Contrarreformismo ultra
El programa de Vox explicita sin disimulo la lógica reaccionaria que guía su acción política en las instituciones
De la práctica de gobierno de Vox apenas había, hasta las elecciones del 28-M, otro indicio que sus propuestas como socios del PP en Castilla y León. Entre ellas, la recomendación obligatoria para los médicos (después revisada) de ofrecer escuchar el latido del feto a las mujeres que proyectasen abortar o la rebeldía activa contra una directiva de la UE para evitar el contagio de una enfermedad ganadera. Tras la constitución de los gobiernos de ayuntamientos y comunidades con el PP como aliado mayor, sabemos mucho más de lo que proyectan y ejecutan los políticos de Vox —algunos de ellos, como en Baleares o Valencia, al frente de Parlamentos autonómicos, públicamente negacionistas climáticos y abiertamente xenófobos—.
Desde el pasado viernes ya no hay enigma que desvelar ni misterio alguno sobre la ideología reaccionaria que defiende y pretende aplicar Vox: el programa político, social, económico, cultural y de derechos que promueve ha salido a la luz por fin y se corresponde con el de una derecha nostálgica con la herencia franquista para defender sin tapujos una contrarreforma que no se limita a derogar la última etapa democrática, con Pedro Sánchez al frente, como quiere el PP, sino buena parte de las conquistas que hacen de España una democracia internacionalmente respetada. La reversión del Estado de las Autonomías en aras de una recentralización neoespañolista puede ser el resumen conceptual de un programa ultrareaccionario que desborda la Constitución y rompe los consensos de 1978.
En el corazón del proyecto ultra está el regreso al tiempo en el que no pasaban las cosas que pasan hoy —disfrutar colectivamente del derecho a la igualdad de las mujeres, minorías LGTBI, aborto, eutanasia, memoria democrática, respeto a las lenguas compartidas, instituciones de autogobierno— porque aspira a un modelo de España anclado en la distopía de que no hubiera llegado a suceder nada de lo que sucedió desde el ingreso en la UE en 1986 y el consiguiente empuje social y político que nunca había vivido España en toda su historia contemporánea. La gravedad de proponer la prevalencia del derecho nacional a la legislación europea sitúa ya abiertamente a Vox en la órbita de partidos ultranacionalistas y saboteadores de las instituciones democráticas, como los actuales Ejecutivos de Polonia y Hungría: esa es la oferta de Vox en una confesión de euroescepticismo que es en realidad antieuropeísmo militante, como lo es también el rechazo a las políticas de transición energética y verde contra la evidencia científica —contrastada, veraz, hiperdocumentada— del riesgo de seguir aumentando la temperatura del planeta por la emisión de gases de efecto invernadero.
Pero más allá del programa para las elecciones generales, disponemos en este momento de datos concretos de su acceso al poder en ayuntamientos de toda España. En el ámbito cultural invita a la incredulidad que concejalías de Vox, pactadas con el PP, no solo hayan decidido suprimir carriles bici o frenado los planes para mejorar la calidad del aire en las ciudades sino que hayan aplicado directamente la censura en obras como la película de Pixar-Disney Lightyear en el municipio cántabro de Bezana, por el beso de dos mujeres, o la adaptación teatral de Orlando, de Virginia Woolf, que aborda la sexualidad femenina. Esto está pasando ya, cuando se cumple solo un mes de la constitución de los nuevos ayuntamientos.
Relativizar este programa contrarreformista —o sugerir que no es más que un pliego de deseos sin finalidad práctica— es peligroso ante el escenario de un posible Gobierno del PP de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal, si sus diputados son necesarios tras el resultado del 23-J, tal como ha admitido el mismo presidente de los populares. La alarma ya no es conjetural: nace de la coincidencia de puntos de ese programa ultrarreaccionario con lo que en las últimas semanas los gobiernos en los que participa Vox han empezado a hacer o proyectan hacer gracias a las carteras negociadas con su socio mayoritario, el PP: suprimir medidas contra el cambio climático, eliminar los signos institucionales de apoyo a las minorías LGTBI, desproteger a las mujeres amenazadas de violencia machista eliminando las concejalías que amparaban los servicios de ayuda, criminalizar a la inmigración como falsa amenaza para la cohesión social. El huevo de la serpiente es una metáfora de último recurso pero alude al modo en el que se incuba la erosión activa y la penetración gradual en el corazón de las instituciones de democracias consolidadas. Vox en solitario no podría hacerlo: necesita al PP, pero es la sociedad española la que necesita que sea el PP quien descarte, denuncie y aborte los planes de restitución de un pasado que animan a una ultraderecha ya sin máscara.
El programa presentado por Vox no deja dudas sobre la regresión democrática que encarna y el objetivo de desarrollar un contramodelo que restaure jerarquías tradicionales y ya obsoletas: nociones excluyentes, sectarias y monolíticas de la patria, de la familia y del papel de la autoridad masculina en la familia. El movimiento ultra global —que incluye a la Rusia de Putin— está en guerra contra los valores que ponen en el centro el liberalismo, el ecologismo y el feminismo, porque piensan que afectan a la estructura tradicional de la familia. La identificación del género como una cuestión de seguridad nacional está en la base del cambio de nombre del Ministerio de Igualdad por el de Familia, emulando el modelo de la Italia de Giorgia Meloni, desde donde despliega políticas antiabortistas disfrazadas de incentivos a la natalidad bajo la idea de que el único modelo de familia es aquel compuesto por una madre y un padre, y obviando la pluralidad de modelos de familia actuales, tan ampliamente asentados y reconocidos en la sociedad española y sin ningún rechazo social.
La democracia no va a entrar en proceso de demolición, el sistema de frenos y contrapesos funcionaría, pero el programa político de Vox para el 23-J incluye expresamente medidas que revocan la España democrática tal como la conocemos, y entre sus primeros síntomas está la acción de gobierno bajo consejerías o concejalías pactadas en múltiples lugares de España con el PP.
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