Estado de la coalición

El 8 de marzo es algo más que una fecha relevante del calendario reivindicativo del movimiento feminista. En el caso de España, la fecha afecta al corazón de la agenda política de un Gobierno de coalición que llega a esa celebración con su brecha más seria y con el movimiento feminista convocando dos manifestaciones diferentes. Salvo sorpresa de última hora, hoy presumiblemente se exhibirá en el Congreso la división que los dos partidos no ocultan ante la reforma de la ley del solo sí es sí, con Unidas Podemos llegando a acusar al PSOE de “traicionar” con ella al feminismo. Los intentos de pactar los términos de la reforma —imprescindible por la alarma social que han generado las más de 720 rebajas de penas y 74 excarcelaciones, aunque pendientes muchas de ellas de los recursos de la Fiscalía— han sido infructuosos durante varios meses mientras cada partido del Gobierno culpa al otro de falta de voluntad de entendimiento. Se distribuya como se distribuya el porcentaje de responsabilidad que a cada uno corresponde —el error y empecinamiento de Irene Montero al negar los obvios efectos imprevistos de la ley o la decisión del PSOE a la hora de promover una reforma sin acuerdo de la principal promotora, la misma Montero—, el Ejecutivo se encuentra en una posición de fragilidad que perjudica la valoración de la acción de gobierno en muchos otros ámbitos (incluidos los derechos de las mujeres). La ministra de Igualdad puede verse ante una de sus leyes estrella reformada sin su voto y aprobada con el apoyo de la derecha.

La cutre trama de empresarios intentando sobornar con prostitutas y cocaína a un diputado socialista a través de un delincuente convicto como mediador sigue castigando el hígado del sector social más sintonizado con el Gobierno, que tiene que encajar el regreso a las portadas de la explotación de las mujeres, sea cual sea el alcance final de una trama que, por lo conocido hasta ahora, no ha comprometido dinero público.

Pero hay otros focos de tensión que dejan al futuro de la coalición muy expuesto, a menos de tres meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El llamamiento realizado por Pablo Iglesias este fin de semana a negociar cuanto antes las listas electorales para las elecciones generales interpela directamente a Yolanda Díaz —a quien el propio Iglesias designó sin primarias como candidata— y vuelve a tensar las cuerdas entre Podemos y la plataforma Sumar, en marcha aún y nonata, cuya presentación formal Díaz ha ido aplazando desde finales del pasado año. Todos los hipotéticos integrantes de Sumar saben que se necesitan y conocen los tiempos electorales en vísperas, como estamos todavía, de unas municipales y autonómicas.

Es cierto que las coaliciones suelen romperse o agrietarse en las cercanías electorales, y así sucede en la mayoría de los países europeos con mayor experiencia. Las próximas generales se vislumbran como una doble oferta electoral: de un lado el PSOE y Sumar, del otro el PP y Vox. La actual coalición es el primer experimento en más de 40 años de democracia y, pese a la resistencia electoral que revelan encuestas como la publicada ayer por este periódico, el interés pragmático y el valor simbólico convierten en un disparate que el final de la legislatura contamine o enturbie retroactivamente la acción del Gobierno.