La reforma del ‘solo sí es sí'

La reforma de la ley del solo sí es sí aprobada ayer en el Congreso por una amplísima mayoría de los diputados —hasta 233, incluidos PSOE, PP, Ciudadanos y PNV, frente al voto en contra de Podemos, ERC o Bildu (Vox renunció a votar)— puede ser el final de una desgraciada cadena de despropósitos que alarmaron a la sociedad al entrar en vigor la Ley de Libertad Sexual el pasado 7 de octubre. Tras la ley contra la violencia de género de 2004, la nueva ley es una medida central para la protección de los derechos de las mujeres, también para el Gobierno de coalición, y la más importante que ha impulsado el Ministerio de Igualdad. Pero la inmediata evidencia de que su aplicación permitía rebajas de penas e incluso excarcelaciones a condenados propició una tormenta política y mediática que tenía fundamento: nadie había previsto, al menos nadie había explicado, que la ley condujese a esos resultados. Desde entonces pareció convertirse sobre todo en munición política y descarnadamente partidista, también para los partidos de la coalición.

La identificación ayer de Cuca Gamarra de la reforma como una “derogación” de la ley magnificaba el limitado alcance de las modificaciones mientras el “paso atrás” o el “retroceso” que denunciaba la ministra Irene Montero resulta cuando menos cuestionable: ambos parecían mensajes destinados a atrincherarse en su defensa partidista. Las grietas detectadas en la aplicación de la ley por los jueces —hombres y mujeres, progresistas y conservadores— tienen nombres y apellidos: cerca de 1.000 rebajas de penas y más de 100 excarcelaciones son parte de los efectos de la ley.

Las disculpas que pidió Pedro Sánchez por el daño causado asumían el carácter colegiado de una ley aprobada en Consejo de Ministros: la reforma no va a poder deshacer ese daño ni paliar lo que esté por venir puesto que siempre se aplicará la ley más favorable al reo, como establece la legislación. Pero sí permitirá poner penas más altas a los nuevos delitos de violencia sexual a través del subtipo penal que introduce la reforma para el delito de agresión (con pena de hasta cinco años, frente a los cuatro actuales) cuando haya violencia, intimidación o la voluntad de la víctima esté anulada. La incapacidad de hallar un terreno de acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para decidir la reforma en forma de subtipo agravado o bien de agravante ha propiciado el primer pacto con la oposición conservadora por parte de los socialistas, con la virtud adicional de sumar a una buena ley al mismo PP que había votado en contra de ella. Descalificar ese acuerdo equivale a degradar a la misma democracia. El peor efecto político de esta desgraciada historia ha sido la rebatiña política entre los dos socios de gobierno porque ha sepultado la potencia normativa de la ley.

La reforma no devuelve al “código penal de la Manada” ni impone un retroceso de derechos de las mujeres ni la elevación de penas afecta a la centralidad que el consentimiento sigue teniendo en la ley. No se ve ni rebajada ni maltratada en su ambiciosa búsqueda de protección de derechos para las mujeres contra la violencia machista —una violación es un acto de violencia machista—, y entre ellos figuran la creación de los centros de crisis de 24 horas, el derecho a la reparación o las rentas de inserción. Cabe esperar que baje el ruido que ha generado una disputa intragubernamental nacida de un error de técnica jurídica y de un enrocamiento posterior, y logre cuajar la conciencia del valor pionero e internacional de una ley de protección integral de las mujeres ante la violencia machista.