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Abriendo trocha
Columna
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Amazonia atacada: grandes retos para la cumbre

En la deforestación amazónica y en los dramas vinculados, hay responsabilidades compartidas entre los ocho países con acceso a la cuenca amazónica

Una vista aérea de una zona deforestada en el Estado de Acre (Brasil) en diciembre de 2022.
Una vista aérea de una zona deforestada en el Estado de Acre (Brasil) en diciembre de 2022.Eraldo Peres (AP)
Diego García-Sayan

La Cumbre de Presidentes Amazónicos está anunciada para dentro de un mes (8 y 9 de agosto) a llevarse a cabo en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Con jurisdicción sobre la región amazónica hay ocho países. De manera que, en principio, deberían asistir los(as) jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Surgen en torno a esta convocatoria interrogantes varias: quienes asistirán, la precisión y claridad de la agenda y, lo más importante, si se llegará -o no- a decisiones sustantivas relevantes. Y no a un encuentro de frustrantes resultados como ocurrió hace pocos días con el encuentro presidencial de Mercosur llevado a cabo en la localidad argentina de Puerto Iguazú.

Ya me he referido en este mismo periódico al crucial tema amazónico y en otros medios al reto enorme que significaba para la región amazónica la asunción por Lula de la presidencia de Brasil. Hay que recordar que con motivo de la transmisión de mando presidencial en Brasil el 1 de enero, el presidente Petro llamó a “Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad”. Punto a favor; pero hasta el momento solo una idea.

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El solo hecho que se haya convocado a la cumbre en Belem do Pará y que, apuntando a ella, ya estén trabajando delegaciones de los países amazónicos es algo importante. La última -que fue esencialmente intrascendente- se llevó a cabo en setiembre del 2019 en Leticia, Colombia, dentro del complejo contexto de incendios forestales en la Amazonia. Participaron solo los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; y de Perú, Martín Vizcarra. Reveladora inasistencia de Bolsonaro: dentro de su Gobierno se estaba produciendo la mayor deforestación (+79%) en Brasil desde 2008

En la deforestación amazónica y en los dramas vinculados, hay responsabilidades compartidas entre los ocho países con acceso a la cuenca amazónica. Sin embargo, el 70% de los siete millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia -el doble de toda Europa sin considerar a Rusia- se encuentra en tres países. En ese orden, Brasil (3,6 millones de km2), Perú (782,000 km2) y Colombia (484,000 km2).

Nada promisorio de impacto se puede concertar sin que haya concordancia al menos entre estos tres países. No puede ignorarse que el momento es complicado. Porque, entre otras cosas, el presidente de uno de los tres países amazónicos claves (Colombia) no “reconoce” a la presidenta de otro país crucial en ese trío (Perú). Tenemos allí una traba objetiva para concretar acuerdos que habrá que ver como se resuelve. Es de esperar que en el ínterin las aguas vayan bajando a su nivel y que se puede avanzar hacia un impere el realismo. Mensaje crucial. Pero a la vez sintético pues, como es obvio, el tal “gran pacto” que, para ser tal, tiene que ser al menos entre los tres países con soberanía sobre el 70%.

De cara a la cumbre presidencial por venir se plantean, en cuanto a lo sustantivo, varios retos de preguntas fundamentales dentro de las que destacan dos.

En primer lugar, tener a la mano los diagnósticos apropiados -serios y comprehensivos- en un contexto en el que se suelen repetir generalidades. Y, a la vez, diagnósticos que no soslayen las responsabilidades que -por acción o inacción- pueden tener las autoridades locales/nacionales.

El abanico de temas es muy amplio. Puede ir desde asuntos tan amplios, urgentes e inmediatos, como los procesos de deforestación (por autorizaciones gubernamentales o, de facto, ante la lenidad estatal) para proyectos ganaderos o agrícolas (en lo que Bolsonaro fue irresponsablemente pródigo). Hasta asuntos graves y urticantes como los asesinatos sistemáticos de dirigentes indígenas amazónicos de un marco grave de desprotección e impunidad.

Hay en ello una amplia lista de asuntos variados en los que es esencial e impostergable el intercambio de información seria, relevante y completa. Lamentablemente, la dimensión de la problemática le ha quedado grande a la agenda y estrategias muy generales de intervención emergidas de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fundada hace décadas.

Segundo, frente al desastre anterior urge un abanico de respuestas estratégicas y un plan de emergencia; nada de esto aparentemente existe hoy. Esto demanda mucha creatividad, decisión política y capacidad de coordinación. Por ejemplo, para que no se siga asesinando dirigentes ambientalistas amazónicos. Y, por supuesto, diseñar mecanismos menos ilusorios ante la deforestación o la extracción ilegal de oro (por ejemplo, prohibiendo, en serio, la venta y circulación de mercurio, insumo esencial).

Hay un asunto, sin embargo, de implicancia regional, que es el del narcotráfico. Que va mucho más allá de la lamentable depredación de foresta amazónica para sembrar hoja de coca, fenómeno que se presenta, ante todo, en Perú, Colombia y Bolivia. El último informe publicado por El último Informe Mundial de la ONU (UNODC) detalla que el cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021; el aumento interanual más pronunciado desde 2016. El aumento se debe tanto a la expansión del cultivo de arbusto de coca - en territorios amazónicos cada vez más sensibles - como a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

El tema, pues, es cada vez más serio pero sin recibir atención relevante. En algo excepcional, en su discurso de investidura el agosto del 2022 el presidente Petro anunció que debía adoptarse un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Hasta donde se sabe todo quedó en ese anuncio mientras en los otros dos países más concernidos (Bolivia y Perú) no se ha producido ninguna innovación. Es obvio y urgente que se requiere mayor atención al tema y apostar por políticas novedosas, realistas y que funcionen, a diferencia de las fracasadas vigentes.

Dos asuntos deberían merecer atención especial ante este incremento notable.

De un lado, la diversificación de las rutas de comercio y los lugares de consumo. Como ha revelado OjoPúblico, la cocaína procedente de Bolivia y Perú se transporta cada vez más por el Cono Sur a través de Paraguay y la hidro vía Paraná-Paraguay. Los grupos delictivos, a menudo procedentes de Brasil, utilizan aviones para cruzar la frontera y luego barcos por el río hasta el Atlántico.

Por otro lado, el creciente consumo en la región. La zona fronteriza entre Perú y Brasil, como ha advertido OjoPúblico, es crucial en “la acción de las redes de producción, distribución y consumo de drogas”, una de las principales rutas del narcotráfico internacional. Brasil es ya el segundo país con más consumidores de cocaína en el mundo después de Estados Unidos.

Mientras parece mantenerse incólume una política de tratamiento al narcotráfico que ha fracasado -y sigue fracasando- crecientes sectores en el mundo vienen una política alternativa. Que, por un lado, apunte con políticas de desarrollo y seguridad efectivas -y no ilusorias- en las zonas abandonadas por la mano del Estado que se tornan en vulnerables para el sembrío de coca. Por otro lado, tratando el crecimiento sostenido del consumo en la región con políticas de salud, prevención y descriminalización más que con una criminalización que ha demostrado, hasta el hartazgo, su completo fracaso.

¿Será posible que se salga de la Cumbre con ideas y planes de acción novedosos, realistas y concretos?

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