Vox mete su “guerra cultural” en los ayuntamientos de la mano del PP

La medida más urgente pactada por Vox con el Foro Asturias, con el que gobierna el Ayuntamiento de Gijón (Asturias) junto al PP, ha sido la derogación del reglamento de laicidad. Esta norma, aprobada de abril pasado por el consistorio de izquierdas, pretendía garantizar el carácter aconfesional de la institución: ninguna autoridad tenía prohibido asistir a ceremonias religiosas, pero debía hacerlo en todo caso a título personal.

La irrupción del partido ultra en los gobiernos de más de 140 ayuntamientos de toda España, en la mayoría de la mano del PP, no ha supuesto, como prometía Vox, la supresión de las “políticas ideológicas” atribuidas a la izquierda, sino la introducción de otras de signo contrario. En el mismo acuerdo de Gijón se incluye la negativa a instaurar zonas de bajas emisiones (ZBE) para reducir la contaminación mientras no sean obligatorias, o la congelación de las ayudas a la promoción del bable. En su afán por imprimir su sello al acuerdo, Vox cometió un lapsus y propuso eliminar de la ordenanza municipal “todos aquellos aspectos que supongan la igualdad entre las personas”. Luego corrigió, pero en la ciudad más poblada de Asturias Vox designará al responsable de las políticas de igualdad.

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue concejal durante ocho años en Llodio (Álava) con el PP, aunque él mismo reconoce que le aburrían los debates sobre el alumbrado público o la recogida de basuras y lo que le motivaba era la llamada guerra de las banderas: la pugna por mantener izada la enseña española en el balcón municipal. Más de tres lustros después, el cumplimiento de la Ley de Banderas es uno de los puntos del acuerdo entre el PP y Vox para gobernar al Ayuntamiento de Ciudad Real, aunque ahora no se trata de defender la enseña rojigualda, sino de impedir que se cuelgue la arcoíris, símbolo de la comunidad LGTBI. Se eliminarán también las concejalías de Igualdad y Sostenibilidad Agenda 2030 —aunque el PP solo habla de su “reestructuración”— y se creará una nueva de Familia, además de ampliarse las subvenciones a la Semana Santa.

La desaparición de las concejalías de Igualdad, “que han dilapidado millones de euros en políticas que no han solucionado los problemas reales de los vecinos”, en palabras de Vox, es una constante en los ayuntamientos en cuyo gobierno ha entrado el partido ultra, como los de Burgos, Valladolid, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Orihuela, Elche (ambas en Alicante) y Huelva. En su lugar, se han creado concejalías de Familia, que no solo prestarán apoyo a las unidades familiares, especialmente las numerosas, sino que fomentarán la natalidad e intentarán disuadir a las mujeres de que aborten con medidas positivas como las ayudas a embarazadas, ya que los ayuntamientos carecen de competencias para obstaculizarlo.

Muchas de estas nuevas concejalías de Familia estarán en manos de Vox en ayuntamientos como los de Elche y Orihuela, en Alicante; Torrent, en Valencia; Alcalá de Henares, en Madrid; Talavera de la Reina, en Toledo; Molina de Segura, en Murcia; o Burgos, donde también se ha pactado un Plan Integral de Apoyo a la Familia y se ha sustituido la perspectiva de género por la de familia a la hora de evaluar las iniciativas municipales. Fernando Martínez-Acítores, nuevo vicealcalde de Burgos, es un conocido activista contra el derecho al aborto.

Los dirigentes de Vox no ocultan que su objetivo es librar lo que denominan la “batalla cultural” a la izquierda desde los ayuntamientos. Por eso, las concejalías de Cultura han estado entre las más codiciadas por el partido ultra en sus negociaciones con el PP. La han obtenido, por ejemplo, en Valladolid, donde la exdiputada de Vox Inés Cañizares será responsable de esta cartera, aunque el PP haya tenido que quitarle la competencia sobre la semana de cine (Semici) y la gala de los Goya, dada la pública hostilidad del partido de Abascal hacía el actual cine español. Vox también gestionará la cartera de Cultura en Orihuela, Talavera de la Reina o Burgos, como ya lo hace en Castilla y León y lo hará en la Comunidad Valenciana, donde su máximo responsable será el vicepresidente y torero retirado Vicente Barreda. La promoción de la tauromaquia, junto a la conservación del patrimonio histórico, es uno de los pocos puntos sobre cultura incluidos por Vox en sus pactos con el PP.

Otra concejalía por la que ha pugnado Vox es la de Seguridad Ciudadana. La guardia urbana de decenas de localidades estará en manos del partido ultra. En Toledo se ha reservado esta competencia la propia vicealcaldesa y exdiputada Inés Cañizares, a cuyas órdenes estarán más de 130 agentes. Vox ha pactado con el PP el reforzamiento de los cuerpos de policía local, la lucha contra la delincuencia y contra la okupación, aunque este último problema no existe en la mayoría de los municipios españoles.

Por su parte, el PP se ha reservado las carteras del área económica en sus acuerdos con Vox, con algunas excepciones. En Toledo el partido ultra dirigirá la concejalía de Planeamiento Urbanístico; en Burgos, la de Empleo; y en Valladolid, la de Comercio, además de un buen número de empresas municipales. En Níjar (Almería), la edil de Vox gestionará las competencias municipales sobre el 70% del parque natural del cabo de Gata, donde asociaciones ecologistas pugnan por frenar la apertura de nuevos hoteles.

Como concesión o porque coincidía con su programa, el PP ha aceptado en muchos ayuntamientos la drástica reducción de tasas e impuestos municipales, como el IBI; la libre circulación de vehículos altamente contaminantes, incluso de más de 25 años, o la revisión de los planes de movilidad y el recorte de carriles bici, aunque advirtiendo, como en Gijón, que ello no debe suponer la devolución de fondos europeos.

En cambio, el partido ultra ha renunciado a plantear públicamente al PP una de sus reivindicaciones más polémicas: la negativa a inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes irregulares, lo que no solo dejaría a estos y a sus hijos menores de edad sin acceso a la sanidad y la educación pública, sino que supondría una vulneración flagrante de la legalidad. Al menos por ahora.