Cronología de la disputa en el Gobierno por la ‘ley del solo sí es sí'

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual se publicó el 6 de septiembre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor el 7 de octubre y el 15 de noviembre fue el primer día de un goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras las revisiones de sus condenas, con criterios dispares, por parte de los tribunales. Desde el primer momento, esas cifras —que ascienden a 721 reducciones y 74 salidas de prisión, según los últimos datos, provisionales, del Consejo General del Poder Judicial— amenazaron a la coalición. La tensión por qué solución dar a lo que desde el Ejecutivo siempre se ha calificado como “efectos indeseados” ha sido otro gran terremoto, junto a la llamada ley trans, para los socios del Ejecutivo. Aquí, una breve cronología de ese desgaste que dura ya casi cuatro meses.

15 de noviembre de 2022. Se conocen las primeras rebajas de penas a delincuentes sexuales y se genera el primer choque con las primeras reacciones. Desde el Ministerio de Igualdad, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, achaca esas primeras decisiones a una “justicia machista”, mientras que la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, afirma en el Senado que el Ejecutivo no descarta cambios en la normativa.

16 de noviembre de 2022. Desde Bali (Indonesia), donde participa en la cumbre del G-20, Pedro Sánchez intenta calmar la tormenta, evita la autocrítica y aleja la posibilidad de revisar la norma. Quiere tiempo para ver qué criterio siguen otros tribunales, la Fiscalía y el Supremo. Ese mismo día, Montero afirma que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo” y se pronuncia en el mismo sentido Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos.

22 de noviembre de 2022. Se produce un distanciamiento algo más visible cuando Pilar Llop, ministra de Justicia, asume la ley, pero se distancia de su elaboración, “porque no estaba en el Gobierno”. Fue el equipo anterior, el de Juan Carlos Campo, quien elaboró la norma y fue coproponente junto a Igualdad.

Puente de diciembre de 2022. Con los periodistas, el 6 de diciembre, Pedro Sánchez ya habla de “ajustes técnicos”. Llop y Montero se citan y también apuntan ya a modificar la norma. La ministra de Igualdad se abre a la posibilidad de un cambio. Durante todos los días festivos se producen reuniones entre Justicia e Igualdad sin llegar a un acuerdo. Llop presenta ya la propuesta que se conoció meses después y desde un primer momento Montero la rechaza porque “vuelve al modelo anterior”, donde la violencia y la intimidación suponían la diferencia entre abuso y agresión.

13 de diciembre. El Ejecutivo introduce una enmienda al Código Penal que supone una serie de consideraciones con el propósito de guiar en sentido contrario a aquellos jueces que están decidiendo aplicar las rebajas. La enmienda se introduce en la exposición de motivos de la ley, que no tiene fuerza normativa, por lo que queda muy en entredicho, según los expertos, su efectividad a la hora de frenar la rebaja de penas.

12 de enero de 2023. La secretaria de Estado Ángela Rodríguez acusa entre risas a “la extrema derecha” de crear alarma con la salida de “violadores a la calle” por la norma. Tres ministras critican que “el tono no era de una secretaria de Estado” y piden “no frivolizar” con la violencia machista.

30 de enero de 2023. Se conoce la propuesta de Justicia. Propone añadir un apartado que aumenta las penas “si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. Eso implica para Podemos volver al modelo anterior en el que había que justificar la existencia de violencia. Justicia cree que todo quedaría igual, sin cambiar la esencia, pero con esa fórmula se justifica y recoge mejor técnicamente el cambio. Igualdad plantea subir las penas sin más, es decir, donde pone cuatro años pasar a cinco, pero Justicia alega que eso técnicamente es imposible porque no quedaría justificado el aumento. Por tanto, no se discute la subida de penas, sino la fórmula jurídica para aplicarla.

6 de febrero de 2023. El PSOE registra sin Unidas Podemos su proposición para modificar la norma, aunque ambos partidos hablan todavía de “llegar a un acuerdo”.

3 de marzo de 2023. Después de semanas con las negociaciones paralizadas y el conflicto enquistado, este viernes, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado que su grupo rechazará la iniciativa presentada en solitario por los socialistas. Si nada se mueve de aquí al martes, los socios de gobierno votarán divididos en el Congreso la propuesta del PSOE para reformar la ley de libertad sexual o del solo sí es sí.