Reglas fiscales para todos

La reforma de las reglas fiscales es una prioridad para la Unión Europea y puede convertirse en uno de los dosieres complicados para la presidencia española de la UE, que arranca el 1 de julio. Suspendidas por la pandemia, volverán a estar en vigor en 2024, pero las reticencias de Alemania dificultan la negociación de unas normas que en el pasado han demostrado su ineficacia y perjuicio para la estabilidad de la Unión.

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, está jugando un destacado papel en las discusiones. Tras cada avance en los debates de los 27, plantea nuevas objeciones, y a cada una de ellas obtiene alguna concesión. Es una dinámica democráticamente cuestionable y denota una deriva contraria a la necesaria lealtad federal. En la reunión del viernes del Eurogrupo —es decir, los ministros de Economía de la eurozona— llegó a amenazar, de forma poco velada, con socavar el potencial acuerdo sobre las propuestas de la Comisión apelando a que “ya tenemos normas; mientras no tengamos nuevas reglas, operan las existentes”, según dijo.

El problema es que las existentes contribuyeron a la nefasta política de austeridad excesiva, al aumento de la desigualdad social y a la expansión del populismo extremista tras la Gran Recesión de 2008. Y nadie quiere reintroducirlas, pues la reducción de las deudas en un veinteavo anual abocaría a la parálisis de muchas economías y a la crisis de la eurozona. Ese ventajismo contrasta con el sentido institucional favorable a los acuerdos de los socios menos prósperos, encabezados por España. Las “salvaguardas” que la Comisión ha concedido a Berlín en sus propuestas de reglamentos endurecen el trato a los más vulnerables, con distintas alertas de sanciones a quienes no puedan cumplir.

Estos privilegios a la principal potencia económica van en sentido contrario al equilibrio comunitario. Debería ser suficiente para el ministro alemán que no se reabra la reforma del Pacto de Estabilidad que Alemania forzó en su beneficio en 2005, cuando era su primera incumplidora, y que le sigue beneficiando como gran contribuyente al presupuesto. Y es lamentable que los anuncios de hacer más ejecutivo el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos hayan quedado en nada. Mientras se discute sobre las multas a los deficitarios, salen beneficiados quienes se aprovechan de sus déficits.

De momento se ha salvado lo esencial, es decir, las propuestas de la Comisión de periodificar entre cuatro y siete años la reducción de las deudas, procurar la determinación por parte de los gobiernos de sus ritmos de consolidación, suprimir la disparatada idea de reducciones de deuda uniformes y a ritmo proclive a la recesión (un 0,5% anual), y acompasar el saneamiento de las finanzas públicas con el necesario crecimiento de la economía. Pero ya no hay mucho margen más para encajar liderazgos particularistas.