Sumar nuevas voces en la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción ambicioso y transformador adoptado por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2015, evidenció un importante acuerdo global para abordar los desafíos más apremiantes que, ya en ese momento, afectaban a la humanidad. Entre estos desafíos: el hambre y la pobreza.

Los retrocesos y el estancamiento en el cumplimiento de estas metas globales es una realidad que ha golpeado a todas las regiones del mundo. América Latina y el Caribe no es la excepción.

La región atraviesa una situación de inseguridad alimentaria sin precedentes. Al 2021, los datos demuestran que el hambre afectó a 56.5 millones de personas y para finales del año 2022, la pobreza afectó a 201 millones de personas, es decir al 32.1% del total de la población. La región no solo enfrenta altos niveles de desigualdad, sino que también registra el costo más alto de una dieta saludable, en donde 131 millones de personas no pueden acceder a alimentos nutritivos.

Todo esto en medio de una crisis generalizada, en la que el diagnóstico social, económico y ambiental no son favorables; y en la que la respuesta de la cooperación de múltiples sectores será fundamental para replantear estrategias de trabajo y evaluar los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la mitad del camino de la Agenda 2030, enfrentamos un nuevo reto, que nos demanda replantearnos términos de trabajo más innovadores y con una sólida base en la sostenibilidad, reconociendo que nuestras acciones deben tener en cuenta no solo las necesidades del presente, sino también de las generaciones futuras.

Es esencial destacar que la implementación de la Agenda 2030 no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Requiere una acción colectiva y colaborativa, que involucre a todos los sectores de la sociedad como las organizaciones internacionales la sociedad civil, el sector privado, los académicos y los ciudadanos.

En este contexto, el rol de la comunicación se vuelve sustancial para garantizar una mayor conciencia sobre el derecho a la alimentación e impulsar soluciones sostenibles para la transformación de los sistemas agroalimentarios y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las personas y el planeta están siendo afectados directamente cuando fallan nuestros sistemas agroalimentarios, lo que representa una amenaza para los medios de subsistencia, la salud, la educación, la economía y el medio ambiente, así como para la seguridad alimentaria y la nutrición.

Lo que estamos viviendo no es solo una crisis de acceso a alimentos, sino una crisis del sistema alimentario en la que se deben lograr alianzas sólidas para lograr trasformaciones profundas.

La FAO ha priorizado dentro de su agenda de cooperación técnica promover un debate informado y constructivo sobre políticas públicas y programas relacionados con la alimentación con el fin de contribuir en la movilización de recursos, inversiones y la implementación de acciones intersectoriales, tanto públicas como privadas.

La capacidad de difundir experiencias y movilizar comunidades es clave para asegurar que el conocimiento se comparta y se aplique de manera efectiva e interconectada, a través de alianzas que nos permitan redoblar esfuerzos. Por eso, la comunicación, la formación y la educación son aspectos clave en este proceso.

América Latina y el Caribe es una región con desigualdades sistémicas, pero también con grandes oportunidades de desarrollo. La región es responsable por el 13% de la producción mundial de productos agrícolas y pesqueros y registra un superávit agroalimentario anual de más de 174 mil millones de dólares, equivalente a 265 dólares por habitante, más que cualquier otra región del mundo.

Frente a este escenario, difundir efectivamente datos que aborden las causas estructurales del hambre es una fortaleza que debemos tomar para alcanzar el desarrollo sostenible; promoviendo soluciones sostenibles donde el derecho a la alimentación sea una realidad para todas y todos.

Desde la comunicación, se pueden y se deben difundir buenas prácticas agrícolas, programas de nutrición y proyectos de desarrollo, que son muchos; y a partir de la educación y la concienciación, podremos lograr generar medidas concretas de respuesta. No se trata solo de lo que hacen los gobiernos, también es esencial la acción de los ciudadanos.

Nunca, el tema de la inseguridad alimentaria y el hambre se colocó de manera tan fuerte en las agendas políticas y en la opinión pública. Desde la FAO, hemos recibido demandas de los gobiernos y diferentes estructuras de integración regional que han logrado acuerdos y deliberaciones por la erradicación del hambre y la malnutrición.

Tal es el caso de la CELAC, como un punto de encuentro de los 33 países de América Latina y el Caribe, y otras instancias subregionales como el Mercosur, CARICOM, Comunidad Andina, la ALADI, el SELA y el SICA, entre otros organismos, que han elevado sus discusiones para mejorar la seguridad alimentaria y el comercio agroalimentario en la región.

Después de varias crisis en cascada que han puesto en riesgo el avance armónico de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental), debemos tener la capacidad de unir voluntades y estrategias de trabajo para lograr la Agenda 2030, mediante un diálogo transparente que articule esfuerzos. Nadie por sí solo resolverá los problemas que hoy enfrentamos.

Debemos prepararnos para informar y comunicar mejor. Como ciudadanos, a veces, sentimos agotamiento de la información negativa, por lo que debemos informar también lo bueno que acontece en nuestros países. Debemos escuchar nuevas voces y contar historias inspiradoras que contribuyan a reconstruir sociedades más sostenibles, prósperas y pacíficas.

Aún estamos a tiempo de revertir las cifras actuales de hambre y pobreza, a través de la movilización correcta de alianzas, políticas e inversiones. Debemos lograr la sensibilización de tomadores de decisiones y otros actores relevantes que contribuyan a generar programas de apoyo más inclusivos y un entorno propicio para mejorar la situación actual.

Garantizar el derecho humano a la alimentación constituye uno de los pilares más importantes para lograr un mundo más justo y equitativo, donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir de manera digna, con acceso físico y económico a una alimentación adecuada y nutritiva, y sin discriminación.