La cara y cruz de la fractura territorial para el Gobierno

Una de las principales dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez durante esta legislatura ha sido conseguir que la aprobación de políticas importantes y que cuentan con un amplio apoyo de la ciudadanía, como los ERTE, la subida del salario mínimo o la ley de la eutanasia, reviertan de manera positiva en sus apoyos electorales. ¿Por qué el Ejecutivo no parece rentabilizar en votos su amplia actividad legislativa?

Una posible respuesta es que, a pesar de la buena valoración ciudadana de algunas de leyes aprobadas, lo que acaba pesando en el juicio de los votantes es la inflación. Según este argumento, los ciudadanos ignoran las cifras macroeconómicas en las que España compara favorablemente con otros países, pero conocen de primera mano el aumento de precios y culpan por ello al Gobierno. Este análisis, no obstante, contrasta con los datos de opinión pública: mientras la valoración de la situación económica del país es mala, la gran mayoría de ciudadanos, incluidos los votantes del Partido Popular y de Vox, valoran su situación económica personal como buena o muy buena.

Posiblemente la principal explicación a la incapacidad del Gobierno de rentabilizar su agenda legislativa hay que buscarla en el segundo eje de división política en España: la cuestión territorial. En este sentido, la ciudadanía estaría descontenta porque las leyes con las que simpatizan han sido aprobadas en el Parlamento gracias al apoyo de partidos nacionalistas como EH-Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Estas formaciones suscitan un amplio rechazo entre los votantes de centro y derecha, pero también entre la izquierda moderada.

Así, el impulso progresista del Gobierno habría quedado diluido en la fractura territorial. Aunque el CIS no proporciona datos sobre las preferencias del modelo territorial en España desde el 2020, sabemos que durante la pasada década la reacción ante la deriva soberanista en Cataluña fue la intensificación de la pulsión centralista en el resto del Estado. Además, la cuestión territorial explica en gran medida, como no lo hace en otros países, la emergencia de un partido de derecha radical como Vox.

A pesar de que la acción legislativa del Gobierno ha estado lastrada por la cuestión territorial, la polarización en este eje podría también beneficiar a los socialistas en las próximas elecciones generales. La extensión y profundidad de los recientes pactos autonómicos y locales entre PP y Vox han rebajado la incertidumbre sobre la relación entre estos dos partidos en el caso de que ganara Alberto Núñez Feijóo. Ello podría animar el voto útil hacia el PSOE de una parte del electorado regionalista y nacionalista que bascula ideológicamente hacia la izquierda y que es sensible ante las propuestas centralizadoras del partido de Santiago Abascal.

En este sentido, el último barómetro del CIS muestra que muchos de los votantes que optaron en las elecciones municipales o autonómicas por partidos regionalistas o nacionalistas tienen intención de votar al PSOE el próximo 23 de julio. Es el caso, por ejemplo, del 25% de los votantes de Compromís o el 30% de los votantes de Más Madrid en las autonómicas, pero también de quienes optaron en las municipales por ERC (14%) o JxCat (18%). Aunque las muestras de votantes del resto de partidos en dicha encuesta son muy pequeñas, lo que sesga las estimaciones, las transferencias de voto indican un patrón similar en todas ellas: que una parte de los votantes que optaron por opciones regionalistas o nacionalistas en las elecciones de mayo tienen intención de votar a alguno de los partidos en el Gobierno.

La activación de ese voto útil a favor del PSOE, no obstante, debe contraponerse a la baja capacidad de persuasión de los socialistas entre el electorado moderado. Si hay algo que no se ha movido en el pronóstico electoral durante el último año son las dificultades del PSOE para captar voto entre los votantes de centro, un sector donde el grado de desafecto hacia Vox es menor que el rechazo que generan los partidos nacionalistas. A ello se une que una parte del votante socialista moderado (alrededor del 9%) tiene intención de votar al PP el 23 de julio.

En definitiva, la cara y la cruz de la fractura territorial para este Gobierno convergen en las próximas elecciones generales. La cruz ha sido que los acuerdos con los partidos nacionalistas desactivasen parcialmente el efecto electoral de la actividad legislativa de los socialistas y sus socios. La cara puede ser que la amenaza centralista de Vox active el voto útil a favor del PSOE de los votantes con más sensibilidad territorial. Aun así, ese efecto puede no ser suficiente, pues la ventaja del PP y Vox es que tienen a su electorado y a los abstencionistas más movilizados, y también que la polarización territorial ha debilitado la apelación al voto antiderecha: el “sí tú no vas, ellos vuelven” de la campaña de 2008 hoy interpela a menos votantes que en el pasado.