistema educativo, que empeora cada vez más desde hace unos años, sino que se trata de una venganza contra los profesores que han estado protestando”. El punto más problemático es el cambio de estatus de los profesores, que dejan de ser funcionarios, con la seguridad asociada que supone, para convertirse en “personal de la enseñanza pública”, como se ha bautizado el nuevo estatus. “La carga de trabajo aumenta y la vez, todo queda muy confuso desde el punto de vista del aumento salarial”, señala la activista, que denuncia también una pérdida de autonomía de los profesores y los centros escolares en materia de contenido.
La norma prevé también el traslado y cambio de destino de los docentes cuando así lo decidan las autoridades educativas. El ministro de Gabinete, Gergely Gulyas, aseguró ante los medios, en declaraciones recogidas por Reuters en junio, que los traslados solo se producirían en “casos extraordinarios”. Para la sindicalista Erzebet, esto es otro síntoma de la “pérdida de derechos” del profesorado. “El ministro puede decidir también extender el año escolar hasta el 16 de julio para cubrir días lectivos que se hayan podido perder por las protestas; esto es otra sanción por las huelgas”, se queja por teléfono.
Las protestas, lamenta sin embargo Törley, “no tienen efectos en el Gobierno”. La profesora despedida, que está en juicio para recuperar su puesto de trabajo y se ha convertido en una de las caras más visibles del movimiento de docentes, cree que “el sistema educativo húngaro ha colapsado y se ha convertido en una estructura para vigilar a los niños”. Los problemas van mucho más lejos que los derechos laborales de los profesores, y tienen que ver también con los contenidos educativos y la estructura. “Es muy grave para el futuro de nuestro país”, advierte Törley, que recuerda que junto a los profesores que ya han dejado sus puestos, hay miles que están pensando hacerlo si la nueva ley finalmente entra en vigor en enero de 2024.
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