Abascal echa un órdago a Feijóo con un programa de máximos

Vox se presenta a las elecciones generales del 23 de julio con un programa electoral de máximos que propone acabar con el modelo de Estado autonómico, suprimir el sistema especial de financiación del País Vasco y derogar una docena de leyes, entre ellas la del aborto y la de eutanasia. El líder del partido ultra, Santiago Abascal, echa así un órdago a su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien asegura querer construir “una alternativa” a la izquierda y gobernar en coalición si ambos suman mayoría en el futuro Congreso. Buena parte de las propuestas de Vox son inasumibles para el PP, a tenor de su programa y de las posiciones que los populares han defendido en los últimos años tanto en España como en Europa.

En materia económica, el partido ultra quiere cambiar el actual modelo de progresividad fiscal, que supone tributar en función de los ingresos, por otro en el que lo más determinante sería el número de hijos. Vox reduce la escala del IRPF a solo dos tipos: el 15% para quienes ingresen menos de 70.000 euros anuales; y el 25% por encima de esa cantidad. Sin embargo, el tipo se reduce en cuatro puntos por cada hijo. Eso significa, según han explicado este viernes el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, y su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que las familias con cuatro hijos o más que ganen menos de 70.000 euros no pagarán impuesto sobre la renta. Las que ingresen más de esa cantidad y tengan dicho número de hijos solo pagarán el 9%, cualquiera que sea su volumen de ingresos o patrimonio. En la práctica, ni siquiera tendrían que pagar este porcentaje, pues podrían beneficiarse de un gran número de desgravaciones.

Vox propone que, con carácter general, se deduzca del IRPF la inversión en la compra de la vivienda habitual o el coste del alquiler, así como aquellos “gastos vinculados al hogar”, como la educación (también en colegios privados) o la contratación de personal doméstico para el cuidado de los hijos menores o de las personas mayores, entre otros. De las dos fórmulas que existen para ayudar a las familias numerosas (el cheque en metálico o la desgravación fiscal), Vox parece haberse inclinado por la segunda, que excluye a quienes por su nivel de ingresos están exentos de pagar impuestos.

El partido ultra aboga por “un Estado unitario administrativamente descentralizado”, lo que supone desmantelar el modelo autonómico. Mientras esto no sea posible (se requeriría una reforma constitucional muy compleja), pide “la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia”, y propone “limitar en todo lo posible la capacidad legislativa de las comunidades autónomas”, así como proceder a la progresiva supresión de las policías autonómicas.

Vox pretende ilegalizar a los partidos, ONG y asociaciones “que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía”, en alusión a las organizaciones independentistas, aunque esta medida, como otras incluidas en su programa, se propone someterla a referéndum no vinculante, en la línea marcada por el húngaro Viktor Orbán, quien ha sometido a consulta popular sus medidas más controvertidas para blindarse ante las críticas de la UE.

En cambio, Vox no planea someter a referéndum la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (que califica de “ley de aborto libre”) y la de eutanasia. “Defenderemos el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, proclama. Se opone a lo que califica de “falso derecho al aborto” y, mientras este siga en vigor, pretende eliminarlo de la sanidad pública (al igual que la eutanasia) ampliando la posibilidad de que el personal sanitario alegue objeción de conciencia para negarse a practicarlo, y ofrecer a las mujeres embarazadas escuchar el latido fetal, una medida que ya pactó en Castilla y León con el PP, que acabó dando marcha atrás.

El programa del partido ultra reafirma su propósito de derogar la Ley Integral de Violencia de Género, y sustituirla por una norma que proteja “a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico”. También se propone acabar con las cuotas y cualquier otra medida de discriminación positiva en favor de la mujer, así como derogar la ley trans, la ley del solo sí es sí, la que garantiza la no discriminación del colectivo LGTBIQ+ y la Ley de Memoria Democrática.

Vox reclama el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las autonomías y reformula el denominado PIN parental, un derecho de veto de los progenitores que ya no se referiría solo a las actividades extraescolares, sino a cualquier contenido en materia de formación “afectivo sexual” que se imparta en la escuela. Además, aboga por implantar el “cheque escolar”, lo que significa que el Estado pagará a los padres el coste de una plaza en la escuela pública y estos podrán gastarlo en la privada que prefieran, no solo en las concertadas.

El partido ultra suaviza ligeramente su negativa a que los inmigrantes en situación irregular sean atendidos por la sanidad pública y admite que puedan serlo en caso de “urgencia vital o enfermedad infecto-contagiosa”. Expertos en salud pública habían alertado del riesgo de que la falta de acceso a la sanidad pudiera convertir a los migrantes en vectores de contagio. El programa de Vox incluye la reducción de la edad penal (aunque no fija límite) o la supresión de las zonas libres de emisiones en el centro de las ciudades, entre otras muchas medidas.

La propuesta económica supone, en palabras de Buxadé, “la mayor reforma fiscal” de la historia reciente de España. El impuesto de sociedades se equipararía al del tramo inferior del IRPF (15%) para que los contribuyentes puedan elegir “si tributan como persona física o a través de sociedades de capital”, en palabras del vicepresidente de Vox. El partido ultra también quiere eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales, una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, así como los “impuestos verdes” que gravan a quien contamina. Vox propone revertir la subida del IVA aplicada en 2012 y aplicar un “tipo cero” a la vivienda habitual y a los “artículos de primera necesidad para las familias”.

En materia de cotizaciones sociales, propone bonificar al 100% el primer año de los nuevos contratos indefinidos y al 50% el segundo; así como proceder a una reducción generalizada de las cotizaciones, “para subir los salarios netos reales” de los trabajadores sin coste alguno para los empresarios. Además, quiere aplicar en materia tributaria el silencio administrativo positivo.

Aunque los portavoces de Vox han criticado los errores de Sumar al calcular el coste de su propuesta electoral de una “herencia universal” de 20.000 euros, no han revelado cuánto dejaría de ingresar el Estado con su bajada generalizada de impuestos. EL PAÍS no ha podido preguntarlo, ya que Vox le ha negado la acreditación para acceder a la rueda de prensa, desoyendo el mandato de la Junta Electoral Central.

Las únicas subidas de ingresos previstas por Vox son las que afectan a las grandes tecnológicas, que deberían pagar por sus ingresos en España y por recopilar datos de sus clientes. Buxadé ha planteado una “pasarela de obligado peaje para las grandes tecnológicas por sacar datos obtenidos en territorio español”; aunque no ha precisado cómo se establecerían esas aduanas en el ciberespacio. Además, ha asegurado que la bajada de impuestos se compensaría con la supresión de “gastos innecesarios, suntuarios e ideológicos”. Ha subrayado la necesidad de suprimir los “chiringuitos” vinculados a la Agencia 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, pero ha anunciado su propósito de crear un nuevo organismo: la Oficina Estratégica para el Interés Nacional.

Aunque ha calificado de “insostenible” el actual sistema de pensiones y ha asegurado que, con la estructura demográfica de España, las pensiones no pueden estar garantizadas, en contra de lo que sostiene el Gobierno, Espinosa de los Monteros no ha querido revelar, preguntado expresamente por ello, qué tipo de reforma propone Vox y se ha limitado a señalar que se requieren “medidas creativas”. En anteriores programas electorales, Vox defendió una privatización de las pensiones según el modelo aplicado en Chile por el régimen de Pinochet.

Espinosa de los Monteros ha reconocido que existe el cambio climático, aunque ha cuestionado que se deba a la acción humana y ha asegurado que se utiliza como argumento para frenar el desarrollo económico de países como España. Tras asegurar que “no hay motivo para acabar con el motor de combustión” en 2035 como obliga la UE, ha apostado por la energía nuclear, a la que ha calificado de “limpia”, con la construcción de nuevas minicentrales. Ha subrayado la necesidad de eliminar las barreras “normativas, fiscales y lingüísticas” que limitan la libre circulación de empleados públicos, autónomos y empresas entre comunidades autónomas, y ha prometido que su partido “combatirá todos los monopolios y oligopolios, incluso informativos, que hay en España”, en alusión a los medios de comunicación.

Vox propone acabar con las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y patronales, pero ya no menciona, como en programas anteriores, la supresión de las subvenciones a fundaciones. El partido ultra ha creado su propia fundación, Disenso, que recibe ayudas públicas.

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