Polonia y Hungría bloquean la cumbre de la UE en protesta por las reubicaciones obligatorias de migrantes
Varsovia y Budapest exigen que todas las decisiones sobre inmigración se tomen por unanimidad entre los socios y amenazan con descabalgar cualquier acuerdo
![Viktor Orbán besa la mano de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en presencia del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, este jueves en Bruselas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NWJ556QJX6V22FVE2YMGFRTSKA.jpg?auth=626b0d3455154d00bf0441e61430ce629a0b70caaaaed9bcab6356dd66b8ea2b&width=414)
Polonia, a unos meses de iniciar su campaña electoral, se ha vuelto a unir a Hungría para agitar el debate migratorio. Los ultraconservadores Mateusz Morawiecki y Viktor Orbán han bloqueado en la madrugada del jueves al viernes las tímidas conclusiones sobre inmigración de la cumbre europea en Bruselas, con las que los líderes de la UE buscan impulsar los acuerdos con países de origen y tránsito —como el que se está diseñando con Túnez— para evitar que los migrantes lleguen a territorio comunitario a cambio de paquetes de ayuda económica. Y con ese bloqueo, Hungría y Polonia amenazan el progreso de toda la cumbre como protesta por el reciente acuerdo europeo de “solidaridad obligatoria, pero flexible” que marca una cuota de reubicaciones para todos los socios o contribuir con 20.000 euros por migrante rechazado a los Estados que rehúsen reubicar y que se alcanzó con su voto en contra. Varsovia y Budapest exigen que las decisiones sobre inmigración solo se acuerden por unanimidad. Las discusiones, que se extendieron durante más de siete horas y que estuvieron plagadas de un lenguaje “duro” por parte de los ultraconservadores del este, según fuentes comunitarias, seguirán este viernes.
El bloqueo ha decepcionado a la mayoría de los líderes de los Veintisiete, que aspiraban a avanzar en un lenguaje común para iniciar nuevos acuerdos de apoyo económico a países vecinos del sur, como Egipto, Nigeria o incluso Libia, para frenar la llegada de pateras, mientras lima los detalles para completar el pacto con Túnez. “Hay amargura que llega de discusiones previas sobre inmigración, incluso heredadas de 2015, y tenemos que seguir adelante”, ha comentado este viernes a su llegada a la cumbre tras una larga noche la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. “Creo, no obstante, que no hay diferencia en el objetivo de todos [los líderes de los Veintisiete]. Hay consenso en que tenemos que lidiar con la dimensión exterior y enfocarnos en hacer que decrezca la presión migratoria”, ha añadido Kallas.
El primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins, también ha incidido este viernes en que el desacuerdo de Polonia (y colateralmente Hungría) es sobre las respuestas a la inmigración una vez que los solicitantes de asilo están en territorio comunitario, una “cuestión paralela” a la que está ahora sobre la mesa de debate de los líderes y que se basa en impulsar esos acuerdos para frenar los flujos migratorios. Una opción que los Veintisiete barajan este viernes, si el debate vuelve a encallar, es retirar simplemente todos los puntos sobre inmigración de las conclusiones de la cumbre, en la que los líderes ya han acordado, por ejemplo, mantener un sostenido apoyo económico y militar a Ucrania en forma de “futuros compromisos de seguridad” o impulsar la industria de defensa.
De madrugada, a la salida de la larga reunión, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, trató de rebajar la importancia del bloqueo en las discusiones. “Necesitamos ver esta noche si vamos a poder llegar a las conclusiones. Si lo hacemos, bien. Pero si no, no es un gran problema, porque hay un amplio acuerdo en los términos de la dimensión externa [de la política migratoria]”, afirmó Rutte. También su homólogo belga, Alexander de Croo, prefirió mostrarse optimista: “La cuestión de la migración claramente está bloqueada, pero lo bueno es que nos queda mañana [por este viernes] para intentarlo”.
Varsovia —que junto a Budapest ya había amenazado con sabotear todo lo relacionado con la política migratoria de la UE, a la que se oponen de manera frontal— exige incluir en los compromisos de los Veintisiete un punto que remarque que no se podrá avanzar en asuntos migratorios sin unanimidad. Porque la inmigración es actualmente el “punto más sensible y más político” para todos los miembros de la UE, argumenta Polonia, como ha venido haciendo desde la crisis de 2015 que desató los bloqueos de Varsovia y Budapest. Y por ello, insiste Morawiecki, se requiere que las decisiones en la materia sean unánimes. Un extremo que rechazan muchos otros países, que recuerdan que nada en los tratados obliga a que las cuestiones migratorias deban ser aprobadas por unanimidad.
Los nuevos reglamentos de “solidaridad obligatoria” que rechazan Polonia y Hungría —dos de los tres flecos pendientes del pacto migratorio de la UE congelado desde hace años— recibieron la luz verde de los ministros de Interior de los Veintisiete a principios de junio en Luxemburgo, en el Consejo de los ministros de Justicia e Interior, donde no es necesario el visto bueno de todos, sino una mayoría cualificada (al menos 55% de Estados miembros que representan un 65% de población). En el Consejo Europeo, el órgano en que debaten los jefes de Estados y Gobierno, sí que se requiere unanimidad para que sus conclusiones salgan adelante, y aunque sus textos son declaraciones políticas sin fuerza legal, el bloqueo supone un traspié importante. Esos reglamentos aún deben ser aprobados en formato de “trílogos”, por representantes del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión.
“No es necesario que nos enseñen lo que es la solidaridad”, lanzó Morawiecki a su llegada a la cumbre. El Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que se enfrenta a elecciones en otoño y está tratando de movilizar a su electorado con la divisiva cuestión migratoria, planea incluso un referéndum sobre las reubicaciones obligatorias aunque Varsovia tiene una puerta abierta a evitar esas reubicaciones porque se encuentra en uno de los focos principales de llegadas de solicitantes de asilo de Ucrania, como apuntó este jueves la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Polonia exige también más fondos para protección de fronteras.
Acuerdos con países de origen y tránsito
Para hacer avanzar unas conclusiones que habían llegado hasta la cita bruselense con muy poca polémica, algunos países se mostraron incluso dispuestos a eliminar los dos párrafos dedicados a la inmigración de la cuarentena de puntos que constituyen el documento final de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. La idea era adjuntar junto al texto “limpiado” de conclusiones sobre migración la carta enviada en vísperas de la cita por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que se precisan con mucho más detalle los posibles pasos a dar en la “dimensión exterior”, es decir, en materia de cooperación con los países de origen y tránsito de la migración irregular. Pero ahí, Polonia y Hungría volvieron a jugar con las normas internas, al impedir durante horas que se publicaran las partes ya consensuadas, como las dedicadas a Ucrania, hasta que se aclarara el punto migratorio.
Tampoco parecieron surtir efecto las reuniones celebradas en un aparte del presidente del Consejo, Charles Michel, con los países disidentes (y el apoyo del francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz) para hacerles cambiar de opinión y que llevaron a retrasar sensiblemente la cena de los líderes de los Veintisiete. Los líderes retoman este viernes las discusiones sobre migración en una reunión en la que hablarán también de economía y de cómo recalibrar la relación de la UE con China.
El choque del Gobierno ultraconservador polaco con sus socios a cuenta de la migración no es el único, ni siquiera el más grave para sus arcas públicas. Polonia, como Hungría, tiene contenciosos abiertos con Bruselas a cuenta de sus violaciones del Estado de derecho y su falta de reformas para restablecer la independencia de la justicia. En concreto, Varsovia sigue sin remitir los cambios legales prometidos para acabar con la sala disciplinaria de jueces en su Tribunal Supremo y así acceder a los fondos de su plan de recuperación, 35.360 millones.
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